En 2018 en Alhama de Granada, al oeste de la provincia, un municipio de algo menos de 6000 habitantes, llegó a trámite al Ayuntamiento el proyecto de dos macrogranjas para instalarse en el término municipal más una tercera un año después. Aunque la polémica sobre estas instalaciones aún no había saltado a los grandes medios, agricultores y concejales del municipio conocían el caso de Castilléjar, otro pueblo en la provincia de Granada, donde llevaba en funcionamiento una granja similar desde 2005: contaminación por purines, problemas en la carretera por el tránsito de los caminos, malos olores, destrucción de puestos de trabajo… En aquel momento, la alianza de ganaderos de la zona, ecologistas y vecinos consiguió detener los proyectos, que sumaban una capacidad de 7200 cabezas de ganado, lo que habría supuesto casi 20.000 cerdos al año siendo engordados en la zona.

Ámala Fernández era concejal de IU en la oposición en 2018, aunque está fuera de la política institucional. Al teléfono nos explica que "en aquel momento, al ver los informes, me enfadé bastante porque entendía que iban a convertir Alhama en un estercolero. Hacía menos de un año los concejales de otras partes de Granada nos habían contado cómo estaban las cosas en otros lugares con las macrogranjas y nos avisaron que la misma empresa se quería expandir por la provincia".

En el caso de Alhama se trataba de Empresa Piensos Jiménez SLU, con sede en Jaén y que comercializaba la carne con Cefusa, filial del murciano Grupo Fuertes, conocido por los embutidos de El Pozo. El argumento principal en las reuniones con los grupos políticos locales eran los consabidos puestos de trabajo, algo que según Fernández, "no se sostenía. Sabíamos cómo funcionaban y que si acaso se contratan a una o dos puestos de trabajo, porque solo hay que darle a un botón para cebar a los animales".

Cuanto más se informaba a los vecinos, pero les parecía: "Aquí no iba a estar ni el matadero, ni la empresa de piensos ni nada". Alhama de Granada, además de ser un pueblo cuya economía es fundamentalmente agrícola, utiliza como reclamo turístico las aguas termales de la zona, por lo que los antecedentes de contaminación de acuíferos en otras zonas de España no resultaban nada halagüeños. "La conclusión que teníamos nosotros es que aquí solo iban a engordar y dejarnos los desperdicios", comenta la ex-edil.

Las reuniones informativas y las alegaciones se coordinaron con Ecologistas en Acción, que llevaba más de una década denunciando los casos en el norte de la provincia. Javier Egea, de Ecologistas en Acción Granada, explica a Público que organizaron varias asambleas, con participación del alcalde y otros miembros del Ayuntamiento. También presentaron sus propias alegaciones y prestaron su "plantilla" para las mismas al vecino que así lo quiso, algo que acabó paralizando el trámite administrativo.

"Lo primero que alegamos siempre es la declaración de utilidad pública o interés social", explica Egea. "Esta se basa en la creación de empleo, pero luego los proyectos solo llevaban dos puestos de trabajo previstos". En este caso, de su parte se encuentra la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que establece que como "imperiosa" la necesidad de demostrar "el impacto económico y social más allá de la simple creación de puestos de trabajo".

En este sentido Egea denuncia una práctica que se repetía en Alhama y sigue ocurriendo en otros municipios de Andalucía: a partir de 2500 cabezas de ganado es necesaria la autorización ambiental de la Junta de Andalucía, por lo que se presentan varios proyectos de granjas de 2499 para dejarlo en el ámbito municipal. En ese sentido el municipio del Poniente granadino era "grande. Muchas macrogranjas las ponen pueblos pequeños, de 200, 300 ó 500 habitantes como mucho. Allí, aunque la gente te diga que no le gustan el olor, la contaminación o lo que sea, el dueño de la macrogranja es pariente o tiene alguna clase de relación de poder. Así que nadie va a criticarla en voz alta".

Dos puntos clave en el caso de Alhama, según las alegaciones ecologistas a las que ha tenido acceso Público, fueron el uso del agua y la balsa de purines. No se especificaba ni el consumo de agua total de las explotaciones ni su procedencia -preocupación clave de los empresarios agrícolas locales- y la balsa de purines prevista se establecía con una capacidad de 6600 m3, sin aclarar si era una sola o un conjunto, cuando la legislación andaluza establece un máximo de 4000 m3.

Las granjas más contaminantes de España, en el norte de la provincia

En Alhama de Granada fue decisivo el testimonio de los vecinos de Castillejar, municipio de apenas 1288 habitantes ubicado en el norte de la provincia, el llamado Altiplano. En su término municipal se sitúa desde 2005 una macrogranja que compite con otra en la vecina Puebla de Don Fadrique por el dudoso honor de ser las más contaminantes de España.

Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y como han denunciado un informe Greenpeace y la prensa local de Granada, entre ambas instalaciones más de un millón de cerdos al año, lechones engordados hasta los 20 kilos antes de ser transportados para su sacrificio en otras ubicaciones, emitiendo cerca de 900 toneladas de metano y 350 de amoniaco.

Ambas son propiedad de la empresa Cefusa, perteneciente al Grupo Fuertes, de Murcia, conocido por su marca de carnes y embutidos, El Pozo. El destino de esta carne producida industrialmente es mayoritariamente la exportación, la famosa "carne para vender a China".

El caso particular de Castillejar es utilizado por Ecologistas en Acción en sus alegaciones y charlas contra las macrogranjas a tenor de cómo demostraría, según la organización, "que ni fijan población ni crean empleo". En 2006, año en que las instalaciones de Cefusa comenzaron a funcionar en el municipio, tenía 1619 habitantes y un 7,25% de tasa de paro. En datos de diciembre de 2021, la población había bajado a 1288 personas y el paro se situaba en el 16,44%.