Los 32 libros donados por el Ayuntamiento de Castellón a once institutos públicos de la ciudad y a un centro de menores permanecerán por el momento en las estanterías de estos espacios pese a que un juzgado ha admitido las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Abogados Cristianos.

Así lo ha anunciado este lunes la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, en el acto de condena por esta decisión que se ha celebrado en la feria del libro de Castellón y que ha contado también con la participación de la concejala de Cultura, Verònica Ruiz (también de Compromís), y algunos de los autores de los 32 libros "secuestrados" de manera cautelar por la Justicia, como Bruno Bimbi o Cristian Carrer.

"El Ayuntamiento de Castellón no tiene competencias sobre los centros educativos", ha afirmado Oltra, "sino la Conselleria de Educación, una Administración a la que no se ha interpelado en el auto" hecho público el pasado viernes por la tarde.

Según Oltra, el auto, además, pide suspender la ejecutividad de la acción realizada por el Ayuntamiento de Castellón consistente en la entrega de 32 libros de temática LGTBI+ en once institutos públicos, con lo que "está pidiendo un imposible, puesto que la donación ya se ha realizado".

Tanto Oltra como Ruiz han confirmado que el Ayuntamiento recurrirá la decisión, añadiendo la vicepresidenta que, pese a todo, "si quieren conseguir retirar los libros de las bibliotecas, tendrán que volver a empezar el proceso judicial", haciendo alusión a que los ejemplares permanecerán, por el momento, en los centros.

En cuanto a la decisión adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón, Oltra se ha mostrado muy crítica con el auto: "No se puede permitir que los jueces no conozcan o no apliquen las leyes, que elijan cuáles les conviene aplicar y cuáles no".

Sobre el comunicado que ha emitido este lunes Abogados Cristianos, donde anuncia que elevará una denuncia por prevaricación y delito de odio, entre otras acusaciones, contra Verònica Ruiz, Oltra ha alertado: "Lo que no puede ser es que encuentren a estos personajes, como la juez que no quería casar a dos personas del mismo sexo, que en lugar de aplicar la ley hagan eso; eso sí es prevaricación".

Todos los participantes de la rueda de prensa se han mostrado contundentes a la hora de denunciar lo que consideran un ataque de la "ultraderecha" no solo al colectivo LGTBI+, sino también al feminismo y a cualquier minoría.

"Es así como se inicia el ascenso de cualquier fascismo", ha alzado la voz Bimbi, comparando el intento de la fundación católica con acontecimientos "que llevaron al ascenso del fascismo en Brasil, en Polonia, en Hungría o en Rusia. Siempre empiezan (refiriéndose a la ultraderecha) de la misma forma, atacando a un colectivo socialmente desprestigiado como el LGBTI+, pero luego siguen atacando otros derechos y libertades más amplias".

"Es necesario que plantemos cara en estos momentos porque esto es un test para el futuro", ha sentenciado el escritor, periodista y activista, quien, junto al resto de participantes, ha subrayado la necesidad de "defender en democracia la libertad de expresión, los derechos y libertades de todas las personas".

"Censura ideológica"

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) cree que el auto judicial que ha ordenado retirar libros sobre diversidad sexual de varios institutos de Castellón supone una "censura ideológica" y ha encargado a sus servicios jurídicos estudiar posibles acciones.

En un comunicado, la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, destaca que se trata de libros "perfectamente legales" y que llevan años en las librerías. A su juicio, el auto va en contra del interés superior del menor, "porque vulnera su derecho al conocimiento". "Les quieren vetar el acceso a la información sobre cómo combatir la LGTBIfobia o a obras en las que encontrar referentes, tan necesarios en la adolescencia”, lamenta.

Sangil cree que este tipo de decisiones judiciales ponen en evidencia la necesidad "urgente" de formar a los miembros del poder judicial en materia de "diversidad afectivo-sexual, familiar y de género".