La política de transición energética en Catalunya suspende por la protección excesiva de los combustibles fósiles

El grito de alarma se produjo el pasado mes de febrero cuando la Comisión Europea (CE) presentó su taxonomía sobre el clima con el objetivo de acelerar la descarbonización. En el documento se contemplan una serie de actividades relacionadas con el gas y la energía nuclear. La CE aseguraba que "en vista del asesoramiento científico y los actuales avances tecnológicos, se estima que la inversión privada en actividades de gas y energía nuclear pueden desempeñar un papel en esta transición".

El argumento comunitario es que ambos combustibles son compatibles con los propósitos climáticos y medioambientales y permiten abandonar más rápidamente actividades más contaminantes –como la generación de energía a partir del carbón– en favor de un futuro climáticamente neutro y basado de forma preponderante en fuentes renovables.

El argumento comunitario es que ambos combustibles son compatibles con los propósitos climáticos y medioambientales y permiten abandonar más rápidamente actividades más contaminantes

Paralelamente, el pasado mes de octubre, la Generalitat dio a conocer un nuevo decreto de renovables con el propósito de fomentar el autoconsumo y el acuerdo con el territorio para avanzar en la transición energética. Ahora, medio año después de la entrada en vigor de la norma, este todavía no parece contentar a nadie por el excesivo protagonismo y la apuesta protectora de los combustibles fósiles. Mientras el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya reclama el despliegue urgente de las renovables, la entidad Ecologistas en Acción pide inversión para reconvertir el modelo económico, muy dependiente del exterior incluso en la producción de energías renovables.

En el estudio La transició energètica a Catalunya, presentado la semana pasada, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, además de este desarrollo, exigió fomentar la eficiencia y el ahorro energético. Según han calculado los ingenieros, la transición energética de Catalunya requerirá movilizar 225.000 millones de euros de inversión privada y pública y empleará a alrededor de 150.000 especialistas durante 30 años.

Pero para ello, ven indispensable un cambio de orientación. "La transición energética no debe consistir sólo en instalar aerogeneradores y placas fotovoltaicas: deben fomentarse la eficiencia y el ahorro energéticos y buscar sustitutos a los combustibles fósiles y estos deben ser el hidrógeno y el biometano", se recoge en el estudio. En este sentido, el informe prevé que, en un escenario descarbonizado, "Catalunya no podrá ser autosuficiente y tendrá que importar, como mínimo, la mitad del hidrógeno que consuma". Al mismo tiempo, los ingenieros solicitan que se agilice la tramitación de permisos, con la flexibilidad suficiente para poder adaptarse a las dificultades tecnológicas y geopolíticas.

El informe prevé que, en un escenario descarbonizado, "Catalunya no podrá ser autosuficiente"

Precisamente este escenario de crisis de suministros y energía y de carencia de materias primas es el que impulsa a la entidad Ecologistas en Acción a solicitar "un nuevo modelo donde administraciones y ciudadanos adquieran la conciencia de que, sin un decrecimiento económico, la transición energética no es posible". Así lo considera Eloi Nolla, responsable de energía de la entidad.

En este sentido, Nolla recuerda que la dependencia exterior de Catalunya y del Estado español en relación a los combustibles fósiles es del 75% e incluso esta situación se produce en términos similares en los casos de la producción de renovables.

'Lavado de cara' de la industria fósil

Nolla advierte de que "la apuesta por las renovables no supone una panacea, aunque la huella de carbono que puedan dejar es inferior a la de los combustibles fósiles". Aunque no sea una solución definitiva, sino una vía de transición, el responsable de Energía de Ecologistas en Acción plantea la necesidad de impulsar cambios estructurales que favorezcan la electrificación de las infraestructuras, la movilidad y el consumo. "Es necesaria una gestión realista de la demanda energética".

Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones ambientalistas, denunciaron el 'greenwashing'

En un acto celebrado a finales de abril ante la delegación de la Comisión Europea en Barcelona, Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones ambientalistas, denunciaron el greenwashing, el lavado de cara verde de la industria de los combustibles fósiles. En el manifiesto que leyeron, se posicionaban en contra del resurgimiento de proyectos de infraestructuras de gas como el Midcat en el nuevo contexto geopolítico, en lugar del abandono de este combustible de una vez por todas.

Las entidades destacaron que "el gas y la nuclear, de verde no tienen nada" y que la nueva propuesta de taxonomía de la Comisión Europea va en contra de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, ya que supondría facilitar la financiación de los combustibles fósiles hasta 2050.

Con relación a una de las demandas más repetidas para acelerar el despliegue de las energías renovables, la agilización de la renovación de los permisos, el Govern de la Generalitat se ha comprometido a modificar el decreto vigente para tramitar de urgencia los proyectos de hasta 5 MW.

La intención del Departament d'Acció Climàtica es reducir los plazos a la mitad. A pesar de reconocer el "reto ingente" que supone la transición energética, la consellera de este departamento, Teresa Jordà, señala que "la ciudadanía, las empresas, las entidades y los municipios han comenzado la revolución del autoconsumo".

Teresa Jordà, señala que "la ciudadanía, las empresas, las entidades y los municipios han comenzado la revolución del autoconsumo"

Sin embargo, las entidades ecologistas y ambientalistas valoran estos pasos como insuficientes, puesto que en el ámbito comunitario general, donde se está debatiendo el proceso de modernización del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un proceso que se prevé finalice el mes de junio, no se constata ningún avance para eliminar la protección a los combustibles fósiles y la propuesta más ambiciosa pretende seguir protegiendo las inversiones en combustibles fósiles hasta 2030, o incluso una década más en el caso de algunas infraestructuras de gas.