Más represión contra el movimiento por la vivienda en Catalunya: "Nos quieren desmovilizar, pero no pararemos"

En marzo de 2024, una treintena de sindicatos y organizaciones  por la vivienda de los Països Catalans ―principalmente, de Barcelona, pero también de toda Catalunya, Palma y València― publicaron En defensa de nuestros derechos y libertades políticas, un manifiesto en el que denunciaban el aumento de represión que habían sufrido los últimos años. Algunos de los episodios que ponían de ejemplo eran las peticiones de prisión para las encausadas por el caso Olzinelles o el "macrodispositivo policial" para desalojar el Kubo y la Ruina, aunque no fueron los únicos casos. De hecho, según los cálculos de aquel momento, el movimiento por la vivienda acumulaba más de 300.000 euros en multas desde 2019.

El portavoz de Alerta Solidària Martí Majoral, asegura en una llamada con Público que esta represión viene de lejos. "El punto de partida es la crisis inmobiliaria del 2008. La problemática de la vivienda se dispara, la gente se organiza y surge el movimiento de los indignados, el 15-M. Más tarde, en 2015, con el PP en el Gobierno, hay cambios en la política estatal que generan más protestas y se configura un poder social, unas dinámicas de lucha que el Estado quiere frenar", explica el también abogado. Es entonces cuando se aprobó la Ley Mordaza, que permitía a la policía sancionar "sin tener que aportar demasiadas pruebas". Desde su punto de vista, esta normativa estaba pensada especialmente para el movimiento por la vivienda, ya que "penalizaba las protestas dentro de sedes privadas, como las entidades bancarias".

Este marco ha dado a diversas formas de represión contra el movimiento por la vivienda. Más allá de la propia violencia inmobiliaria y de la violencia ejercida por los grupos de extrema derecha —empresas de desempleo exprés—, están, por un lado, los grandes despliegues policiales y el abuso de poder, y, por otro lado, la vía represiva administrativa. "Los atestados muy exagerados descuidan el derecho de protesta de la gente. Una acción de resistencia puede pasar a ser una actitud de desobediencia merecedora de proceso penal", denuncia Majoral.

Los casos más sonados de multas y peticiones de cárcel en Catalunya han sido el caso Olzinelles (en el barrio de Sants de Barcelona), aún pendiente de juicio; el Bloc Llavors (Poble Sec) y Les 9 de Cassoles (Sant Gervasi), aunque también destacan Cera 40 (Raval) o Parlament 1-3 (Sant Antoni).

Tres casos paradigmáticos

El caso Olzinelles se remonta al 2020. "El Grup d'Habitatge de Sants (GHAS) y la Escola Popular aprovechamos el desfile de Carnaval para visibilizar que acabábamos de entrar en un bloque que estaba en desuso y que pronto serían realojadas personas vulnerables. El ambiente era festivo y, de golpe, llegó la BRIMO y empezó a cargar, sin mirar quién había", recuerda Marc [nombre ficticio a petición de la fuente para proteger su identidad], miembro del GHAS. Poco después de aquella intervención, unas setenta personas recibieron sanciones administrativas y la Fiscalía pidió seis años de prisión para dos activistas por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.

El juicio se ha aplazado hasta cuatro veces y se prevé hacerlo a lo largo de este 2026. "Es una estrategia de desmovilización, pero nosotros no pararemos nunca. No se deben permitir las compras especulativas de los fondos buitres. Es evidente que molestamos, porque la lucha es contra un mercado inmobiliario multimillonario, en el que los intereses económicos están por encima de todo. Nos persiguen y nos imponen peticiones de prisión para desmovilizar", denuncia Marc. A pesar de la "doctrina del miedo", como dice el joven, "militar" es su "vida" y aprovechan el "privilegio blanco" para "plantar cara y poner el cuerpo" por otras personas que no lo pueden hacer, como la gente migrada o las familias.

En cuanto al Bloc Llavors, el juicio contra 21 activistas concluyó el pasado junio con la absolución de nueve personas. Un mes después, el número de absueltos aumentó hasta los 19, y sólo dos personas fueron sancionadas con una multa de 1.080 euros por resistencia grave a la autoridad.

Todo había empezado cuatro años atrás, el 25 mayo de 2021, al día siguiente de la toma de posesión de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. Ese día cientos de personas se concentraron para impedir el desalojo de tres vecinos que vivían en el número 38 de la calle de Lleida, en el barrio del Poble-sec de Barcelona. El edificio se convirtió en un símbolo de resistencia y fue bautizado como Bloc Llavors.

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Después de que Majoral calificara el caso del Bloc Llavors de "fracaso" y de "bluf represivo", Alerta Solidària denunció, aquel mismo julio, que la Unidad Central de Investigación de Extremismos Violentos de los Mossos d'Esquadra estaba investigando el movimiento por la vivienda como si fuera "extremista" y "violento". "Convirtieron una poblemática social en una investigación policial. Es un densenfoque perverso", lamenta el abogado en la llamada con Público.

Y, por último, el último caso más ilustrativo de represión es el de Les 9 de Cassoles. En esta ocasión, nueve activistas del Sindicat d'Habitatge de Cassoles fueron encausadas por intentar impedir un desahucio en el número 22 de la calle Ferran Puig el verano de 2021. Según la versión del sindicato, "fueron detenidas de forma arbitraria, bajo la acusación de tentativa de robo con fuerza en una vivienda vacía" propiedad de la Diputació de Barcelona. Esta institución y la Fiscalía pidieron "cerca de 4.000 euros en multas y 12 años de prisión" en total. El juicio también se produjo el pasado julio y terminó con la absolución de las juzgadas.

Mecanismos de autodefensa del movimiento

Preguntado por los mecanismos de autodefensa del movimiento por la vivienda, Majoral indica dos cuestiones indispensables. Por un lado, hay que tomar conciencia del fenómeno, es decir, saber que "forma parte de la lucha" y que sólo de forma organizada se puede hacer frente a este tipo de situaciones. "Alerta Solidària trabaja en esta lógica y aporta los recursos necesarios", añade. En este sentido, Marc asegura que "se cubren las espaldas a nivel legal con unas abogadas que hacen un trabajo impecable". Al mismo tiempo, en el GHAS cada vez tienen "más formaciones antirepresivas, para anticiparse y saber qué estrategias utiliza el Estado" para identificarlos.

Y, por otro lado, la segunda cuestión, dice Majoral, es "incidir en la política". "Hay que transmitir a la sociedad que hay unos derechos de protesta que están siendo laminados y que esto también comporta una regresión a nivel social y laboral", concluye. Con todo, el miembro del GHAS asegura que la "victoria" del movimiento es "no desfallecer" y seguir luchando para que todo el mundo tenga una vivienda digna.