La regulación del cannabis sigue sin avanzar mientras el Ejecutivo de Ayuso insta a delatar a consumidores

Madrid, cuyo Gobierno autonómico ha aprobado un polémico plan contra las drogas que insta a delatar a consumidores en centros educativos y entre inquilinos de viviendas sociales, acoge este sábado la Marcha Mundial de la Marihuana, que en ediciones anteriores congregó a miles de personas para reclamar la regulación del cannabis. Esa legalización aún no se ha producido en España tras seis años de gobiernos progresistas, ni siquiera la del uso medicinal que solicitó el Congreso en 2022. 

La manifestación de este año ha tenido que cambiar su habitual recorrido, de la Puerta del Sol a la Plaza de España, debido a una marcha evangelística organizada por el Centro Cristiano Integral, que transcurrirá por el mismo itinerario y a la misma hora, a partir de las 18.00 de la tarde, aunque en el sentido inverso. 

La Delegación del Gobierno en Madrid comunicó el pasado 15 de abril a las organizaciones cannábicas convocantes de la Marcha Mundial de la Marihuana que el trayecto solicitado ya había sido autorizado a la citada organización cristiana y que propusieran una ubicación o un horario alternativo. Por ese motivo, este año la manifestación partirá de la Puerta del Sol, pero concluirá en la fuente de Neptuno, tras pasar por la calle Alcalá y Cibeles.

Detrás de esta movilización, habitualmente multitudinaria, hay una base sociológica relevante. El cannabis es la sustancia con mayor prevalencia de consumo en España: el 43,7% de la población de 15 a 64 años reconoce haberla consumido alguna vez en la vida, según la Encuesta de 2024 sobre Alcohol y Otras Drogas elaborada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ese porcentaje supondría una cifra superior a los 13 millones de personas, aunque el número de quienes consumen cannabis de manera más frecuente -en el último mes, por ejemplo-, es bastante menor: un 10,5%. Y de entre ellas, solo un 1,4% presenta un consumo problemático, de acuerdo con ese sondeo.

Son muchas personas las que consumen cannabis y muchas también las que están a favor de su regulación. De acuerdo con los datos del Barómetro del CIS de abril de 2021, el 49,7% de la población española es partidaria de la legalización, un porcentaje que asciende al 90,1% si es únicamente para un uso medicinal

En el punto de inicio de la marcha, la Puerta del Sol, está ubicada, precisamente, la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuyo Gobierno, liderado por la popular Isabel Díaz Ayuso, se ha erigido en el principal ariete contra cualquier regulación del uso del cannabis. "Las drogas forman parte de una trampa ideológica para minar las sociedades desde dentro, llegándose incluso a presentar como algo natural, medicinal o recreativo (…). Lo presentan como algo inocuo y amable, y bálsamos labiales, vapeadores y cremas milagrosas están ocupando las calles de ciudades enteras, y donde antes había comercios de multitud de productos, hoy hay establecimientos empapelados con hojas de marihuana", afirmó Ayuso al presentar en noviembre un plan regional contra las drogas.

El plan, dotado con 200 millones de euros, contempla la instalación de buzones, físicos y digitales, en los centros educativos para denunciar de forma anónima el consumo o tenencia de drogas en colegios o institutos, y un servicio para detectar "situaciones irregulares de venta, plantaciones de marihuana o uso habitual de sustancias" en las viviendas sociales que gestiona la Comunidad de Madrid, con cuyos inquilinos organizará actividades para concienciarles de los efectos dañinos de las drogas.

"No queremos volver a ver sufrir a las madres de la droga ni deambulando a los jóvenes sin rumbo por las calles", dijo Ayuso al presentar el plan, cuestionado por entidades y profesionales que trabajan en la prevención y tratamiento de adicciones por el tipo de mensaje que intenta trasladar.

Una 'política anacrónica'

Fernando Aranaz, presidente la Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis (AMEC), que organiza desde 1997 la manifestación por la regulación de la marihuana, considera "una política anacrónica" el plan contra las drogas de la Comunidad de Madrid. A su juicio, el plan busca más que nada el enfrentamiento con el Gobierno central, que ha puesto en marcha un proyecto para regular el uso medicinal del cannabis.  "La información que se proporciona tiene que ser veraz, creíble, para que se sepan las consecuencias del consumo, pero no de este modo Gestapo que fomenta las denuncias anónimas", explica Aranaz a Público.

A la primera marcha por la legalización, que fue una concentración en la Puerta del Sol, acudieron solo 200 personas. Desde entonces, cada año ha ido aumentando la participación hasta hacerse multitudinaria en una convocatoria que se organiza en el mes de mayo en muchos países del mundo con un tono especialmente festivo. 

