"Si pudiera cambiar algo en mi vida, sería no denunciar. La gente tiene que saber que no hay protección para los menores cuando hay incesto. Todas acabamos perdiendo la custodia de nuestros hijos, incluso aquellas madres que quieren 'portarse bien' y no molestar. En esos casos, también pierden la custodia". Quién habla así es Verónica Saldaña, una madre víctima de violencia machista a la que la justicia obliga a entregar a los niños a su expareja a la que denunció por violencia de género, maltrato y amenazas de muerte hacia ella y sus hijos.

El pasado viernes el juzgado número 3 de Pozuelo de Alarcón le prohibió a Saldaña salir de este municipio madrileño. Ella y sus dos hijos no pueden moverse a menos que tengan un orden judicial. "En el momento en el que pongas un pie fuera de Pozuelo estarás cometiendo un quebrantamiento de medida cautelar y se te podrá detener", le comunicaron; y la amenaza va unida a una posible retirada de la custodia de sus hijos mellizos de seis años, ambos con un trastorno del espectro autista (TEA). Es el resultado de una denuncia de su expareja, que acusa a Verónica de sustracción de los menores. "Me han confinado en un municipio en el que no estoy empadronada, no tengo casa donde vivir y del que no me permiten ni ir a buscar a mis hijos", que no estaban en Madrid en el momento de dictar el auto, explica esta madre. 

Este es el último episodio en la vida de Saldaña. El juzgado de Pozuelo de Alarcón no ha visto necesario desde que interpuso la primera denuncia en marzo de 2020 aplicar ninguna medida cautelar para proteger a los dos niños, a pesar de que la fiscalía en varias ocasiones pidió que las visitas con el progenitor se llevaran a cabo en un punto de encuentro o tomar medidas para proteger a los niños.

Tal como relata Saldaña a Público, los malos tratos psicológicos hacia ella por parte de su expareja comenzaron muy pronto. Al poco de estar juntos se quedó embarazada y "los insultos y vejaciones fueron una constante", explica. La denuncia interpuesta en marzo de 2020 deja constancia de un extenso rosario de humillaciones y dibuja un patrón de comportamiento violento hacia sus hijos, en el que no faltan insultos y agresiones físicas. El 20 de marzo del año pasado, Saldaña acudió a la comisaría para denunciar los posibles abusos sexuales del padre hacia su hijo; cuando la Policía vio el nivel de las amenazas que su expareja le había enviado al móvil desde el mes anterior, cuando le comunicó el fin de la relación, los agentes la instaron a denunciar la violencia de género que había soportado.

Oda a José Bretón

Entre los mensajes hay advertencias: "Piensa bien las cosas, que vas a terminar muy mal… no voy a dejarte en paz", describe Saldaña en la denuncia. Asimismo aparecen amenazas veladas de acabar con su vida como "hay mucho campo vacío, si desapareces no vas a poder ocuparte de tus hijos". En uno de los mensajes incluyó un link a una canción, que no es otra cosa una oda a José Bretón, condenado por asesinar a sus hijos y posteriormente quemarlos en una hoguera en 2011. 

"Siempre he accedido a las visitas del padre a los niños, pero no a solas, que lo hagan con la abuela paterna, con mi hermana, mis padres o en un punto de encuentro, pero no a solas con él", remarca Saldaña. "Esto también lo ha pedido la Fiscalía en más de una ocasión, pero los jueces no lo aceptan".

En mayo de 2020 su expareja la agredió. Fue a su casa, le puso unas tijeras en el cuello y le dio una paliza. La policía se presentó en su domicilio alertada por una vecina que escuchó los gritos. Dos informes de Viogén (el sistema de valoración policial para víctimas de violencia de género) realizados en mayo advirtieron de un riesgo extremo y alto de sufrir violencia por pare de su expareja y activaron medidas de protección policial. Según esos informes,  se había "detectado una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal"; también indicaron que "los menores de edad a cargo de la víctima pueden encontrarse en situación de especial vulnerabilidad".

En la vista rápida tras esta denuncia, el juzgado de Pozuelo puso medidas de protección hacia Verónica Saldaña. El mismo juez que en marzo había negado que el hombre fuera violento, Juan Ignacio Gonzalo Pascual, esta vez no pudo negarle medidas cautelares. "El juez no me dio credibilidad, pero puso medidas por el parte de lesiones", explica la víctima. Tanto su abogado como el fiscal pidieron una orden de alejamiento de 500 metros, pero finalmente el juez la dejó en 200 y no tomó ninguna medida cautelar en relación a los hijos, y -por contra- impuso un amplio régimen de visitas al padre al no encontrar indicios de abuso o violencia. Todo ello sin ordenar previamente una exploración de los menores ni un informe especializado. 

La orden de alejamiento le ha permitido a Saldaña realizar una exploración psicológica a los menores para comprobar la veracidad de los relatos de abusos sexuales. Desde que en diciembre del 2019 uno de sus hijos lo verbalizara, no había conseguido que su expareja permitiera que los menores fueran vistos por un profesional, puesto que necesitaba su firma. "Me dijo que era yo la que le estaba metiendo cosas a los niños en la cabeza". Este requisito se anula cuando hay medidas de protección. 

