À Punt se 'castellaniza' tras despedir a la mitad de su departamento lingüístico

À Punt vive tiempos convulsos. De la misma forma que se recuerda el Canal 9 de la época de Eduardo Zaplana al frente por la directiva que había de que los cámaras le cogiesen las tomas por su perfil bueno, la etapa de À Punt con Carlos Mazón probablemente se recordará porque, mientras las calles de València se volvían a llenar, un año después de la DANA, con una manifestación masiva para exigir responsabilidades políticas, la televisión valenciana emitía una corrida de toros de 1997, en la que, además, participaba el exvicepresidente y actual dirigente de Vox en València Vicente Barrera. Un momento de aquellos que definen una época.

Carlos Mazón ya no está al frente del Consell, pero sí que se mantiene, sin visos de cambiar, la dirección nombrada por PP y Vox después de la DANA, que ha emprendido un rumbo que muchos identifican con las etapas más oscuras de Canal 9. Se ha cambiado la ley y se han eliminado mecanismos de control frente a la injerencia política, de manera que la plantilla de trabajadores se concentra con la campaña Divendres negre (Viernes negros) cada viernes frente a las delegaciones de À Punt en Burjassot, Alacant y Castelló para protestar contra la deriva del ente. 

Los programas centrados en la tauromaquia y las retransmisiones de corridas son un emblema de esta nueva etapa, un eje de la batalla cultural de la derecha en el País Valencià. Sin embargo, la incomodidad de buena parte de la plantilla con la introducción del maltrato animal en la programación —también durante el horario infantil— es notable. Por lo menos dos periodistas se han acogido a la cláusula de conciencia para abandonar À Punt, en denuncia de una etapa que califican de “manipuladora”. 

En este contexto, la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ha encendido un nuevo fuego de enfrentamiento. Así, el comité de empresa denuncia que, por primera vez desde que se restableció la radiotelevisión pública valenciana con À Punt, después del cierre traumático de Canal 9, se ha aprobado una RPT que contempla despidos de trabajadores y trabajadoras. 

El Consejo de Administración de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) aprobó el pasado miércoles la RPT, con el claro desacuerdo del comité de empresa, que ha denunciado un “simulacro de negociación” y con solo la abstención del representante de Ens Uneix —la plataforma municipalista que lidera el alcalde de Ontinyent y que es decisiva en la Diputación de València— como nota discordante. Hay que recordar que en este órgano no están representados PSOE y Compromís, puesto que renunciaron, como protesta, a nombrar candidatos cuando se creó a raíz del cambio de la ley de creación de À Punt, poco tiempo después de la DANA. Así, PP y Vox tienen el control casi total del órgano. 

Para la delegación de Intersindical Valenciana en À Punt, la nueva RPT es un “hachazo contra los trabajadores” y, asimismo, el Consell d’Informatius de À Punt ha emitido un comunicado en que afirma que la RPT se basa en “despidos injustificados, creación de puestos de trabajo innecesarios y en el ataque a departamentos fundamentales para la prestación de nuestro servicio público”.

Desde la dirección se replica, por contra, que el saldo final de puestos de trabajo en la RPT es positivo, ya que se crean 28 nuevos por 26 que se amortizan. En este sentido, la dirección del ente ha explicado en un comunicado que el objetivo de la nueva RPT es “reforzar los servicios informativos con más personal para dar respuesta a las necesidades reales de la radiotelevisión pública actual, una televisión más alineada con el impulso que la nueva dirección ha dado a la producción propia”.

Desde la delegación en À Punt de Intersindical Valenciana se responde duramente contra esta interpretación de la RPT, que se califica de “mentirosa” y “vergonzosa”. En este sentido, remarcan que los supuestos programas de producción propia de que presume la dirección en realidad no se podrían realizar sin externalizar tanto la redacción como la producción técnica. Asimismo, critican que la “optimización de recursos” de la RPT  consiste en “crear un puesto de coordinador de informativos por 50.000 euros al año para hacer funciones que ya hacen otras categorías laborales”.

Según la dirección, la nueva RPT crea seis plazas de periodistas-presentadores, dos cámaras-montadores y siete operadores de equipo y otro de sonido. Asimismo, mantiene la plaza de jefe de meteorología, aunque no se explica que, en un primer momento, se eliminaba. Esto había generado muchas críticas, ya que degradaba a su actual responsable, Victòria Rosselló, identificada con la cobertura del tiempo durante la DANA, un material que se analiza en la causa judicial instruida en el juzgado de Catarroja y que, sea como sea, y visto con posterioridad, desmiente el argumento de del Gobierno de Mazón sobre la falta de información, puesto que Rosselló siempre alertó de la peligrosidad que comportaban las lluvias. 

