Las residencias privadas gallegas: caos antes de la covid-19

El azote del coronavirus en las residencias gallegas, propiedad del grupo DomusVi, provocó que la Xunta interviniese en dos centros, uno en Cangas y otro en Barreiro (Vigo). De esta manera, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) equipó a estas instalaciones de medios y personal.

Las trabajadoras veteranas de las residencias ya llevan años criticando sus condiciones las cuales se vieron perjudicadas por la Covid-19, cuando no tuvieron protocolos a seguir, ni actuaciones, ni equipamiento. Hablaron y eso les costó las amenazas por parte de la dirección de la empresa según cuentan fuentes del centro a Público: “Nos dijeron que iban a rodar cabezas”.

No es la primera vez que sufren amenazas. Una ex trabajadora de DomusVi en Cangas, que ahora tuvo que volver al centro a través del Sergas, cuenta que la empresa robaba días libres al personal en las carteleras teniendo que hacer hasta 12 días seguidos trabajando. En los documentos figuraban turnos como “compensación de festivos” cuando eran días libres. Todo terminó en un juicio y el gerente obligó a las trabajadoras a que renunciasen a esos días asegurando que no impondría la cartelera, que al final aplicó.

Las trabajadoras en DomusVi tienen que firmar una cláusula de confidencialidad. Sin embargo, como ahora acceden al centro a través de la Xunta no están obligadas a firmarla. “No pienso volver en la vida, me da vergüenza decir que estuve trabajando ahí”, cuenta una de ellas, que estuvo trabajando 3 años en Cangas. Ahora reconoce que con la intervención del Sergas la situación ha mejorado, pero que queda reflejada la falta de personal, “no habríamos llegado hasta aquí”.

En Galicia hay 30 centros repartidos por toda la Comunidad y cada uno cuenta con 150 plazas. Una trabajadora de la residencia de Chantada (Lugo) despedida tras 15 años trabajando por diversos encontronazos con su jefa orientadas a las quejas del funcionamiento de la compañía, cuenta que solo hay dos auxiliares en los turnos de noche, sin enfermera ni médico. En virtud del convenio que DomusVi tiene con la Xunta, cada cierto tiempo deben visitar el centro los inspectores, pero esta trabajadora cuenta que “siempre avisaban” antes de ir y que se preparaba todo para cuando llegase.

Las trabajadoras corroboran que DomusVi no exige formación para contratar a personal. La enfermera de Cangas cuenta que “nadie quiere trabajar allí. Llega alguien al centro, prueba uno o dos días trabajando y se va”. De esta forma y para ahorrar dinero, el centro contrata a estudiantes de enfermería como becarias, de manera que le sale más barato a la compañía, pagando una parte la Xunta de Galicia.

Paulino Campos, el presidente de la Federación Galega de Residencias y de Dependencias (REDE) explica que estas trabajadoras no llegan a tiempo para realizar todos los trabajos, ya que para movilizar a alguien se necesitan dos personas, en ocasiones con consecuencias graves que terminaron en urgencias. Además, sostiene que las trabajadoras se ven forzadas a trabajar diez días seguidos sin ningún tipo de libranza cuando el convenio colectivo radica que en los siete primeros días tienen que descansar una jornada y media.

“A tan poca gente no le da tiempo a vigilar bien a todas las personas”. Asimismo, cuenta la trabajadora de Chantada a Público que en su centro no había ni esponjas para lavar los residentes, que las curas pasaban días sin hacerse y que había ancianos con las piernas machacadas por “moverlos mal”. Y en cuando a la comida, asegura “siempre faltaba”. Dice que había días que cenaban una loncha de queso con jamón york, o toda la comida triturada del mediodía. Un día, relata, “las familias se plantaron delante de la jefa y ella llamó a la Guardia Civil diciendo que la estaban amenazando”.

Como consecuencia, en Cangas, nació el grupo llamado Vellez Digna para luchar en contra de la vulneración de los ancianos en las residencias de mayores. Algunas familias sacan a sus familiares de las residencias, pero, al ser plazas públicas, las listas son muy largas con incluso 4 años de espera para poder conseguir sitio. Desde la fundación REDE han puesto reclamaciones, donde inspección de Política Social es “responsable de todo” porque “gira la cabeza para otro lado”.

Paulino Campos asegura que las investigaciones no se han hecho con criterios de justicia o igualdad en el trabajo: “nos hemos visto desamparados, tienen en consideración la posición de la empresa”. Ahora han presentado ante la Fiscalía una denuncia de la “situación negligente y de abandono que se vive en este momento tan delicado en las residencias gallegas, prácticamente las del grupo DomusVi”.

Campos denuncia también el “secuestro” de las cifras en las residencias, ya que el Sergas no anuncia los fallecidos por cada centro. La oposición ya ha pedido a Feijóo que aclare los datos y que intervenga en todas las residencias.