Días cruciales en la batalla contra el ruido en Alicante. La sentencia conocida hace una semana, que da la razón a los vecinos y condena al Ayuntamiento a declarar Zona Acústicamente Saturada (ZAS) el centro de la ciudad, ha desbocado la ofensiva del lobby empresarial del ocio. Sus presiones se dirigen hacia el alcalde, Luis Barcala, a quien presionan para que recurra la sentencia.

Y la pelota, de hecho, está ahora en el tejado del consistorio. Si bien la postura pública inicial del equipo de Gobierno municipal, formado por PP y Ciudadanos, fue la de acatar la sentencia y poner en marcha de inmediato la tramitación de la ZAS, las dudas y la equidistancia se han apoderado en los últimos días de los discursos de los mandatarios. Mientras los hosteleros recogen firmas y anuncian movilizaciones, el Ayuntamiento se encomienda, dice, a lo que emane de los informes de los servicios jurídicos municipales. Con estas conclusiones en la mano, el bipartito reflexiona sobre la conveniencia del recurso y pretende convocar a vecinos y hosteleros en una reunión para los próximos días.

Era lo que preveían algunos vecinos consultados para este artículo: un intento por dilatar todo este proceso que está por ver hasta dónde llega. Sin embargo, la realidad es tajante: los vecinos han conseguido un fallo judicial que reconoce la vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, lo que indica un incumplimiento sistemático de las ordenanzas municipales por parte del Ayuntamiento. Una sentencia que considera probada la existencia de niveles acústicos excesivos e insoportables como consecuencia de la apertura de gran cantidad de establecimientos dedicados al ocio y la restauración en el primer ensanche de la ciudad (el rectángulo comprendido entre Rambla-Esplanada-Mercado Central-Avenida del Doctor Gadea).

La resolución ordena al Ayuntamiento a tomar medidas entre las cuales podrían concretarse la suspensión de la concesión de licencias de actividad, establecer horarios restringidos y prohibir o limitar la colocación de mesas y sillas en las calles afectadas por la declaración. Todo esto, en teoría. Hasta la fecha, el bipartito alicantino no ha apuntado si procederá a aplicar medidas cautelares y saca pecho al considerar que parte de estas actuaciones ya se estarían aplicando tras el acuerdo de modificación del Plan Especial del Centro Tradicional, aprobado en verano de 2018.

Una gran discoteca al aire libre

Todo empezó a principios de década. En un primer momento, las aglomeraciones de gente se circunscribían al Mercado Central. No tardó en desbordarse la costumbre de empezar a beber a las doce del mediodía y acabar a altas horas de la madrugada. Los empresarios del ocio extendieron el fenómeno hasta la calle Castaños y aledaños. La vía pública se fue estrechando con la proliferación de los veladores y del aforo incontrolado, a la par que el negocio tradicional echó el cerrojo. Pubs que actúan como discotecas y cafeterías que actúan como pubs. La irrupción del tardeo, en pleno mandato de la popular Sonia Castedo, fue incluso promocionado institucionalmente como un reclamo turístico. El diario británico The Guardian llegó a tildarlo como símbolo de cambio social en España.

La gran verbena popular al aire libre produjo, de manera paralela, un alud de llamadas y escritos al consistorio denunciando las consecuencias de una permisividad de manga ancha. Suciedad, orines, música y gritos traspasando puertas y ventanas… Denuncias que, tal y como relata Luis Santamaría, abogado que ha defendido a la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional, se iban coleccionando en los cajones del consistorio. La inacción y la dejadez de funciones por parte de las autoridades competentes, de hecho, también se ponen de manifiesto en la sentencia. Ya en 2013, diferentes asociaciones de vecinos de la ciudad llevaron el tardeo ante el Síndic de Greuges (el defensor del pueblo autonómico), apoyadas por algunas voces policiales que reconocían el fenómeno como un botellón encubierto.