"Ya han pasado 28 años desde la primera, pero parece que estamos en el día de la marmota, porque el mundo cambia a nuestro alrededor, legalizan en EEUU, en Alemania, Canadá,... mientras que aquí seguimos igual que en los años 90, sin regular nada", se lamenta Aranaz.

Otra de las organizaciones convocantes, la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (Confac), también se queja de la falta de avances regulatorios en España y de políticas muy agresivas contra los usuarios de la planta, como la de la Comunidad de Madrid. Una de sus portavoces, Ana Afuera, asegura a Público que este año "está habiendo mucha represión", sobre todo con las tiendas que venden productos con CBD -componente no psicoactivo del cannabis- y con las asociaciones de usuarios que han sido cerradas en varias comunidades, sobre todo en Catalunya y País Valencià.

"Las 75 medidas que ha aprobado el Gobierno de Ayuso en su plan contra las drogas está generando mucha controversia -advierte Afuera-. Nos parece absurdo que planteen que los chavales tengan que denunciar a los compañeros de clase porque los han visto consumiendo porros. Sólo van a conseguir que surja la desconfianza, que incluso haya casos de acoso escolar y que los padres luego tengan que pagar las multas por consumo. Es todo un despropósito. En lugar de poner un servicio de ayuda, de apoyo al que pueda acudir la persona consumidora libremente, prefieren que se denuncien entre compañeros, creando enemistades, persecución y criminalización entre ellos".

Y mientras, nada avanza tampoco en el plano estatal, según Confac. Su portavoz se lamenta de que, un año más, van a salir a la calle en la Marcha Mundial sin que se haya producido ningún progreso regulatorio en España. Al contrario de lo que ya han hecho otros países, como Alemania, cuyo anterior Gobierno puso en marcha un proceso de legalización integral. "En este país no se regula el cannabis porque el partido socialista no quiere. En Catalunya y Barcelona están gobernando y están fomentando la represión contra este sector. Vamos detrás siempre de la zanahoria y nunca hay valentía política suficiente para abordar este tema. Ni siquiera son capaces de abordar la regulación del CBD, que no es psicoactivo, como ha dicho ya la OMS", recalca Afuera.

'Lo de Ayuso es puro teatro, no es realidad'

El Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, grupo multidisciplinar de expertos españoles convocante también de la manifestación de este sábado, critica igualmente la falta de avances regulatorios, por un lado, y la política "teatral" del Gobierno de la derecha en Madrid para oponerse a lo que defiende la izquierda. Su portavoz, Hugo Madera, dice a este periódico que la falta de aspiraciones sólidas de Isabel Díaz Ayuso para llegar a la presidencia del Gobierno central, a causa de los desmanes que acumula de su padre, su hermano y su novio, le llevan a recurrir a "fantasías animadas" como si fuera de verdad la presidenta de la nación.

"Como la ministra (de Sanidad) Mónica García ha lanzado la regulación del cannabis, aunque solo sea medicinal, Ayuso se ha puesto a obstaculizarla y a montar el número. Pero es todo puro teatro. Es una representación, no es realidad", subraya Madera.

Sin embargo, el Observatorio de Consumo y Cultivo de Cannabis tampoco está nada satisfecho con lo que han hecho en este campo los gobiernos progresistas de coalición del PSOE, primero con Unidas Podemos y ahora con Sumar. "Es preocupante -recalca su portavoz- que estemos a mitad de legislatura y ni siquiera haya sido capaz reformar la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza). En lo del CBD están intentando empeorar la situación y con el cannabis medicinal los avances no son suficientes, porque no benefician a las personas, solo benefician a las farmacéuticas".

A juicio de este grupo de expertos en cannabis, todo hace indicar que en esta legislatura tampoco habrá avances. "La izquierda debería hacer por desmarcarse de la derecha, de lo que harían PP y Vox, porque si no, la gente, al ver que todos hacen los mismo, dejará de tener este factor en cuenta. Son votos que se van a perder. De momento, lo que vemos es que están haciendo lo mismo que la derecha, es decir, ningún cambio. Y sería bueno que hubiera cambios, porque lo verdaderamente importante es que el mundo y la sociedad en España están avanzando. Y al final el árbol dará frutos. Aunque amenacen, poden, retrasen, el árbol dará frutos. Nosotros seguimos hacia adelante, hacia el futuro. El Gobierno sabrá lo que hace. Pero todo acto tiene consecuencias", advierte Madera.

