MADRID.- No es Zapatero, pero sí parece haber sabido utilizar su talante. Y es que en el primer Consejo Interterritorial que ha presidido, el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha conseguido meterse en el bolsillo incluso a las comunidades gobernadas por la oposición y que siempre habían sido críticas con la gestión del ministerio.

Así, los consejeros del ramo de Andalucía y Asturias -María José Sánchez Rubio y Faustino Blanco, respectivamente, ambos del PSOE- han aceptado todas y cada una de las propuestas del ministro en cuanto al calendario del Plan estratégico nacional para el abordaje de la Hepatitis C se refiere. Es decir, colaborarán, como el resto de Comunidades —también Catalunya— en la elaboración de un registro de pacientes que permita conocer con exactitud cuántos afectados hay en España y en qué grado de desarrollo de la enfermedad se encuentran. Todo ello con el fin de poder reestablecer los protocolos marcados hasta el momento y decidir qué tipo de tratamiento recibe cada uno de ellos.

Si todo va según lo previsto, el Comité de técnicos designado para trabajar en dicho plan y que está dirigido por el doctor Joan Rodés presentará un primer borrador dentro de tres semanas y, antes de que finalice marzo ("para no coincidir con la convocatoria de elecciones autonómicas y municipales", admitió Alonso) volverán a mantener una reunión monográfica sobre el mismo en el que esperan cerrarlo por completo.  

"Nos congratula que los tratamientos vayan mejorando para atender a los enfermos y es fundamental que esto [el reparto de nuevos medicamentos] se haga de manera coordinada, con criterios unificados para todo el territorio nacional", señaló Sánchez Rubio. "Hemos llegado a un consenso razonable para trabajar para atajar la enfermedad", señaló también Blanco. "Una comisión técnica decidirá y nadie que lo necesite se quedará sin tratamiento", agregó el asturiano al término de la reunión.

Ambos habían expresado su deseo, antes de entrar al Ministerio, de promover un fondo común de financiación para sufragar los elevados gastos del Sovaldi (medicamento distribuido por la farmacéutica Gilead y que hasta ahora es el único que se está suministrando a los pacientes). Una idea que matizaron tras el encuentro con el ministro y el resto de consejeros, aclarando que su propuesta era, en realidad, un "compromiso de financiación suficiente", en general, para todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). En la misma línea se manifestó también el titular catalán, Boi Ruiz, que también salió satisfecho de la reunión y planteó un debate "profundo" sobre el sistema de financiación conjunta.

No obstante, el ministro no quiso hablar de dinero y opinó que en estos momentos "no tiene sentido" crear un fondo específico para tratamientos nuevos porque, aseguró, "hay capacidad suficiente para abordar el problema". Al menos, dijo, siempre que se cumplan las estimaciones barajadas hasta el momento, esto es, entre 5.000 y 7.000 personas con necesidad de tratamiento, a un coste de unos 43.500 euros por un tratamiento combinado (no sólo Sovaldi) de 12 semanas. 

Aun así, el ministro está a la espera de que las Comunidades le transmitan los datos reales de infectados, así como los grados de desarrollo de la enfermedad en que se encuentran. En función de eso, "habrá que ver cómo se aborda la situación", zanjó. Además, adelantó que está barajando la posibilidad de "incorporar otros fármacos nuevos" que, además, se prevén más baratos que el citado Sovaldi. Hasta entonces, ha prometido —como también han hecho los consejeros— que ningún paciente que haya sido recetado siguiendo los criterios clínicos establecidos hasta el momento se quedará sin tratamiento.