La Generalitat ha manifestado hoy su intención de regular el mercado del alquiler de la vivienda para evitar la subida de precios y la gentrificación, sobre todo en las zonas más turísticas de las ciudades y alargar la duración de los contratos para que se establezcan entre los seis y los diez años. La consellera de Justicia, Ester Capella, ha manifestado en rueda de prensa que, a través de su departamento, el Govern  prepara un anteproyecto de ley que se llevará al Parlament a finales de año. 

Esta decisión se comunica justo tres días después de que el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobara el nuevo decreto de Vivienda para modificar la legislación en materia de alquileres, pero en el que no se incluía ningún mecanismo directo para limitar los precios. 

"Se trata de evitar abusos, como el aumento desproporcionado de la renta al cabo de solo tres años de contrato, que contribuyen a la expulsión de los vecinos y a que se destinen los inmuebles a usos no residenciales", ha apuntado la consellera. Además, ha aseverado que el Ejecutivo catalán pretende diseñar una norma que permita estabilizar el mercado, reduciendo la diferencia entre el aumento acelerado del precio del alquiler y el estancamiento de los salarios.

Según los datos de las fianzas depositadas en el Incasòl, Barcelona ha crecido un 38% en cinco años, desde los mínimos que alcanzó durante la crisis, y se ha situado en 949 euros para un piso de unos 72 metros cuadrados. Las subida del alquiler también se han trasladado a municipios como  Santa Coloma de Gramenet (9,9%), Sant Andreu de la Barca (+11%), Ripollet (12,7%), el Papiol (+22%) o Sant Just Desvern (+39%).

El Govern estudia también la posibilidad de que esta iniciativa ofrezca distintas condiciones para los particulares y para las sociedades dedicadas al negocio inmobiliario. En el caso del alquiler de un inmueble de un arrendador particular, la duración mínima del contrato será probablemente menor a la de las casas que pertenezcan a sociedades mercantiles."Queremos reequilibrar los contratos, que ahora dejan desprotegidos a los inquilinos para evitar litigiosidad", ha afirmado Capella. También ha asegurado que para aquellos que incurran en prácticas abusivas la norma incluirá sanciones.