ZARAGOZA.- La mujer que fue tiroteada el pasado viernes por su exmarido junto al centro comercial 'Aragonia' de Zaragoza se tuvo que marchar dos días antes de comisaría sin poder denunciarle.

A parecer, los agentes que le atendieron no creyeron fundado el miedo que tenía a que el hombre le disparara con las armas que guardaba en casa, según informa El Heraldo de Aragón. De hecho, ni siquiera llegaron a escuchar las grabaciones que su hija llevaba en el móvil con supuestas amenazas directas hacia su madre.

Apenas 48 horas antes de que madre e hija salieran del garaje y, en la calle de Zaragoza, sonaran los disparos, ambas habían acudido a comisaría para contar que tenían miedo. La mujer se sentía amenazada por su exmarido, advirtió que tenía licencia de armas, que hacía pocas semanas se habían divorciado y que le temía.

Pese a todo, la denuncia no se llegó a formalizar y eso es lo que la Policía investiga ahora, busca el fallo a la hora de atender a las víctimas. Al parecer, los agentes no vieron riesgo alguno, consideraron que era una situación normal tras un divorcio y no se activó el protocolo contra la violencia de género.

Dos días después, el pasado viernes, el hombre disparaba contra el coche en el que iban las dos mujeres. Al volante iba su hija que aceleró y salió ilesa, en el asiento del copiloto la exmujer herida en la cara y en la rodilla y en la calle se quedó el agresor que tras el ataque, intentó suicidarse.

Los tres agentes de Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que atendieron a la mujer y a su hija se han ratificado en sus declaraciones iniciales ante la investigación abierta internamente y han asegurado que ambas "solo pidieron información" cuando acudieron a la Comisaría Centro, en la calle General Mayandía de Zaragoza.

Estos agentes han declarado este martes en dichas instalaciones ante la instructora del expediente disciplinario que se les ha abierto internamente y que forma parte de la fase sumarial que se instruye dentro de este cuerpo policial.

"No se habló de armas, ni de amenazas, rechazaron la posibilidad de denunciar y abandonaron la comisaría"

"Los tres han ratificado lo que ya dijeron que ocurrió", ha sintetizado el delegado sindical en Aragón Confederación Española de Policía (CEP), César Lambea. El delegado ha detallado que los tres agentes han contado que "ambas pidieron información sobre las órdenes de alejamiento, se les informó correctamente y se les ofreció la posibilidad de denunciar".

Además, ha subrayado que, según las declaraciones de los agentes, "no se habló de armas, ni de que sufrieran amenazas o coacciones o insultos y rechazaron la posibilidad de denunciar y abandonaron la comisaría". Finalmente, ha apostillado que los tres agentes son "veteranos en el Cuerpo y profesionales expertos en la recepción y tramitación de denuncias".

Sin embargo, a pesar de la experiencia que dicen tener los agentes, los primeros en sorprenderse de que el protocolo contra el maltrato no se activase fueron los funcionarios del Grupo de Homicidios, ya que fueron ellos los que al tomar declaración este viernes a la hija del matrimonio se enteraron de la mala experiencia que habían tenido esta semana madre e hija en la comisaría.

Durante su comparecencia en Jefatura, apenas unas horas después del trágico suceso, la joven reveló que cuando acudió con su madre a comisaría a poner la denuncia llevaba consigo varias grabaciones que ella misma había hecho con el móvil y en las que supuestamente se escuchaba cómo Juan Antonio Ruiz amenazaba a su exmujer. Según el relato de la testigo, al saber que el matrimonio se había separado y estaban en trámites de divorcio, los agentes que les recibieron ni siquiera se mostraron interesados por oírlas, lo que tanto a ella como a su madre les causó una gran desazón e impotencia.

Los que sí han podido escuchar esas grabaciones son los funcionarios del Grupo de Homicidios, que ahora podrán utilizarlas como prueba en la investigación por tentativa de asesinato abierta contra el empresario de Torres de Berrellén. Respecto a la existencia de estas amenazas y al hecho de que no llegaran a escucharlas el pasado día 10 de agosto en la comisaría de General Mayandía, desde la Jefatura Superior han asegurado que "se va a estudiar todo, pero habrá que ser prudentes y esperar a conocer los resultados de la investigación interna".

Según fuentes próximas al caso, dado el delicado estado de salud de su madre, la joven tuvo que interrumpir su declaración para acudir a acompañarla al hospital Clínico, donde se le iba a practicar una primera intervención quirúrgica. Por ello, esta previsto que esta regrese en los próximos días a las dependencias del paseo de María Agustín. Lo hará acompañada de su abogado, Simón Lahoz, quien dado lo "delicado" del tema ha preferido no hacer manifestaciones. "Hay que dejar trabajar a la Policía y al juez", se limitó a decir.

También se ha constatado que la centralita del 016 –teléfono de asistencia a las víctimas de malos tratos– recibió esta semana varias llamadas de la tiroteada. Al parecer, las efectuó después de sentirse desatendida en comisaría y para contar que tenía miedo y no le habían hecho caso. Al juez instructor le corresponderá ahora también comprobar las existencia de esas comunicaciones para aclarar qué tipo de atención se dispensó a esta última víctima de la violencia machista en Aragón.

Cuando se recupere de las operaciones y esté en condiciones de prestar declaración, la propia mujer podrá contar en primera persona a la Policía su experiencia. 

Actualmente, la mujer continúa ingresada en estado grave pero estable en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa tras recibir varios disparos con arma de fuego por parte de su exmarido.

Por su parte, el autor de la agresión, que después intentó quitarse la vida, se encuentra muy grave en la UCI del Hospital Clínico, según ha informado el Gobierno de Aragón