El reto de pedir la prórroga del alquiler pese al miedo a represalias: "Los derechos están para ejercerlos"

El Ministerio de Consumo recordó a a finales de marzo a los grandes fondos de inversión que operan en España que están obligados a aceptar las prórrogas de alquiler de aquellos inquilinos que lo soliciten. Es lo que establece el decreto ley aprobado el pasado 20 de marzo para hacer frente a la subida de precios provocada por la guerra en Irán. Gracias a él podrán mantenerse durante dos años, con las mismas condiciones y subidas máximas del 2%, todos los contratos que finalicen antes de 2027.

La mayoría de partidos de la izquierda y organizaciones sociales han aprovechado estas semanas para pedir que el máximo número de inquilinos envíen a sus caseros un burofax acogiéndose al decreto. Este es el único paso que hay que seguir para que el derecho sea efectivo. Desde los sindicatos esperan que acabe protegiendo a aproximadamente dos millones de personas. Sin embargo, hay arrendatarios que ven este movimiento como arriesgado y tienen miedo a que les pase factura cuando caduque la medida.

Es el caso de Patricia C. y sus tres compañeras. Viven en un piso de una zona universitaria de Madrid. Este mes les ha caducado el contrato de alquiler y su casera les ha pedido firmar uno nuevo, con una subida que, dividida entre las cuatro, consideran "lo suficientemente leve como para que no les compense discutir". Los días antes de firmar el nuevo texto, Patricia se planteó acogerse a la prórroga, pero ante la negativa de sus compañeras y el miedo a "enfadar a la propietaria", ha preferido no dar el paso.

"Si no tuviera que ser yo o alguna de nosotras la que mandara la carta, no habría tanto problema, pero, por ahorrarnos un poco, no nos compensa pensar que puede acabar echándonos del piso en 2027. De momento, con este contrato, tenemos cinco años más", explica. La propietaria de su casa es una mujer que gestiona todo el edificio, un bloque antiguo de Madrid que ha reformado por completo para alquilar por habitaciones. Por el piso de Patricia se lleva algo más de 1.7000 euros mensuales.

Empoderarse frente al miedo al casero

Desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) reconocen que esta es una de las primeras preocupaciones que les han trasladado a los usuarios, más allá de la parte técnica. Creen que el verdadero origen de este miedo es "la sugestión", pero que lo normal es que no haya ninguna consecuencia a posteriori, ya que se trata de una cuestión puramente legal.

"Es importante aclararlo para que la gente sepa que no está sola. Esto es un derecho legal, independientemente de que sea más o menos molesto para el arrendador, y yo espero que no acabe siendo muy polémico al final", dice a Público Víctor Palomo, abogado de la cooperativa, que recuerda que todos ellos seguirán percibiendo sus rentas. "Lo que no podrán es pegar el pelotazo, pero bueno, es que esa imagen que tenemos del pequeño propietario al que se le está ahogando y demás, ya sabemos que es falsa", añade.

El jurista subraya que, si bien, es evidente que hay arrendadores, "pero sobre todo lobbies y fondos de inversión", que están "haciendo aspavientos" con la norma, es importante "no convertirse en presos de la sugestión mediática". Por eso pide "salir del marco de que el arrendador pone su casa a disposición del inquilino y que éste es un aprovechado que vive en casa ajena". "Hay que decirle a la gente que los derechos están para ejercerlos. Si hay una posibilidad de alargar el contrato, pues ya está, no debe ser algo conflictivo. Nosotros vamos a seguir pagando, así que no nos tenemos que sentir mal", concluye.

Más allá de esta cuestión, el bufete recomienda enviar cuanto antes la solicitud, porque el contexto actual manda constantemente mensajes a los propietarios para que rescindan los contratos y suban el precio de los alquileres: "Aunque nuestro casero sea una buena persona, todo el rato recibe estas informaciones. Por televisión, anuncios, radio, sus amigos o familiares… Constantemente le están diciendo que es tonto si no sube los precios".

A este respecto, tanto desde el bufete, como desde el Sindicato de Inquilinas, suelen recordar a quienes les preguntan que "el buen inquilino" es el que demuestra que sabe sus derechos y el que da la pelea. Esta "sugestión" no es nueva, la ven constantemente con vecinos preocupados porque su casero no arregla los desperfectos o que cambian ellos mismos la caldera del piso para evitarse problemas: "¿Qué nos encontramos mucho? A personas que han asumido estos gastos o que viven con la casa en malas condiciones porque no quieren problemas o estar a malas y, al final, se llevan un chasco cuando les rescinden el contrato y se dan cuenta de que no ha servido de nada", cuenta Palomo.

Patricia describe una situación parecida. Al firmar su nuevo contrato las cuatro chicas han dicho estar conformes con el estado del piso y no han exigido ningún tipo de reforma. Sin embargo, llevan varios meses pidiendo soluciones a una humedad que ha aparecido en una de las habitaciones y va creciendo poco a poco. "Es siempre igual, pagamos más de 500 euros por compartir una nevera entre cuatro y estar meses esperando a que se arregle cualquier cosa, pero sé que si busco piso ahora, va a ser mucho peor", continúa.

Tania A. se ha llevado un "chasco" como el que describe el jurista. Esta chica comparte piso con otras tres personas desde hace cinco años. La relación con su casera hasta ahora había sido buena y, de la noche a la mañana, les ha comunicado por WhatsApp que se tienen que marchar. "Este verano nos finaliza el contrato y teníamos toda la intención de renovarlo, pero de repente, sin darnos ninguna explicación, nos ha dicho que ha estado bien todo este tiempo, pero que ya está, que un placer", dice indignada.