Por otro lado, el punto más criticado y más conflictivo de la nueva RPT es el que hace referencia al departamento de lingüistas y de redes, donde se centran los recortes. Desde los sindicatos se destaca la contradicción que supone que la dirección afirme apostar por la modernización y, sin embargo, recorte los trabajadores que se encargan de la presencia en redes, donde À Punt, de hecho, tiene un impacto notable. 

Uno de los argumentos de la dirección para justificar la aprobación de la nueva RPT, como se ha visto, es que respondería a una apuesta por el refuerzo de los servicios informativos. Precisamente desde el departamento que, en teoría, se vería más beneficiado, el Consell d’Informatius, no se comparte esta opinión, ya que replican que “tampoco es aceptable que el objetivo sea reforzar los servicios informativos cuando se reduce a la mínima expresión el departamento digital, que, para quien tenga una mínima visión de futuro, tendría que ser uno de los más reforzados”.

En concreto, la RPT prevé amortizar dos plazas de editores web y una de técnico en gestión de web. La delegación en À Punt de CCOO valora que “la peor noticia es que los despidos en los departamentos más afectados no se modifican: redes y lingüistas ven rebajado el personal entre un 25 y un 50%, con despidos de compañeros y compañeras que han contribuido, como los que más, a levantar esta casa desde el inicio, después de cinco años de vergonzoso silencio desde el cierre de Canal 9”. Para CCOO, estos despidos suponen un “ataque contra la lengua propia a todos los niveles, pero sobre todo a nivel escrito”.

El departamento de Digital es clave en esta disputa. La comunicación y la difusión que hace À Punt de su programación funciona en valenciano —al contrario de la apuesta por el castellano de PP y Vox— y, teniendo en cuenta que la dirección actual siempre justifica sus decisiones en la voluntad de aumentar la audiencia de la radiotelevisión pública, es precisamente este ámbito donde no se puede decir que À Punt no esté funcionando. Así, si bien la cadena recoge cifras más modestas de cuota de pantalla —y se sitúa como una de las que menos audiencia abarca, entre las autonómicas—, hay que reconocer que, por lo que respecta a los números de las redes, esto no es así; como ejemplo, se pueden aducir los 200.000 seguidores que acumula en Instagram, más del doble de los 70.000 de su homóloga vasca.

Ahora bien, el departamento de Recursos Lingüísticos es, sin duda, el peor parado, y se queda en una situación de precariedad notable, ya que se elimina a la mitad de los trabajadores y trabajadoras: de 12 se queda en 6. Es difícil que, con estas cifras, À Punt pueda cumplir el objetivo de promocionar la lengua propia del País Valencià con el que nació. Pero, de hecho, PP y Vox, ya se aseguraron de cambiar la ley para eliminarlo.

Desde Intersindical se critica duramente esta decisión y se apunta a la situación ya precaria que vivía el departamento y que ahora se agravará. La realidad es que la corrección lingüística de las externalizaciones de À Punt deja bastante que desear. Como ejemplo más notable, está el programa vespertino Va de bo, con un presentador, Nacho Cotino, que, aunque el espacio está catalogado como de emisión en valenciano, se pasa constantemente al castellano. 

En este sentido, Intersindical denuncia una “degradación notable” de la calidad lingüística de À Punt. Hay que recordar que, en su informe, Francisco Aura, director general de À Punt, señalaba como objetivo estratégico para ganar audiencia la introducción del castellano y, asimismo, la “relajación” de la corrección del valenciano. Sin embargo, los programas con más cuota de pantalla de À Punt siguen siendo los que se vehiculan en la lengua propia. 

Así pues, más allá de las cifras concretas, se puede observar, en la configuración de esta nueva RPT, un nuevo paso adelante para la castellanización de À Punt y el control de su línea informativa por parte de PP y Vox. Se precariza los departamentos más implicados en el uso de la lengua propia en la radiotelevisión pública y se mueven fichas en Informativos, donde su nuevo director, Josep Magraner, es objeto de fuertes críticas de parcialidad en favor del argumentario del Gobierno de la Generalitat, del cual actuaría como correa de transmisión.

En este sentido, la Unió de Periodistes ha salido a criticar duramente la nueva RPT de À Punt. En un mensaje en sus redes, han calificado la aprobación de la RPT de “unilateral”, “sin el acuerdo de los sindicatos” y “despidiendo a parte de la plantilla”. Además, también han manifestado su preocupación por “la opacidad, las irregularidades y la falta de garantías en las nuevas bolsas de trabajo, con una baremación más que cuestionable y una falta de transparencia evidente”.