Las órdenes de expulsión de migrantes desde España alcanzaron en 2023 el máximo de la última década

Las órdenes de expulsión en España llegaron hasta las 64.260 en el año 2023, el máximo de la última década, según los datos recopilados por la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, actualizados a fines de mayo. 

Estas son cifras que no se alcanzaban desde el trienio 2008-2011, cuando se impusieron a un ritmo de entre 70.000 y 100.000 cada año. En 2012 comenzó a caer la cifra y se estabilizó después en el entorno de las 30.000 a 50.000 anuales, con un pico en 2018. Durante el año de la pandemia, las órdenes no llegaron a las 10.000 y ahora, en 2022 y el año pasado han crecido de nuevo (ver gráfico).

El número de órdenes tiene una relación directa con el volumen de llegadas y este a su vez con el desarrollo económico. Así, a partir de 2009 y 2010, los años posteriores a la caída de Lehman, "el número de migrantes que llegaron a España cayó de manera muy significativa", según recogen los profesores Cristina Fernández Bessa y José Ángel Brandariz García en su trabajo Transformaciones de la penalidad migratoria en el contexto de la crisis económica. En él sostienen: "Las políticas migratorias solo pueden entenderse teniendo en cuenta el ámbito económico".

"La grave crisis económica, y sus efectos en materia de desempleo y empobrecimiento, supusieron la transformación de los flujos migratorios de la etapa anterior a la recesión, y han fomentado el retorno de un amplio número de migrantes a sus continentes de origen. […] Más específicamente, la proporción de población extranjera

residente se incrementó desde un 1,8% en 1999 hasta un 12,2% en 2010-2011, pero en 2015 descendió al 9,5%". 

Lo mismo considera Diego Boza, coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, a la vista de las cifras de 2023. La recuperación general tras la pandemia tiene sus efectos: "[El aumento] puede estar vinculado al número de llegadas producidas en este ultimo año, que es el segundo más alto de la serie", analiza en conversación con Público.

Valga un dato que ilustra esa subida. En 2023 el Gobierno contabilizó que 56.852 personas entraron en España "de forma irregular". Fueron 25.633 personas más que el año anterior, un aumento del 82,1%.

Para imponer una orden de expulsión en España basta la mera presencia en el país en función del pasaporte que se tenga. No hace falta haber cometido ninguna infracción particular y las pueden tramitar los jueces y, también la policía.

"Esas órdenes de expulsión están vinculadas a la irregularidad, que es un fenómeno creado arbitrariamente. Al no existir vías regulares de migración, las personas recurren a vías irregulares", afirma Boza.

"Los estados deciden quién es legal", argumenta APDHA

"El año pasado —ilustra— llegaron 60.000 venezolanos a España con visado de turista. España ha considerado un estatuto de protección. Eso es una creación legal. Los estados deciden quién es legal".

La Ley de Extranjería establece que "encontrarse irregularmente en territorio español", es decir, sin un documento que autorice la estancia, supone una infracción administrativa grave, que conlleva o bien una multa de hasta 10.000 euros o bien la expulsión.

Así lo recoge la normativa: "Podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción".

Órdenes, expulsiones y precariedad

"A muchas de las personas que llegan se les impone una orden de expulsión, aunque después no se ejecute", afirma Boza. Las órdenes de expulsión no se ejecutan automáticamente. La cifra de expulsiones está muy por debajo de la de órdenes totales, por debajo del 40% cada año. Así, en 2023, por ejemplo, España echó del país a 5.995 personas. 

"La Gran Recesión ha condicionado de forma decisiva la transformación de las políticas de repatriación forzada. Ello no debe sorprender, ya que la deportación es una medida de control especialmente costosa", escriben Fernández y Brandariz.

"Las órdenes de expulsión no tienen la función de ser ejecutadas porque no se pueden ejecutar", abunda Boza. "No se ejecutan —prosigue— porque el Estado no tiene capacidad económica ni la voluntad de ejecutar. Requiere acuerdos con los países de origen y ejecutar cada una tiene un coste", analiza Boza.

"Las de marroquíes son las que más se ejecutan porque el coste es bajo. Cuando tienes que concertar un vuelo es más caro. Ahora se hacen también a través de Frontex [Agencia Europea de Fronteras], que organiza viajes a algunos países", agrega el coordinador de la APDHA.

La orden de expulsión contribuye, por tanto, a una restricción de derechos, mientras no se ejecuta. "Los extranjeros que tienen una expulsión pendiente viven constantemente bajo la amenaza de una eventual deportación. Están abocados a sobrevivir en la economía informal, como fuerza de trabajo fácilmente explotable o sometidos a la persecución policial", recogen Fernández y Brandariz.

"Como la amplia mayoría de las expulsiones impuestas son de carácter administrativo y, por lo tanto, su aplicación no depende de una decisión jurisdiccional, el Ministerio del Interior ha tenido un amplio margen de intervención en este ámbito", agrega el trabajo de los profesores.

"La orden de expulsión tiene consecuencias gravísimas: precariza las vidas", resume Boza. "Si te pillan una segunda vez ya te la ejecutan. Y mientras tanto, te encuentras en situación especialmente precaria a la hora de relacionarte con la sociedad. No puedes ir a una comisaría denunciar un robo, por ejemplo. Están limitados. La irregularidad determina la vulnerabilidad. Para una persona que inicia un proceso migratorio es un tremendo tope personal y económico", agrega.

Al Congreso de los Diputados ha llegado la ILP de regularización de migrantes. Las ONG calculan que la iniciativa permitirá regularizar a 500.000 personas. "El mercado laboral tiene capacidad para asumir ese volumen de personas", considera Boza.

"La ILP —remacha el coordinador de la APDHA— ha jugado un papel importante a la hora de visibilizar esta situación. Lo importante es que se someta a debate la situación de estas personas, de cómo se restringen sus derechos y es importante la creación de vías de entrada legales y seguras. Hoy no existen y las personas se juegan la vida".