· TODOS LOS RETOS DEL NUEVO GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ - VER ESPECIAL

La inmigración se ha convertido en el último lustro en uno de lo mayores retos que debe afrontar Europa y, sobre todo, España, a donde las llegadas se han disparado y las muertes de migrantes han rebasado cifras de hace una década. Devolver la atención sanitaria a los migrantes, derogar la devoluciones en caliente o establecer vías legales y seguras para evitar más naufragios son algunas de las tareas que Pedro Sánchez tiene a su alcance.

El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene por delante una de las tareas más abandonadas por la anterior Administración: el drama migratorio. Mientras el PP ha resumido su política en el control y la externalización de nuestra frontera hasta Marruecos y Argelia, el movimiento de personas ha dejado claro que no haya vayas ni mares que detengan su éxodo. De Sánchez va a depender seguir actuando de forma cegada para complacer a la UE o atajar la sangría de nuestra zona del Mediterráneo.

Vías legales y seguras

España es actualmente el tercer país de la Unión Europea que más migrantes recibe por vía marítima, aunque en el último año está muy cerca de superar a Grecia y, si se mantiene el ritmo actual de llegadas, no tardará mucho en ser el tercer país receptor de migrantes irregulares. Al mismo tiempo, el cierre de la ruta Libia-Italia ha provocado un notable incremento de la afluencia de pateras por la ruta occidental (aguas del Estrecho y mar de Alborán).

En lo que va de año, 237 personas han muerto o desaparecido intentando llegar a las costas españolas desde el norte de África, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, dependiente de la ONU. Son un cifras más que preocupantes, ya que en medio año superan a todas las víctimas mortales de 2017 en la ruta del Mediterráneo occidental.

Desde la oposición y un amplio número de organizaciones no gubernamentales se pide un giro de 180º en las políticas de control fronterizo que contribuyen al incremento de muertes en el Mediterráneo. La alternativa no es nueva y pasa por una apuesta firme por establecer vías legales, ordenadas y seguras para que los que huyen de la pobreza, el hambre y la violencia extrema en sus países no tengan que jugarse la vida en barcas de juguete en mar abierto o caigan en manos de las mafias y redes del tráfico de personas. Piden la posibilidad de solicitar asilo en consulados y embajadas en el extranjero y facilitar la consecución de visados para venir a España. Sin embargo, esta solución se antoja demasiado compleja para el escaso tiempo que resta de legislatura.

Otra de las tareas pendientes que deja Rajoy es la cifra de refugiados de Oriente Medio que España debe acoger. El Gobierno se comprometió con Bruselas a reubicar y reasentar a unos 17.000 refugiados, de lo que está legalmente obligado a acoger a unos 9.300. El pasado 26 de septiembre finalizó el periodo de dos años en el que deberían haber llegado. En la actualidad, no llega a 1.300 los que están en España.

Acabar con las devoluciones en caliente

Las devoluciones automáticas de personas que la Guardia Civil realiza constantemente en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla son uno de los aspectos que más críticas han suscitado durante los seis años de Gobierno conservador. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dejó claro a nuestro país que devolver en caliente a una persona que ha superado el vallado fronterizo atenta contra sus derechos. Por un lado, imposibilita una tutela judicial efectiva, ya que ningún juez interviene en el proceso; no permite al afectado solicitar asilo ni determinar si es o no menor de edad. Por ello, el Estado fue condenado en 2017 por dos devoluciones en la valla de Melilla en 2013, una condena que el Gobierno ha recurrido.

Una de las promesas más repetidas en la oposición por el ahora presidente socialista ha sido su intención de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley mordaza. Fue durante su aprobación, a través de una disposición adicional a la Ley de Extranjería, cuando el Gobierno intentó dar cobertura legal a estas devoluciones mediante la figura del rechazo en frontera. Una medida criticada por toda la oposición, juristas, abogados, el Defensor del Pueblo e, incluso, diferentes comités de las Naciones Unidas. En manos del nuevo Gobierno está derogar ese apartado y modificar el protocolo de los agentes que actúan en las fronteras. En el Congreso cuenta con apoyos suficientes para llevarlo a cabo.

Fin del apartheid sanitario

En septiembre de 2012, el Gobierno de Rajoy emitió el Real Decreto 16/2012, que entre otras cosas, dejó sin cobertura sanitaria a personas en situación administrativa irregular. Los llamados 'sin papeles' sólo podían ser atendidos en Urgencias. Miles de personas quedaron excluidos del sistema sanitario, se retiraron 800.000 tarjetas sanitarias y el PP acabó con el principio de sanidad universal. Los migrantes indocumentados no podían, por ejemplo, consultar a un especialista. El resultado, según un reciente estudio del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, es que la mortalidad de los 'sin papeles' ha aumentado un 15% desde entonces, afectando sobre todo a los más vulnerables.

El PSOE siempre criticó esta medida y pidió su derogación. En las regiones donde gobierna ha intentado sortear este Real Decreto, pero el compromiso de Sánchez ha sido claro. Se comprometió en su discurso a poner en marcha aquellas iniciativas en las que hay acuerdo parlamentario, como el Pacto Político y Social por una Sanidad Pública y Universal suscrito el pasado mes de septiembre por todos los grupos, salvo PP y Ciudadanos. “Asumo el compromiso de retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país que fueron excluidas de ella", dijo.

Despenalizar la manta

La muerte del mantero senegalés Mame Mbaye, que el pasado marzo sufrió un infarto después de escapar de una operación policial contra los vendedores ambulantes en el centro de Madrid, volvió a poner en la agenda política y mediática la situación de los migrantes irregulares cuyo único medio de vida es la manta. Mbaye corría porque los bolsos falsificados que vendía en la Plaza Mayor podían costarle una condena de entre seis meses y dos años de cárcel, además de una multa. Todo por un supuesto delito penal contra la propiedad intelectual.

Hasta el 2015, el top manta estaba castigado con una sanción administrativa, pero la reforma del código penal del PP volvió a considerar un delito esta actividad, una de las pocas oportunidades que tiene una persona indocumentada de salir adelante en nuestro país. Unidos Podemos registró una Proposición de Ley para volver a despenalizarlo, algo que ya hizo el Gobierno socialista de Zapatero. Éste es uno de los principales caballos de batalla de las comunidades migrantes, ya que no temen sólo la cárcel, sino la imposibilidad de obtener un permiso de residencia al contar con antecedentes penales por vender gafas de sol en la Gran Vía.

Estas son las prioridades que la población migrante y quienes les prestan apoyo han puesto sobre la mesa en los últimos tres años, aunque hay otras que también han sido una constante durante el Gobierno de Rajoy, como el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, la derogación de la Ley de Extranjería y la desaparición de los exámenes para obtener la nacionalidad.