Racismo policial Paterna La Policía investiga el trato y las sanciones a mujeres migrantes que van a realizar trámites a la comisaría de Paterna

La Policía Nacional ha abierto una información interna a raíz de los recientes casos de mujeres migrantes que acudieron a la comisaría de Paterna (València) para expedir el DNI de sus bebés, con nacionalidad española, y fueron sancionadas con multas de 501 euros y un expediente de expulsión por estancia irregular en el país.

Según confirma a Público el Ministerio del Interior, el Cuerpo Nacional de Policía ha abierto esta investigación después de recabar los expedientes necesarios. Se trata de una investigación interna para determinar si cabe derivar algún tipo de responsabilidad por estos hechos que, según denunció la organización València Acull (València Acoge), son constitutivas de un "trato policial humillante".

La información interna se ha abierto después de que la Delegación del Gobierno en València remitiera a Interior el pasado 10 de diciembre el expediente administrativo incoado a partir de la denuncia de dos mujeres de nacionalidad colombiana. A ellas se les abrieron el pasado noviembre sendos procedimientos sancionadores por estancia irregular cuando fueron a las dependencias policiales de la ciudad para realizar el último trámite del proceso por el que sus bebés, nacidos en España, recibirían la nacionalidad española, concedida por orden judicial del Registro Civil por valor de simple presunción.

Lo mismo le ocurrió a otra mujer de nacionalidad paraguaya el pasado jueves, casi tres semanas después de que la delegada del Gobierno en València, Gloria Calero, abriera una investigación por presunto trato policial humillante a las dos mujeres colombianas en esta comisaría.

El pasado 23 de noviembre, Calero pidió explicaciones sobre estos casos al jefe de la Comisaría Nacional de Paterna, al jefe superior de Policía en el País Valencià y al jefe regional de Operaciones. Según la Delegación, en dicho encuentro, la delegada y el subdelegado del Gobierno les trasladaron su preocupación por estas denuncias y ordenaron a la Policía que, "actuando siempre según el criterio de la ley de Extranjería, no se obstaculice el derecho de las personas migrantes a que los descendientes que nazcan en España se les reconozca la nacionalidad española". 

"Te has aprovechado y ahora te toca pagar 500 euros"

Los casos fueron denunciados por València Acull el pasado noviembre, cuando difundieron dos audios grabados por una de las mujeres sancionadas cuando un agente de policía le incoaba el expediente sancionador. "Has estado trabajando, no has estado cotizando, no has estado pagando una Seguridad Social, si te has puesto enferma has ido al médico... Al final es lo que hay, tú te vas aprovechando de las cosas, no te juzgo, pero te has estado aprovechando de unos beneficios. Pues oye, ahora te toca pagar 500 euros. Después de todo lo que has recibido, pagar 500 euros tampoco es tanto[...]. Llora todo lo que quieras, di que esto es racismo, que es xenofobia, lo que tú quieras, pero te has estado aprovechando aquí durante equis tiempo y es lo que hay", se escucha en una de las grabaciones. 

La Delegación del Gobierno en Valencia se reunió esta semana con miembros de València Acull, a los que les trasladó su malestar por los dos primeros casos y que se había pedido un nuevo informe a la Jefatura Superior de Policía a raíz del tercer caso. Sin embargo, según esta asociación, son "insuficientes" las medidas adoptadas por la Delegación del Gobierno. "Solo hablan de los casos en los que acuden a sacar el DNI de sus hijos. Nosotros pedimos que no se humille ni se sancione a ningún migrante en situación irregular que vaya a dependencias policiales para cumplir con trámites de Extranjería o a denunciar haber sido víctimas de un delito", explica Paco Simón, de Valencia Acull.

También exigen a Delegación del Gobierno que dé las mismas instrucciones a todos los puestos de Guardia Civil y comisarías de la región. "Mucha gente no denuncia por su situación de irregularidad administrativa", añade Simón. "No se puede abrir un expediente sancionador por estancia irregular a cualquier migrante que vaya a comisaría, esto disuade y genera desconfianza en los cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado", apostilla.

El Defensor del Pueblo ya ha pedido estas mismas acciones en repetidas ocasiones y por los mismos motivos desde hace años. Sin embargo, en la comisaría de Paterna, donde no se ha expedientado por el momento a ningún agente, no parecen estar de acuerdo con estas recomendaciones.