El ministro del Gobierno de España y secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Óscar Lopez, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra los llamados "protocolos de la vergüenza" que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desarrolló en Madrid durante la pandemia. Estos protocolos supusieron que miles de personas mayores en las residencias de ancianos no recibieron atención hospitalaria al serles negada la atención médica. En total, fallecieron 7.291 personas sin ser derivados a los hospitales de la región.

"Me sigue poniendo los pelos de punta que la vida o la muerte dependa de tener un seguro privado. Se ha negado que existiera el protocolo, se han negado las cifras y se han negado los testimonios de las víctimas. El PSOE también va a denunciar los hechos para que se puedan esclarecer. Hay que llegar hasta el final", ha asegurado López. 

Cinco años después, los 7.291 fallecidos en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid no han sido olvidados y de esta forma, el PSOE denuncia estos protocolos por "prevaricación", según han explicado fuentes socialistas. Es la primera vez que se llevan a cabo acciones judiciales en esta dirección. 

De esta forma, los socialistas quieren llevar ante la justicia el caso, ya que consideran que se podría haber incumplido el artículo 404 del Código Penal, que reconoce inhabilitaciones para empleos y cargos públicos a las autoridades que "a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo". 

El anuncio ha tenido lugar en un acto en el Ateneo de Madrid en el que los socialistas han querido conmemorar el quinto aniversario de los fallecidos durante la pandemia. En el evento han tomado la palabra varios portavoces de la plataforma Verdad y Justicia así como Alberto Reyero, que durante la pandemia era consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y dimitió al comprobar el modus operandi del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. 

"Ese protocolo hay que ponerlo en contexto, fue absolutamente discriminatorio. Ese protocolo significaba que si las personas enfermaban, las personas autónomas eran derivables y los otros quedaban condenados", resumía Reyero durante el evento, en el que participó como uno de los ponentes.

Más acciones legales

Casi un lustro después, la Fiscalía ha comenzado a tomar medidas que investiguen los motivos que llevaron a ser a la Comunidad de Madrid la región de Europa con la mortalidad más alta durante la pandemia. Recientemente, la Fiscalía de Madrid denunció varios casos al identificar posible “discriminación” contra las personas que no recibieron atención médica. 

Pese a todo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha variado sus políticas y ya ha anunciado la construcción de otras 40 macrorresidencias en la región. Las nuevas instalaciones serán de 150 plazas, un dato superior al recomendado por expertos y que supera las nuevas normativas diseñadas por el Gobierno de España. El modelo sería público-privado y ya se han iniciado conversaciones para encontrar suelo público sobre el que construir.

Sin embargo, las residencias de mayores siguen siendo una punta de lanza de la política madrileña. En uno de los últimos plenos de la Asamblea de Madrid, la presidenta Ayuso no quiso participar en un homenaje improvisado a las víctimas e incluso publicó un documento en el que negaban la cifra de 7.291 fallecidos.