BENIDORM.- El conflicto abierto en el Puerto de Benidorm entre los empresarios asociados y los viejos adjudicatarios instalados desde hace casi 50 años se complica día a día. La supuesta complicidad entre los funcionarios públicos al frente de la gestión de Puertos de la Generalitat Valenciana desde 1995, y los adjudicatarios de servicios turísticos en el Puerto de Benidorm que siguen al pie del cañón desde que Fraga era ministro de Información y Turismo, “es el factor desestabilizador que -según la asociación empresarial Costa Blanca Marine- está generando un ambiente irrespirable en la actividad empresarial náutica, que no se desarrolla en igualdad de condiciones entre los nuevos y los viejos”.

Tras distintas denuncias en diversos estamentos realizadas por los servicios jurídicos de esta asociación empresarial, que coordina el letrado Benito González, “lejos de encontrar diálogo y soluciones por parte de los funcionarios responsables de Puertos y Costas, nuestros clientes se han topado con respuestas hostiles y beligerantes, o simplemente el silencio, que ponen por sí solas de manifiesto la existencia de presuntas conductas que podrían tener encaje en el código penal”.

El último episodio vuelve a tener como protagonistas a los funcionarios de la Generalitat. En esta ocasión se trata del perito Agustín Lloret Soler, funcionario de la Consellería de Obras Públicas, responsable de Puertos del área centro de Alicante, y de su celador en el Puerto de Benidorm Fernando Piris Reynau. Ambos dependientes jerárquicamente de Julio Mariano Marín Sánchez, jefe del Servicio de Explotación y Conservación de Puertos, quien llegó al cargo en octubre de 1995 por designación personal del exconseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Luis Fernando Cartagena, bajo el gobierno autonómico de Eduardo Zaplana. El 17 de julio de 2008 el exconseller Cartagena ingresó en el Centro Penitenciario Alicante II de Villena para cumplir una condena de 4 años de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, al apropiarse de un donativo de 49.000 € de las Hermanas Carmelitas.

El pasado 2 de agosto Agustín Lloret se presentó en el Club Náutico de Benidorm para ordenar la expulsión inmediata de ese recinto portuario de todas las embarcaciones pertenecientes a miembros de la asociación empresarial Costa Blanca Marine, así como una embarcación de rescate y solo una embarcación de las cuatro que posee Carlos Serrano, adscritas a la misma categoría. Público habló con este director de Puertos, pero se negó a contestar a ninguna pregunta. La razón argumentada es que el puerto deportivo no había solicitado autorización a la Generalitat para tener amarrados los barcos de esa categoría.

Las embarcaciones de los empresarios asociados, 12 en total, tienen su puerto base legal en el Club Náutico desde los años 2009, 2012 y 2014. Todos estos barcos están catalogados en la denominada Lista 6ª -embarcaciones deportivas o de recreo que se explotan con fines lucrativos-, tienen su autorización oficial de alquiler de embarcaciones de recreo concedido por la Generalitat Valenciana y con contrato público otorgado por el Ayuntamiento de Benidorm, todos ellos vigentes.

“Esta nueva acción de castigo -según Costa Blanca Marine- persigue obviamente causarnos un perjuicio claro a los asociados exclusivamente por ser incómodos y estar hartos de los privilegios de los siempre. El acto administrativo va dirigido a perjudicar a terceros como el Club Náutico de Benidorm para generar un mayor clima de hostilidad hacia nosotros por intentar cambiar las cosas tras 50 años de impunidad y compadreo”.

Para los asesores legales de Costa Blanca Marine esta medida extraordinaria en plena temporada turística, carece de sentido “si tenemos en cuenta que el funcionario de Puertos y su celador sabían de esta situación desde hace lustros ¿por qué ahora?”. Aseguran que detrás de esta decisión se esconde el hecho de que el Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm ha citado a juicio al adjudicatario Carlos Serrano Baladrón acusado de un presunto delito de amenazas y coacciones, tras la denuncia de la asociación empresarial. La notificación judicial de la celebración de la vista se realizó el viernes 29 de julio, es decir, tres días antes de la decisión del funcionario Agustín Lloret, a quien Carlos Serrano reconoce públicamente “como amigo personal de muchos años”.

En diversos clubes náuticos del País Valenciano consultados por Público aseguran que tienen embarcaciones de la lista 6ª amarradas en sus puertos, al menos, desde hace 10 o 15 años. “La petición de autorización a la Generalitat de permitir estos amarres es una mera formalidad, ya que aquí hay funcionarios autonómicos de puertos que están todo el día revisándolo todo y saben perfectamente cuál es la situación". “Además para poder operar -señala un directivo de unos de estos puertos que prefiere el anonimato- estos barcos tienen autorizaciones específicas de la propia Generalitat, han de hacer frente a revisiones de seguridad y a tasas anuales que son inexcusables para poder trabajar, por lo que la medida adoptada en Benidorm por el funcionario de turno de la propia Generalitat es, cuando menos, extraña”.

Los asesores legales exponen una retahíla de denuncias que los funcionarios de Puertos de la Generalitat -todos ellos con al menos quince años el mismo en el mismo destino y promocionados por los gobiernos autonómicos del PP- “se niegan a atender si éstas van dirigidas contra la vieja guardia”.

Según el letrado del bufete “Bru & Soler Abogados” las denuncias presentadas ante la autoridad portuaria, Costas, Seprona y Policía Nacional hacen mención “al presunto abuso que estas empresas adjudicatarias cometen contra el medio ambiente marino, las prácticas de ocio que hacen en las bocanas de los puertos con riesgo para las personas, vertidos ilegales sobre las praderas de posidonia, navegación a más de 12 nudos expresamente prohibida en los parques naturales marítimos -como es el caso del Parque Natural de Serra Gelada e Isla de Benidorm-, amarres de barcos para bloquear la salida de embarcaciones de otras actividades, coacciones a los clientes de submarinismo o de embarcaciones de recreo para espantarlos, bloqueo de nuestras embarcaciones en los amarres concedidos por la Generalitat, amenazas, etcétera, y así durante dos largos años”.

Según los miembros de la asociación Costa Blanca Marine, formada por profesionales del derecho, biólogos, ingenieros, funcionarios, profesores universitarios, entre otros, “la justicia ordinaria ya está actuando en las causas penales, pero las administrativas se ignoran por sistema”.

Los responsables de Costa Blanca Marine y su responsable de servicios jurídicos mantuvieron el pasado 26 de julio una reunión de trabajo con el director general de Obras Públicas, Carlos Domingo Soler, a petición de este, en la sede de la Consellería de Vivienda, Obras Publicas y Vertebración del Territorio, que dirige la consellera socialista María José Salvador. En esta reunión se aportaron documentos, denuncias y material sensible acerca de la situación de conflicto con los viejos adjudicatarios y el trato de favor que les dispensan los funcionarios de Puertos.

Una semana antes, miembros de Costa Blanca Marine mantuvieron otra una reunión sobre esta misma materia en Les Corts Valencianes con asesores del grupo parlamentario de Compromís y con los diputados autonómicos de Podemos Antonio Montiel y César Jiménez Doménech.