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Los opositores a la Administración protestan en Galicia contra la ley de temporalidad en el empleo público

Advierten de que con la nueva norma será imposible para quien no tenga experiencia en el sector público obtener una plaza ni aún sacando la nota más alta en el examen.

Oposiciones a la Administración autonómica de Galicia
Oposiciones a la Administración autonómica de Galicia. Xunta / archivo

Andrea tiene 44 años, es licenciada en Química y hasta hace dos años trabajaba de profesora en un instituto privado. Pero decidió dejarlo y estudiar oposiciones para tener un trabajo más seguro en la enseñanza pública.

En septiembre pasado se matriculó en una academia, a la que paga 140 euros mensuales. Fue antes de saber que el Gobierno proyectaba acabar con la temporalidad de los funcionarios con una nueva norma que, asegura, privilegia la posición de los interinos frente a la de quienes, como ella, opositan sin apenas experiencia laboral en una administración pública.

"Con la modificación de la normativa va a ser imposible que un opositor sin experiencia pueda superar a un interino de larga duración", afirma Andrea, que vive en Lugo y prefiere utilizar un pseudónimo para contar su problema.

Forma parte de la Plataforma Turno Libre, que agrupa a miles de opositores de toda España afectados por la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público que el Gobierno aprobó el pasado 28 de diciembre. Este sábado han convocado una manifestación en la plaza del Obradoiro de Santiago.

La nueva ley obliga a las administraciones públicas a sacar a concurso-oposición antes del próximo 1 de julio las plazas ocupadas por trabajadores temporales, generalizando un cambio de método en el acceso a ellas que perjudica a quienes opositan sin experiencia previa.

Se reservan, además, plazas sin concurso para quienes las hayan ocupado durante cinco años, y se establecen procesos de concurso-oposición en los que la nota del examen representará sólo el 40% de la baremación final del candidato.

"Con esas normas, un opositor sin experiencia tendrá una nota menor"

"Con esas normas, un opositor sin experiencia que saque un diez en el examen y que en el baremo del concurso obtenga la puntuación máxima que puede obtener, dos puntos, tendrá una nota menor que un interino que saque un cinco en la oposición pero que sume diez puntos por larga duración", se lamenta Andrea, quien critica además a los sindicatos que negociaron la norma con el Gobierno: "Sus bases son interinos de largo recorrido. CCOO, UGT y CSIF lo han apoyado, y la CIG se ha puesto de perfil, no se moja y no protestan", señala.

El Gobierno defiende que la nueva "se ha negociado con los representantes de los trabajadores del sector público y también con los diferentes niveles de la Administración", que permitirá reducir la temporalidad de los empleados públicos por debajo del 8% y que cumple con los compromisos con la Unión Europea y con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Supremo.

Una discriminación evidente, para las opositoras

Para las opositoras, en cambio, supone una discriminación evidente, y vulnera varios preceptos de la Constitución Española, entre ellos el recogido en su artículo 23.2, que garantizan que los ciudadanos "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos".

"Entendemos la problemática de los interinos, aunque es cierto que no todos han accedido a sus plazas de la misma manera y la casuística es muy variada según el tipo de Administración. Pero no es justo que se resuelvan sus problemas a costa de nuestros derechos", narra Alba Díaz Pumar. Tiene 28 años, es licenciada en Derecho y desde hace dos años prepara oposiciones al cuerpo general de la Administración autonómica.

Alba advierte además de que otorgar plazas sin oposición o a interinos que no han tenido que prepararlas con el mismo rigor que ellas significa "devaluar la prestación de servicios de la Administración pública". En Galicia han iniciado su calendario de protestas porque, según explica, la nueva ley "deja su desarrollo en manos de cada comunidad autónoma". "Vamos a intentar que la Xunta corrija ese agravio", concluye.

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