Nefer Vives es una de las muchas vecinas que se vio abocada a insonorizar la fachada de su vivienda. Sin embargo, esta actuación fue en balde. Tras dejar de oír el estrépito de la calle, irrumpió el del pub. Un ruido había tapado al otro. De nada sirvieron los intentos de hablar con los propietarios del establecimiento ni las llamadas a la policía. La medición que contrató con una empresa privada certificó, en efecto, la superación de los decibelios permitidos por el local, pero la impunidad del ruido siguió su curso. Junto con su familia, esta vecina abandona durante el fin de semana la zona y se marcha a su pueblo para evitar el suplicio. Cuando no queda más remedio, recurre obligatoriamente a los tapones para dormir. Se pregunta quién querría adquirir ahora una vivienda en una zona con estos niveles acústicos.

De hecho, las fotografías y los vídeos de los vecinos son reveladores. Recogen sin filtros las situaciones descritas que prueban la vulneración del derecho al descanso y la convivencia. Maribel Terol es presidenta de una comunidad de vecinos de la calle Artilleros, que ha presentado denuncia contra algunos locales, la primera de ellas ya en 2006. El material audiovisual que cuelga en sus redes sociales no deja lugar a dudas. Como otros vecinos, Terol cuenta con un informe médico derivado de los efectos de la contaminación acústica. “Han creado un monstruo de tres cabezas y han hecho de Alicante una ciudad de borrachos”, se lamenta.

El pleno municipal rechazó hasta dos veces la declaración de la ZAS. La primera, en 2013, cuando los vecinos del centro, a través del portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, llevaron la propuesta, tumbada finalmente con los votos en contra de PP y UPyD. El actual alcalde, que ahora habla de “mediar” tras el fallo judicial, fue uno de los que rechazó la moción. En 2017, la historia se repitió, esta vez, con los votos en contra de populares y socialistas, y la abstención de Ciudadanos.

No es ninguna sorpresa el voto en contra de los socialistas. Durante la etapa del tripartito de izquierdas (2015-2018) surgieron importantes encontronazos en el equipo de gobierno. Fue en este período que se consiguió la instalación de la red de sonómetros que han resultado fundamentales para conseguir la resolución judicial favorable para los vecinos. La puesta en marcha, conducida por la concejalía de Medio Ambiente que dirigía Víctor Domínguez (Guanyar), ha permitido conocer registros oficiales sobre la actividad asociada a los locales de ocio. Sin embargo, la presencia de Lalo Díez como mano derecha del alcalde socialista Gabriel Echávarri puso el freno a la regulación del ocio en el centro. Díez es una de las caras visibles de la Asociación de Locales de Ocio de Alicante (Alroa), el colectivo que estos días presiona sobre el alcalde para recurrir la sentencia.

La impunidad del ruido

La de Alicante supondrá la decimoquinta ZAS declarada en suelo valenciano. La contaminación acústica es uno de los problemas más graves que sufren los ciudadanos que residen en las ciudades. Según una investigación de oficio del Síndic de Greuges conocida el año pasado, en la ciudad de València alrededor del 40% de las infracciones graves o muy graves por parte de los locales de ocio han prescrito durante los últimos tres años. Los datos prueban, según esta institución, que el infractor no tiene interés en cumplir la ley, lo que desemboca en una “impunidad injustificable”.

Uno de los focos de este mapa de saturación acústica se sitúa sobre el barrio de Russafa. Los movimientos vecinales llevan tiempo denunciando la apertura de nuevos locales hosteleros y la proliferación de terrazas como consecuencia del monocultivo hostelero y la tematización turística. Todo ello, a pesar de existir “medidas preventivas” para evitar la declaración de ZAS. En Ciutat Vella, por su parte, varios colectivos también exigen una solución para la saturación de terrazas y solicitan que se realicen más inspecciones.

En los últimos años, València ha visto crecer en todos sus barrios plataformas cívicas creadas para proteger los derechos vulnerados por el ruido. En el fondo de la cuestión, se encuentra una importante y urgente reflexión sobre el modelo de ocio y turismo. En 2004 y de nuevo el año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a España por el ruido nocturno en dos casos que conciernen a la ciudad de València.