La exploración la realizó en un centro privado especializado en Cataluña, ya que madre e hijos residen en Tarragona, donde viven familiares. El estudio concluyó que el relato de los menores era compatible con los abusos sexuales. De hecho, el informa afirma que niños con un Trastorno del Espectro Autista (TEA) no son capaces de mentir ni de inventar situaciones no vividas. Estas conclusiones coinciden con el informe de la psicóloga que trata a los niños, quien asegura que "las verbalizaciones de los menores con respecto a su relación con el progenitor son indicadores graves de conductas agresivas en el entorno paterno" y agrega que los niños con TEA no son capaces de dar detalles o poner un contexto y que no son sugestionables. Con las conclusiones de estos informes, la madre presenta una querella contra su expareja y su exsuegro por abusos sexuales a los menores que aún está pendiente de resolución.

Saldaña también denunció el quebrantamiento de las medidas cautelares por parte de su expareja, aunque en este caso las judiciales no han ido tan rápidas. Lo acusa de que en febrero entró y vandalizó el centro de estética del que ella era propietaria. Existen imágenes captadas por las cámaras de la calle que lo identifican a él y a otra persona en el lugar de los hechos. Sin embargo, el juez archiva el caso aduciendo que "no podía saber si yo estaba allí o no", explica Saldaña. Desde que tiene orden de alejamiento y no comunicación con ella, su expareja le siguió enviando mensajes amenazantes a través de links a redes sociales. 

Una perito pro SAP

Tras la denuncia penal contra el padre y el abuelo paterno, el juzgado finalmente solicitó que se realizara una prueba preconstituida con cámara gessell, una exploración psicológica de los menores por una experta que se graba y sirve como prueba en un juicio, sin que éstos tengan que volver a declarar. Esta noticia fue bienvenida por Saldaña hasta que el mismo día de la prueba conoce el nombre de la perito encargada de la exploración: María Paz Ruiz Tejedo. Se trata de una psicóloga que -según la madre- está especializada en la aplicación del Síndrome de Alienación Parental (una teoría sin base científica que está desancosejada por el CGPJ) y que tiene numerosas publicaciones sobre las denuncias falsas sobre delitos sexuales. Saldaña impugna a la perito, pero la jueza encargada no la acepta. 

"Esta perito no tiene experiencia con niños autistas", remarca Saldaña. El resultado es que, a pesar de que los niños verbalizan los abusos, el informe no confirma la validez del relato de los menores, considera que éste "se incardina en una situación de conflicto entre los progenitores" y, por lo tanto, "no se descarta una ganancia secundaria de la madre". Es decir, un SAP que culpa a la madre. El informe de la perito plasma que los niños "presentaban dificultades para establecer una relación interpersonal fluida y cercana, lo que parece indicar que tienen escasa relación con otros niños y personas, salvo con su madre y abuela materna, lo que no les beneficia y puede agravarse", pero no incluye ni una palabra sobre si esta actitud puede ser debida a que tienen un trastorno de tipo autista. 

Verónica Saldaña recusó al juez del juzgado número 2 de Pozuelo, José Ignacio Gonzálo Pascual, y a la psicóloga forense, pero en ambos casos fue denegado. 

Una decisión muy atípica

La decisión del juzgado de impedir a Saldaña y a sus hijos salir del municipio de Pozuelo es considerada muy atípica por el abogado de la madre, Vicente Tovar. "Supone una restricción muy potente de la libertad de Verónica y de los menores. Es como si fuese una prisión o un régimen de tercer grado. Lo normal es que la hubieran obligado a presentarse semanalmente o cada 15 días en el juzgado", afirma el letrado.

Según el abogado, el juzgado no tiene sensibilidad y el juez no cree que Verónica esté protegiendo a sus hijos, "parece que juzgan con un paquete de carga ideológica", argumenta. Tovar admite que Saldaña tiene motivos para pensar que le quieren retirar la custodia de los menores y recuerda que ya se han dado casos similares en distintos juzgados de España. 

"El delito de sustracción que le imputan no existe", afirma Tovar, que explica cómo una sentencia reciente del Tribunal Supremo sentó jurisprudencia sobre el hecho de que "el progenitor custodio no puede sustraer a sus propios hijos". Este delito, afirma el letrado, se da cuando el progenitor que no tiene la custodia se lleva a los menores, a excepción de que se trate de una sustracción internacional.

El abogado abunda en que la postura del juez adoptada el pasado viernes de no imponer ninguna medida cautelar hacia los menores es muy llamativa, teniendo en cuenta que el padre se puede llevar a los menores 15 días de vacaciones el próximo 15 de julio. "El fiscal pidió durante la vista que las visitas del padre se hagan con la abuela paterna delante y que sean de dos horas y sin pernocta, pero el juez acuerda que se cumpla el régimen de visitas sin restricciones. Si el fiscal solicita medidas restrictivas es porque algún peligro ve", concluye Tovar.