Paloma, víctima de violencia machista: "Mis hijos no entienden que la justicia los obligue a ver a su padre maltratador"

La Audiencia Provincial de Huesca acaba de decretar que un hombre condenado por cuatro delitos de malos tratos habituales hacia su expareja y sus tres hijos (que sumaban en total siete años de prisión, una orden de alejamiento de cuatro años por cada uno y tres condenas de inhabilitación de la patria potestad de cinco años) pueda retomar el contacto con sus hijos a finales del año que viene, sólo cinco años después de haber sido condenado. Los menores tienen en la actualidad 16, 14 y 10 años.

En enero de 2021, la Fiscalía, con el apoyo de la defensa de la madre, presentó ante la Audiencia Provincial una solicitud de nulidad de sobre el cómputo de liquidación de las penas por "error en los cálculos". Solicitaba que las condenas fueran sumadas, no consideradas individualmente como hizo el juzgado número uno de Huesca y que el padre no pudiera acercarse ni tener visitas con sus hijos hasta el 2034, cuando todos fueran ya mayores de edad. El escrito de la Fiscalía solicitaba que la prohibición de aproximación y comunicación impuestas la expareja del condenado y a sus tres hijos fuera de 16 años (18 en el caso del hijo mayor); y que la suspensión del régimen de visitas fuera igualmente de 16 años hacia cada uno de sus hijo. La Audiencia se sentó a deliberar el pasado 14 de julio y en una medida express fechada dos días más tarde y dada a conocer a las partes el pasado día 20, rechazó dicha demanda.

A pesar de la abultada condena hacia el padre y de que la sentencia fuera confirmada por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Supremo, el hombre nunca llegó a pisar la cárcel. La decisión del juez Francisco Javier Martínez Zandundo del juzgado número 1 de Huesca se basó en que ninguna de las cuatro condenas superaban los dos años de prisión (cada una fue de un año, nueve meses y un día) y las conmutó por 510 días de trabajo a la comunidad, a pesar de que el hombre no se había arrepentido ni reconocido los hechos. Unos trabajos obligatorios que según su expareja nunca llegó a realizar. Las penas de alejamiento y prohibición de visitas también fueron consideradas como una sola, en lugar de sumarse.

Insultos y agresiones continuadas durante 12 años

La primera agresión física la recibió poco después de la boda, cuando en septiembre de 2004 le anunció que estaba embarazada. Pero Paloma Delgado no lo denunció hasta 12 años más tarde, cuando la violencia hacia ella y sus tres hijos llegó a límites insoportables y una amiga le aconsejó que grabara vídeos y audios de los malos tratos. En total grabó 18 horas en 37 vídeos. La sentencia que condena a su expareja, Luis Antonio Irzo, entonces concejal del Partido Popular en Huesca, no deja lugar a dudas sobre la brutalidad y la saña que soportaron tanto Delgado como sus hijos que entonces tenían 11, nueve y seis años.

La denuncia la puso finalmente el 18 octubre de 2016, tras varias veces de ir a la Policía pero no decidirse. Ese día el agente que la atendió, tras ver alguno de los vídeos que había documentado, le dijo que si no interponía ella la denuncia lo haría la Policía de oficio. En el juicio rápido que se celebró al día siguiente para dictar medidas urgentes provisionales, se decretó la suspensión de la patria potestad para él, la prohibición de que se acercara a menos de 500 metros de cualquier miembro de la familia y la suspensión inmediata de las visitas con los tres menores.

"Mucha gente me reprocha que tardara tanto en denunciar la violencia, pero la verdad es que no me atrevía. Fueron años en los que renuncié a mi vida, un suicidio en vida por salvar a mis hijos. Años en los que asumía lo que me pasaba como única forma de preservar la integridad física, psíquica e incluso la vida de los niños, algo que estaba en serio riesgo si se les hubiese dejado solos con él", explica Paloma Delgado. Tal como recoge la sentencia y ocurre con muchas víctimas de violencia de género, durante mucho tiempo Paloma no fue consciente de que lo que sufría eran malos tratos. Eran, para muchos, la pareja ideal. Él con una carrera política en el PP local, ella médico de familia en la sanidad pública. Ella no daba el perfil que socialmente se ha construido alrededor de la mujer maltratada. Y eso también le pasó factura en Huesca, donde en algunos sectores ella fue considerada la culpable de las desgracias familiares. 

A los niños se los obligó a realizar una terapia de revinculación con su padre, a pesar de que tenía una orden de alejamiento hacia los menores

Los pormenores del caso son asombrosos. A pesar de que tanto Delgado como sus tres hijos tenían activa una orden de alejamiento, se obligó a los menores a realizar durante un año una terapia de revinculación, que pretendía mejorar las relaciones con el padre maltratador. Ésta se realizaba en horario escolar y fue desestimada después de que se constatara su fracaso y la dificultad del padre para cumplirla. Paralelamente también se decretaron visitas vigiladas entre el padre y los hijos en un punto de encuentro familiar, que se solaparon con la terapia. 

