Llegar de forma irregular a España desde países subsaharianos es un calvario que, en demasiadas ocasiones, termina engordando la lista de muertes en el Mediterráneo. Pero llegar, pese al esfuerzo, no les garantiza nada. Una vez en Europa, la mayoría de estos inmigrantes sobrevive gracias a la venta ambulante al carecer de posibilidades de regularizar su situación. Son los conocidos como manteros, y este martes protestarán delante del Congreso de los Diputados a las 11.30 horas para exigir que se deje de criminalizar su único medio de vida, el llamado ‘top manta’, que está penado con hasta dos años de cárcel desde la reforma del Código Penal que el PP acometió en 2015.

Tras años de movilización y visibilización de su problemática, varias organizaciones de manteros e inmigrantes indocumentados de todo el Estado consiguieron en 2010 que se introdujera un tipo atenuado para la venta ambulante. No se despenalizó del todo, como pretendían, pero sí lograron que poner una manta con mercancía a la venta en una acera dejara de conllevar el riesgo de acabar en la cárcel. En su lugar, se introdujeron multas y trabajos en beneficio de la comunidad.

“La reforma del Código Penal de 2015 vuelve al momento anterior a 2010. El artículo 274.3 vuelve a tipificar penas de entre seis y dos años de cárcel y multas de entre 700 y 2.000 euros” por algo que antes se consideraba una falta contra la propiedad industrial y que suponía una multa inferior a 400 euros, explica Marisa Pérez Colina, de la Asociación de Sin Papeles de Madrid. Y no queda ahí la cosa. Si se condena a una vendedor por este motivo, al ser culpable de un delito penal, puede perder el permiso de residencia e incluso se deportada, independientemente de que tenga los papeles en regla.

"Criminalización de la pobreza"

El problema del desempleo se suma, en el caso de los inmigrantes indocumentados, a la Ley de Extranjería. Sin posibilidad de lograr un contrato de trabajo que les permita obtener un permiso de residencia e ingresos económicos, la venta en la calle es la única alternativa de la que disponen. "En la calle nos quitan la mercancía, nos ponen multas o nos detienen por no tener papeles. Estas detenciones pueden terminar con un encierro en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o con un juicio y condenas de hasta dos años de cárcel. Con estos antecedentes policiales y penales ya no es posible que nos concedan el permiso de residencia y, sin permiso, ya no puedes obtener un contrato", denuncian los manteros, que consideran estas medidas una “criminalización de la pobreza”.

“Para los inmigrantes de origen subsahariano, muchos de ellos residentes en nuestras ciudades desde hace más de diez años, ésta ha sido y sigue siendo una vía de salida que les permite ir sobreviviendo. En ese sentido, las alternativas son pocas: o son explotados como jornaleros o en el empleo doméstico, o venden en la calle. No caben más opciones”, asegura el manifiesto "Sobrevivir no es delito”, con el que estos colectivos pidieron la despenalización del top manta en diciembre del pasado año.

“Pedimos que las instituciones vuelvan a reconocer que la venta al por menor de productos protegidos por las leyes de propiedad industrial e intelectual no puede ser penalizada como delito y afectada por penas de multas y de privación de libertad”, asegura el manifiesto, respaldado por miles de firmas. Las organizaciones impulsoras consideran que estas penas son injustas, antidemocráticas, inadecuadas, desproporcionadas y, sobre todo, ilegales, “porque contradicen el principio de intervención mínima: el recurso al derecho penal como última ratio”.

Votación atascada en el Congreso

El manifiesto, junto a protestas en la calle, vino acompañado de una Proposición No de Ley que registró el grupo confederal Unidos Podemos, pero que actualmente se encuentra a la espera de ser votada en la Comisión de Justicia para que pase a tramitarse como Proposición de Ley. “Esta votación se está posponiendo continuamente. Actualmente se encuentra aplazada sine die y, aunque nos hemos puesto en contacto con los demás grupos parlamentarios, no hemos obtenido respuesta”, afirma Pérez.

La iniciativa por la despenalización del 'top manta' también pretende denunciar los “abusos de autoridad” por parte de los agentes de policía nacional y municipal. Los vendedores ambulantes aseguran que sufren humillaciones, violencia física y abusos como la confiscación de la mercancía sin que se elabore un expediente. Tampoco pueden denunciar estos hecho porque su situación de ilegalidad les impide acudir a una comisaría a denunciar.

"No nos resignamos a esta situación porque nuestro empeño sigue siendo tener

una vida digna. Por eso nos organizamos colectivamente en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Málaga y en otras provincias y ciudades de España. Nosotros decimos "Mbolo Moy Dole" (la unión hace la fuerza)", aseguran el Sindicato Mantero y Latero de Madrid y la Asamblea de Sin Papeles de Madrid.