El Ministerio de Sanidad sacó en octubre a audiencia pública un proyecto de real decreto de regulación del cannabis medicinal, que se limita a la dispensación de fórmulas magistrales hechas con extractos de componentes de esa planta para el tratamiento de cuatro afecciones o dolencias: espasticidad por esclerosis múltiple, formas graves de epilepsia refractaria, náuseas y vómitos a causa de la quimioterapia y dolor crónico refractario, el que ya no responde a tratamientos habituales como los de los opioides.

El proyecto de decreto establece que la prescripción tan sólo podrán hacerla los médicos especialistas que traten a pacientes con las indicaciones permitidas, siempre que los medicamentos ya autorizados no consigan un control satisfactorio de los síntomas. Además, las fórmulas magistrales autorizadas únicamente se podrán dispensar en las farmacias de los hospitales, no en las comunitarias que se encuentran en la calle. Sanidad remitió a principios de año el proyecto a la Comisión Europea para que dé su conformidad y aún no se conoce la respuesta.

La regulación del uso medicinal del cannabis fue solicitada hace ya casi tres años, en junio de 2022, por el Congreso de los Diputados, algunos de cuyas recomendaciones no han sido incluidas en el proyecto de decreto del Ministerio de Sanidad.

España, potencia mundial de cannabis medicinal

Pero la falta de avances regulatorios no ha impedido que España se haya convertido en una de las potencias mundiales en producción de cannabis medicinal. A finales de 2024, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) notificó a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) una producción de 51,3 toneladas de cannabis con fines médicos, un 42,5% más que al inicio del año, cuando España ya se había situado en el G-7, entre los siete primeros países del mundo con mayor volumen de fabricación de estos productos. 

La producción sale de las entidades y empresas que cultivan cannabis con fines médicos o de investigación con licencias aprobadas por la AEMPS, organismo del Ministerio de Sanidad, conforme a los requisitos establecidos en una normativa aprobada en 1967 durante el régimen de Francisco Franco. Actualmente, hay 24 licencias en vigor, en torno a un 150% más de las que había hace cinco años, aunque su producción debe ir destinada al completo a la exportación a otros países donde sí está regulado su uso.

Un informe sobre la situación del mercado del cannabis medicinal en España, elaborado en 2024 por la consultora especializada en el sector Cannamonitor, revela que en nuestro país ya hay unas 60 empresas que trabajan en este ámbito, las cuales han hecho inversiones por valor de un total de 115 millones de euros, principalmente en instalaciones situadas en el sur de la península. 

Según el estudio, el sector ha experimentado un gran crecimiento desde 2021 hasta generar más de 500 millones de euros en ingresos anuales, crear cerca de 7.000 empleos y aportar 132 millones de euros al año en impuestos y en cotizaciones a la Seguridad Social.

La derogación pendiente de la ley mordaza

Otra de las grandes reivindicaciones que estará presente en la manifestación del sábado en Madrid será la derogación de la ley mordaza, que prevé multas de un mínimo de 600 euros por tenencia o consumo de drogas en espacios públicos, la causa del 60% de las sanciones impuestas con esta norma desde su aprobación en 2015. En 2023, según la última estadística anual publicada por el Ministerio del Interior, las multas por drogas aumentaron un 35,5%. 

Desde la entrada en vigor de la ley hasta 2023, las fuerzas de seguridad impusieron un total de 1.313.886 sanciones por hacer uso o estar en posesión de sustancias ilegales en espacios públicos (nunca por traficar con ellas), lo que supuso una recaudación de 839,5 millones de euros. La gran cantidad de multas que se imponen con la ley mordaza ha situado a España, además, entre los países de Europa donde más se sanciona a los usuarios de cannabis. Según un informe del Observatorio Europeo de las Drogas de 2022, nuestro país acumulaba ese año el 43% de todas las infracciones registradas en el continente por consumo o tenencia de cannabis.

Paty Amiguet, portavoz de Confac en la plataforma No somos delito que promueve la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, confía, tras haberse reunido con casi todos los grupos parlamentarios, en que pueda haber un cambio normativo antes de que acabe esta legislatura.  "Mi sensación -alega a Público- es que están llevando las negociaciones con más secretismo para que no se filtre nada y pueda salir un acuerdo. El documento está pactado prácticamente, pero se necesitan los votos de todos, así que van a ser claves las negociaciones transaccionales. Y espero que a la tercera sea la vencida".

El presidente de AMEC cree, por su parte, que, a falta de avances regulatorios, al menos se debería reformar la ley mordaza para acabar con las multas por consumir cannabis en un espacio publico. "Es lo mínimo que se puede hacer, ya que no se atreven a regular. Es un inmovilismo que no se entiende después de lo que han hecho otros países como Uruguay, EEUU, Alemania o Canadá”, concluye Fernando Aranaz.