Cada hijo debía ir un día distinto al punto de encuentro y al principio se prohibió que la madre que los llevara "para que no nos influenciáramos", afirma Delgado. Los primeros días los llevó una amiga de la madre, pero había que acompañar a cada uno en días distintos (martes, jueves y viernes) por lo que la madre optó por pedir a la Policía que llevara a los niños y poder cumplir con la sentencia. Posteriormente se permitió a la madre acompañar a los menores.

Entre septiembre de 2018 y abril de 2019 los niños fueron llevados puntualmente a las citas, aunque en todo ese período de tiempo, ni la Policía ni la madre consiguieron que sus hijos entraran en el Punto de Encuentro para ver al padre. Los ataque de pánico y la negativa de los niños hicieron imposibles las visitas. Para entonces la Audiencia de Huesca había decretado que no veía ningún problema en el hecho de que habiendo en vigor una orden de alejamiento, el padre pudiera tener visitas con los hijos en el punto de encuentro. 

"A la pequeña tenia que arrastrarla por el suelo para intentar que entrara en el punto de encuentro. En una ocasión salió corriendo escaleras arriba hasta el quinto piso y tuve que arrastrarla escaleras abajo hasta el primero mientras se agarraba a la barandilla. La mediana se sentaba en el suelo en la escalera sin hablar ni moverse y no podía arrastrarla y mi hijo mayor, el que más había sufrido los malos tratos, se negaba a entrar y se revolvía contra mí por obligarlo a ver a quien lo había maltratado tantos años". 

Sin embargo, relata esta madre, todos los informes emitidos por el punto de encuentro "dicen que soy yo la que condicionaba a los niños y la que impedía si revinculación con el padre".

El terror tras el terror

Con la decisión firme de la Audiencia Provincial de esta semana, la orden de alejamiento del padre hacia los hijos y hacia Delgado ha dejado ya de tener efecto. Ahora él puede moverse libremente por Huesca. Y la prohibición de visitas con sus hijos acaba en diciembre del año que viene. El mayor de los hijos que rondará la mayoría de edad para entonces, podrá decidir si ver o no a su padre, pero sus hermanas más pequeñas no. 

Los niños no consideraban que algo así fuera a pasar, que los obligaran a ver a su maltratador

"Los niños habían empezado a recuperarse. Hasta la sentencia condenatoria penal en abril de 2019 que suspendió definitivamente los intentos de acercamiento en el punto de encuentro, la situación fue de verdadero destroce para los niños, porque en esas condiciones era imposible la recuperación. Desde entonces han comenzado a salir hacia adelante y ahora estaban bastante bien. Rehaciéndose, con sus cosas, porque cada uno tiene su afectación y su manera de afrontarlo. Sobre todo el mayor, que es el que más violencia ha vivido. Pero ellos no consideraban que esto fuera a pasar. Esto es enterrarnos en vida. Mis hijos no entienden que la justicia los obligue a ver a su padre maltratador", explica Delgado por teléfono. 

La madre ha abierto una campaña de recogida de firmas y de adhesiones para que sus hijos no se vieran obligados a tener que convivir o ver a su progenitor. Hasta el momento llevan más de de 3.000 firmas.

De Rivas a Delgado: la doble vara de medir

La jurista Altamira Gonzalo, que fue la abogada de Delgado en su juicio de divorcio, afirma que existe un claro trato discriminatoria en el sistema de justicia hacia las mujeres en favor de los hombres. Para ejemplificarlo compara el caso de Delgado con el de Juana Rivas. "El tratamiento que se dio a Juana Rivas por proteger a sus hijos y el que se ha dado al exmarido de Paloma Delgado, que según sentencia firme maltrató a sus hijos es terriblemente dispar. A Rivas se le hace entrar en prisión para cumplir los dos años y medio de condena por sustracción de menores, pero Irzo no entra en prisión a pesar de tener condenas que suman los siete años". 

Gonzalo afirma que no se trata de un ejemplo aislado, sino de un patrón de discriminación que se ve en muchos casos: "la benevolencia con la que se juzgan las conductas de los hombres maltratadores y la dureza hacia las mujeres que intentan defender a sus hijos". 

El caso judicial de Paloma Delgado es un "despropósito", afirma la jurista. "Obligaron a los hijos a tener encuentros con quien había maltratado a su madre y a ellos mismos a pesar de una orden de alejamiento en vigor y de los recursos que pusimos en contra de esta medida. Que ahora la Audiencia se escude en que no se pueden sumar las penas de alejamiento y la de prohibición de visitas, demuestra lo poco que importa el bien superior del menor", concluye Gonzalo.

"Es curioso que la Audiencia de Huesca la única condena que acumula es la relativa a la tenencia de armas, cosa que él nunca ha tenido. El resto las divide en partes y le da a él la pena más baja posible", concluye esta madre.