La Policía irrumpe en un examen para conseguir la nacionalidad e identifica a los participantes

La asociación Extranjeristas en Red ha denunciado ante el Defensor del Pueblo la actuación de la Policía, que irrumpió hace unos días en un examen de nivel B2 de español para exigir la identificación de los migrantes que estaban realizando la prueba para conseguir la nacionalidad.

Esta actuación "no tiene, desde el punto de vista legal, ninguna justificación", señala a Público el el abogado especialista en Derecho de Extranjería y portavoz del grupo, Francisco Solans. Explica que detectaron estos comportamientos en una academia específica de Madrid. "Solo sucede en esa academia, por lo que podría haber cierto patrón, pero eso lo tendrá que investigar el Defensor del Pueblo", agrega.

El Instituto Cervantes —del que depende el centro y emite los títulos— ha argumentado que el objetivo de estas identificaciones es evitar suplantaciones. Pero Solans recuerda eso no justifica "una actuación de esa naturaleza" y mantiene que, si se produjera un intento de usurpación, le correspondería al examinador dar el aviso y después se ejercería una investigación sobre ese caso concreto. "Pero no se actúa en general por una simple sospecha", subraya. 

Según el abogado, este tipo de intervenciones generan de por sí perjuicios a los examinados que están ante una prueba de esta índole. "Qué pasaría si se hiciera en un examen de Derecho Mercantil de la facultad de Derecho. Estamos ante la típica exacerbación de celo de la Policía cuando los perseguidos son extranjeros, el que se produzca en un examen de español donde todos los concurrentes son extranjeros es muy sospechoso de esta actitud", remarca. 

Por ello, la asociación insta a la institución que dirige Ángel Gabilondo que lleve a cabo una investigación para esclarecer el modus operandi de los agentes y también analice el papel de la academia. "Una vez se compruebe, el Defensor del Pueblo debe hacer una recomendación, un recordatorio de los deberes legales de la Policía y que esto no se puede hacer así. Ni la Ley de Seguridad Ciudadana ni de Enjuiciamiento Criminal justifican este tipo de actuaciones", sentencia.