Según ha podido saber más tarde, la que fue su primera casera ha fallecido y ahora se están haciendo cargo del alquiler sus herederas: "Obviamente nadie nos dijo nada de toda esta historia y es que entras en Idealista y no te puedes permitir nada". En su caso, tras años de buena relación y, sin haber tenido en un primer momento intención de pedir la prórroga, no han dudado en enviar el burofax. "No nos han vuelto a responder a los mensajes, pero entendemos que el decreto se ha hecho efectivo, aunque quizá nos manden a juicio o aleguen que necesitan la casa. No sabemos nada y es mucha angustia", denuncia.

CAES cree que es necesario hacer un ejercicio pedagógico con los inquilinos para que pierdan ese miedo, porque "se ha deshumanizado tanto la relación entre arrendador y arrendatario que parece que ya da igual la vida de las personas". "Ejercer un derecho siempre da vértigo y más cuando somos la parte débil del contrato, pero si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que es el débil el que tiene que ser más valiente", sentencia Palomo, recordando los inicios de las luchas laborales.

Algunos inquilinos hablan de presiones

Los inquilinos afectados por los procesos de desahucio masivo en las principales ciudades no han dudado en acogerse a esta medida para ganar algo de tiempo. Uno de los ejemplos que más ha resonado estos días es el de los 70 vecinos que la Casa de Alba quería desalojar en Madrid, y que ya han informado del envío de la notificación.

En esta misma ciudad otra decena de familias del centro, cuyo casero era una fundación de la Iglesia Católica hasta que sus viviendas fueron vendidas a un fondo buitre, también se han acogido al decreto y denuncian estar recibiendo presiones para no hacerlo. Según están denunciando, el fondo al que ahora pertenecen sus casas alega que tiene que realizar obras en el edificio. Una práctica habitual que están utilizando las grandes inmobiliarias cuando quieren vaciar bloques enteros, como el famoso Tribulete 7.

Los propietarios también se organizan

Otra de las cuestiones que intentan dejar claro cuando hablan con inquilinos que tienen dudas sobre cómo actuar, es que los propietarios también se organizan para defender sus intereses y llevan haciéndolo muchos más años que los inquilinos. Ante esta situación, desde el primer momento los juristas dieron por hecho que habrá casos que acaben en los tribunales, "aunque el trámite jurídico puede llegar a ser más lento que la propia prórroga". 

Como ejemplo, la rápida reacción de la patronal y algunos grupos empresariales tras aprobarse el decreto. Desde la Agencia Negociadora del Alquiler han recomendado recientemente a los arrendadores contestar a todas las solicitudes de los inquilinos a los que no les cumpla el contrato este mes. Lo que plantea la agencia es que dejen por escrito su intención de no aceptar la prórroga en caso de que el decreto decaiga. Esta podría ser una de las vías de actuación que utilicen quienes busquen resistirse a prolongar sus acuerdos contractuales.

El otro camino por el que están optando y que ya señalan con preocupación desde el Sindicato de Inquilinas es el de decir que necesitan la vivienda para uso propio o de un familiar cercano. Esta es una de las pocas excepciones que el decreto plantea y que permite expulsar al inquilino del domicilio, pero recuerdan que "debe justificarse de acuerdo a la ley, no basta con decir que se necesita la casa".

El contrato de alquiler de Pablo M., residente en Madrid, termina en un año y medio. De acogerse a la prórroga, podría mantener sus condiciones actuales hasta prácticamente 2030. El problema que se ha encontrado es que, pocos días después de conocerse la noticia, el casero les informó de que quería la casa para uso personal. Él directamente ha decidido "buscar otra cosa", pero no sabe si sus compañeros acatarán la decisión o pedirán que, al menos, demuestre que necesita el inmueble.

"Esta es una de las cuestiones que más están trasladándonos en las asambleas, caseros a los que tras conocerse el decreto les surge una necesidad repentina de vivir en la casa. Si es cierto, es lícito que soliciten la casa, pero se tiene que demostrar. Por ejemplo, si esa persona tiene seis viviendas en posesión, no puede decir que necesita concretamente la tuya para entrar enseguida, sin dar más detalles", exponen fuentes de la confederación de inquilinos.

Ante esta situación, están organizando talleres barrio a barrio para explicar cómo proceder y desmentir los bulos que giran alrededor de este decreto. Otra de las "trampas" que más se están encontrando es la de caseros que tratan de confundir a los inquilinos diciéndoles que ellos no pueden aplicar el decreto. "Llegan pensando que por el motivo X, que les ha dicho el dueño de su domicilio, a ellos no les aplica. Por eso es muy importante hacer llegar la información correctamente", añaden.

"Por supuesto, también vienen con esa duda de 'y qué voy a hacer dentro de dos años si me pongo a malas con mi arrendatario'. Lo primero que les decimos es que no se lo piensen y que pidan la prórroga y, después, les animamos a unirse al sindicato y a venir a las asambleas, porque cuando estamos todas juntas y somos fuertes, tenemos más poder que cualquier casero, ya sea pequeño o el más grande del mundo", aseguran los activistas, que, insisten en una idea: "Pelear individualmente con tu casero es mucho más complicado que con una organización detrás, en la que hay miles de personas en tu misma situación que van a estar detrás apoyándote".