“Sacrificio animal cero”. Bajo ese eslogan la delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bormujos está dispuesta a ser el primer municipio andaluz que se declare insumiso ante la Ley Andaluza de protección Animal, aprobada en 2003, que cuenta con los sectores ecologistas y animalistas como principales detractores.

Según la citada norma andaluza, “corresponde a los Ayuntamientos la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados”. La aplicación real de este artículo de la Ley andaluza ha derivado en un exterminio masivo de los animales que son capturados en las calles ya que los zoosanitarios y refugios aseguran carecer de espacio suficiente para albergarlos.

En el caso del municipio que aspira a ser la “ciudad de las mascotas”, según ha declarado a Diario Público su concejal delegado de Medio Ambiente de Bormujos, Eduardo Díaz Parrado, del grupo municipal Participa Bormujos, “la Ley Andaluza de Protección Animal permite eutanasiar a los animales pasados 10 días en régimen de refugio contraviniendo el código deontológico de los veterinarios; lo cual es asombroso ya que la norma obliga a los ayuntamientos a retirar los animales vivos, muertos o entregados por los ciudadanos sin ningún tipo de coste, obliga también a los ayuntamientos a prestar asistencia veterinaria a animales en malas condiciones higiénico-sanitarias en la vía pública; pero sin embargo después de eso y darle refugio durante 10 días, les da vía libre para practicarles la eutanasia”.

"La Ley Andaluza de Protección Animal permite eutanasiar a los animales pasados 10 días en régimen de refugio"

Aunque la Ley incide en otro artículo en que “las asociaciones de protección y defensa de los animales podrán instar a la Consejería competente y a los Ayuntamientos para que realicen inspecciones en aquellos casos concretos en que existan indicios de irregularidades de acuerdo con la presente Ley”, en la práctica, como reconocen los colectivos animalistas es imposible saber qué está pasando dentro de un refugio o zoosanitario. “La falta de transparencia de la mayoría de estos establecimientos que son concesiones municipales a empresas privadas en casi todos los casos, lleva consigo una falta de trazabilidad de cada animal que entra en estas perreras”, aclara el delegado de Medio Ambiente de Bormujos, que aclara que sólo se logra obtener información de los registros de entrada y salida o eliminación de perros y gastos cuando hay una denuncia de por medio.

Una muestra de esta falta de transparencia y de control administrativo es que no hay datos oficiales de cuántos animales hay abandonados en Andalucía. El único dato no oficial lo ofrece la Fundación Affinity, cuyas estadísticas apuntan que el pasado año se recogieron 137.000 perros y gatos abandonados o perdidos en toda España, de los que un 10 por ciento fueron “oficialmente” sacrificados. Sin embargo el recelo de las organizaciones animalistas de Andalucía les hace pensar que son muchos más los animales que mueren en las perreras.

En Bormujos, el municipio que aspira a presumir de no tener que matar mascotas perdidas o abandonadas, se encuentra con el escollo de la Ley que les impide llevar a cabo por ahora sus políticas animalistas. La intención de la Delegación de Medio Ambiente de este municipio sevillano es adquirir un terreno para desarrollar en él su proyecto de sociedad protectora de animales mediante la cesión a organizaciones sin ánimo de lucro o a empresas para su explotación, pero poniendo como requisito ineludible el “sacrificio cero”, es decir que ni un sólo animal sufra la eutanasia, salvo en los casos en los que está está justificada para evitar su sufrimiento por enfermedad. Sin embargo, su apuesta animalista requiere, según la aplicación estricta de la Ley, de la autorización expresa de la Junta de Andalucía, que es el organismo que tiene atribuida estas competencias.

En 2016 se recogieron 137.000 animales abandonados en  España, de los que un 10 por ciento fueron “oficialmente” sacrificados

“Esto nos podría dejar paralizado el proyecto”, explica Eduardo Díaz Parrado. Por eso desde Participa Bormujos van a llevar su propuesta junto con las de las más de cuarenta asociaciones animalistas con las que se han reunido al Parlamento andaluz para que se modifique una Ley que, según estos colectivos “hace que Andalucía esté a la cola de la protección de los animales de toda España”.

En Bormujos, sin embargo ya se han dado muchos pasos de cara al bienestar animal. La Ordenanza municipal aprobada en 2014 -presentada por el PSOE tras el escandaloso cierre del refugio de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Sevilla, ubicado en Bormujos- insertaba ya nuevos conceptos, como el aumento a 20 días el tiempo de refugio a los animales; “pero es necesario ir más allá”, aclara el delegado actual de Medio Ambiente cuyo grupo municipal ha sido el promotor del “día del perro” en este pueblo sevillano desde 2015.

“Queremos lograr la remuniciplalización del servicio de protección animal”, explica el concejal delegado de Participa Bormujos, que recalca otras medidas llevadas a cabo hasta la fecha como la de eliminar señalizaciones fraudulentas de "Prohibido entrada y tránsito Perros" en algunos parques; el cambio de modelo de gestión de mascotas, convirtiendo los llamados “pipicanes" -de escasos 10 metros de suelo, sin arena ni drenaje con el consiguiente mal olor- en "zonas de esparcimiento canino o parques de perros” que son espacios amplios, visibles, con pavimento con buen drenaje de césped, con el objetivo "no más de 10 minutos para llegar a un parque para invitar al ciudadano a llevar a su perro a un espacio seguro para él y su mascota”; o la revisión y actualización del registro de perros potencialmente peligrosos en el municipio.

Una experiencia de política animalista que actualmente se declara insumisa a la aplicación de una Ley que mira para otro lado y permite el exterminio de perros y gatos y que, además, servirá de proyecto modelo para la modificación de la Ley Andaluza de Protección animal que, como señaló el vicepresidente de la Asociación Andaluza en defensa de los Animales (ASANDA), Luís Gilpérez, “ha significado la institucionalización del maltrato”, por lo que debe ser reformada de manera integral lo antes posible.