Resistencia de base contra los efectos de la masificación turística

BARCELONA.- Activistas de la plataforma vecinal Ciutat Vella no està venda (Ciutat Vella no está en venta) han demostrado que Airbnb, el portal de alquileres turísticos, ofrece en Barcelona pisos que no cuentan con licencia para desarrollar esta actividad. El martes los activistas pusieron punto y final a una acción planeada durante varias semanas con la que revelaron que un mismo propietario tiene seis pisos turísticos ilegales en un bloque del barrio Gótico, cuatro más en un edificio del Poblenou y otro en el Born.

Los vecinos reservaron el alojamiento y cuando accedieron a él llamaron a inspectores municipales y a los medios de comunicación para destapar la ilegalidad del piso turístico. La acción es la última muestra de la creciente movilización ciudadana contra el turismo masivo y sus impactos negativos en la capital catalana.

La gestión del turismo se ha convertido en uno de los principales temas de la actual legislatura, sobre todo después de que el gobierno de Ada Colau aprobara en julio del año pasado —en su tercera semana de mandato— una moratoria hotelera. La medida, que le granjeó la enemistad de uno de los sectores más poderosos de la ciudad, no ha servido para evitar nuevas aperturas de establecimientos que, por varias razones, han podido esquivar la prohibición.

Con todo, la decisión supuso un claro cambio en la dinámica de un ayuntamiento que en los mandatos anteriores aplaudía la creciente llegada de turistas sin parar demasiada atención a los impactos negativos que sufría la población local.

Y es que más allá de aquellos puntos en los que la masificación turística es una realidad desde hace varios años, como Ciutat Vella y la Sagrada Familia, cada vez son más los barrios de la ciudad que sufren la cara menos amable del aumento de visitantes, sin que les compense los supuestos impactos positivos, como la posible creación de puestos de trabajo. Hechos como la desaparición del comercio de proximidad para dejar paso a establecimientos destinados a los turistas y un acelerado encarecimiento de los alquileres, especialmente marcado en aquellas zonas con más presencia de alojamientos turísticos, se repiten cada vez en más barrios de Barcelona.

Recientemente se dieron a conocer los resultados del estudio sobre pisos turísticos encargado por el ayuntamiento, que cifra en más de 15.500 el número de establecimientos de este tipo en la ciudad, el 40% de los cuales —6.275— son ilegales.

Entre otras cuestiones, el informe también señala que Airbnb no está presente sólo en cuatro de los 73 barrios de la ciudad y los cuatro se sitúan en el distrito de Nou Barris, el de menor renta. Paralelamente, esta misma semana la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, anunció que el consistorio ha pedido el cierre de 615 alojamientos turísticos ilegales gracias al plan de choque que puso en marcha en verano.

Ante este panorama de fondo, poco a poco se ha ido articulando un gradual movimiento ciudadano para señalar la creciente problemática turística que sufren sus habitantes y desmontar el discurso que el turismo beneficia a todo el mundo gracias a su impacto económico.

El ejemplo más paradigmático es la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS), que agrupa a cerca de 30 organizaciones, desde asociaciones vecinales a asambleas de barrio, pasando por partidos políticos. Surgida en la primavera del año pasado, la ABTS se dio a conocer con un escrache en la sede de Turismo de Barcelona. Daniel Pardo, uno de sus miembros, cuenta a Público que “defendemos el decrecimiento turístico, no puede seguir creciendo hasta el infinito como parece que fantasea el sector turístico”.

Pardo afirma que “el monocultivo turístico se carga el ecosistema urbano, provoca la pérdida de diversidad y población”. El activista está convencido que “hay un consenso social sobre la saturación turística”. Reconoce que el decrecimiento turístico no se puede abordar de golpe, ya que “se generaría un vacío a nivel de ocupación”, por lo que aboga por “en paralelo, fomentar de forma activa otros tipos de economía mucho más sostenibles a nivel socioambental”.

Hace unos meses, la ABTS presentó alegaciones al Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) elaborado por el ayuntamiento y todavía pendiente de aprobación definitiva. Entre otras cosas, la Asamblea rechaza la política de “crecimiento cero” planteada por el consistorio para avanzar hacia un “decrecimiento” en el conjunto de la ciudad.

Además también rechaza la “dispersión” de los establecimientos turísticos que propone el PEUAT, ya que “implica que la reducción que habría en el centro de la ciudad se compensaría con un crecimiento en la periferia”. Pardo reconoce que el gobierno de Colau aborda la problemática del turismo de otra manera que los anteriores, sobre todo a la hora de escuchar la ciudadanía, y subraya que el papel de la ABTS es “decantar la acción del gobierno hacia que haya un cambio real, de fondo” en esta cuestión.

Un total de 66 de los pisos turísticos ilegales que el Ayuntamiento ha ordenado cerrar este verano se encuentran en el distrito de Sants-Montjuïc, en el que recientemente se ha empezado a articular un movimiento para combatir los efectos del turismo masivo.

Rubén Molina, miembro de la asamblea de Fem Front al Turisme (Hagamos Frente al Turismo) —nacida la pasada primavera—, explica que dieron el paso porque sufren un impacto “en el día a día”, que se traduce “en que muchos de los edificios nuevos que se hacen en Sants están destinados a la industria turística, hay un claro incremento en el número de hostels y apartamentos y se está notando un incremento del precio del alquiler”.

En verano, el portal Idealista presentó un estudio que situaba el precio del alquiler de Barcelona en un máximo histórico, con un incremento del más del 20% en el último año. La plataforma está planteando sus primeras acciones y su objetivo también es articular un “discurso crítico contra las supuestas bondades del turismo”.

Más consolidada está Ens plantem, plataforma del Poblenou. Surgida este año de la confluencia de distintos espacios, como el Ateneu Flor de Maig, la antigua Asamblea Social o la izquierda independentista del barrio, ya antes del verano ocupó simbólicamente un solar contra la construcción de dos nuevos hoteles.

José Mansilla, uno de sus integrantes, expone que “pedimos que todo el barrio sea considerado zona de decrecimiento turístico, ya que de momento el PEUAT plantea que una parte sí que pueda acoger nuevos hoteles”. Además, Ens plantem quiere que se actúe contra los pisos turísticos del Poblenou, que contaría con unos 700.

Los efectos del turismo en el Poblenou son muy recientes, como ilustra una anécdota de Mansilla: “Una carnicería de toda vida cambió de nombre y ahora tiene terraza para dirigirse a un público distinto”. La mayor saturación se da en la Rambla del Poblenou y el activista opina que distintas “modificaciones normativas del pasado gobierno de CiU han facilitado la ocupación del espacio urbano y llegar a una sobresaturación”.

Los problemas que genera la saturación ya han empezado a ser percibidos por los propios turistas, hasta el punto que el 58% de ellos se quejan de que hay demasiados para hacer visitas turísticas, según la última encuesta sobre la actividad del sector encargada por el consistorio.