El pasado domingo Gabriel Montoya Jiménez fue encontrado en la celda de la cárcel donde cumple condena, aparentemente muerto. Le introdujeron en una bolsa y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo dónde se le iba a practicar la autopsia cuando, de repente, recobró el conocimiento.

Al parecer, el preso sufrió una sobredosis de barbitúricos al intentar suicidarse, entró en coma durante la noche y lo increíble del caso es que fue dado por muerto por dos médicos del centro penitenciario y certificado por la médica forense que acudió a la cárcel para proceder al levantamiento del cadáver.

Actualmente permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y según su padre ha pasado "buena noche". En contra de lo que sostiene el Gobierno del Principado, la familia asegura que el preso llegó a estar varias horas en la cámara frigorífica del Instituto de Medicina Legal de Oviedo, donde se le iba a practicar la autopsia, y que eso le ha provocado los problemas de salud por los que está hospitalizado.

El consejero de Presidencia del Principado y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, por su parte, asegura que el hombre no pasó del área de recepción del instituto de medicina legal de Asturias ya que un auxiliar del centro y un empleado de la funeraria que lo trasladaba observaron signos de vida y alertaron al 112 para que fuese atendido de inmediato por los servicios médicos y trasladado al HUCA.

Los hechos están siendo investigados desde Instituciones Penitencias de Madrid pero también desde el Gobierno del Principado, que ha abierto un expediente para conocer las circunstancias en las que este interno de la prisión de Asturias fue dado por muerto. Para la familia del reo, la Administración regional está tratando de evadir responsabilidades ya que, desde su punto de vista, es la culpable de esta situación.

El padre ha explicado que la familia está en conversaciones con sus abogados para denunciar esta "negligencia", y ha reconocido que pedirá una indemnización por daños y perjuicios, así como el indulto de su hijo, al que le restan por cumplir seis meses de los tres años y medio a los que fue condenado por el robo de chatarra.