"Agresiones, silencio y miedo": el asesinato de Teresa evidencia la desprotección de las cuidadoras a domicilio en España

El pasado martes, Teresa de Jesús se desplazó al domicilio donde cuidaba de una mujer en el municipio gallego de O Porriño. Sería la última vez. A primera hora de la mañana, su cuerpo fue encontrado sin vida. Tenía 48 años y trabajaba en el Servicio de Atención a Domicilio (SAD). El presunto asesino fue el marido de la usuaria a la que atendía, quien le habría asestado un golpe mortal en la cabeza con un hacha. Teresa trabajaba para Aralia Servicios Sociosanitarios, empresa que elaboró un informe para el juzgado, desvelado por Público el pasado viernes. "Renuncio por acoso laboral. Os doy 15 días", escribió Teresa a la compañía minutos antes de ser asesinada. Ese mismo día también denunció un presunto acoso sexual en otro mensaje enviado por WhatsApp a Aralia: "Yo no voy a permitir que nadie me toque, ni aunque sea un brazo, ni una mano".

"El caso de Teresa no es una excepción", lamentan sus compañeras. Las trabajadoras del SAD llevan años alzando la voz para denunciar la "falta de protección" que enfrentan desde el primer momento en que cruzan la puerta de un nuevo domicilio. "Estamos destrozadas por la muerte de Teresa, indignadas, tristes… pero no sorprendidas, y eso es lo más grave", asegura a Público Trinidad Palacios, también trabajadora en el SAD de Galicia.

"Entramos a las casas solas, sin saber lo que hay dentro. No hay estadísticas de las que mueren, no hay registros, no hay nada, porque son casas particulares y todo queda entre esas paredes. Se silencia, se tapa. Y muchas veces ni siquiera conocemos el entorno en el que vive la persona a la que vamos a cuidar". Según explica, las empresas apenas les proporcionan información básica. "Lo único que nos dan es el Plan Individual de Atención (PIA), con una lista de tareas, pero nada sobre la situación del hogar, los antecedentes familiares o posibles riesgos". Palacios denuncia un problema estructural: "Somos invisibles porque trabajamos puertas adentro. No se nos ve, y por eso no se nos protege".

La trabajadora corrobora que la violencia forma parte del día a día de su trabajo. "Estamos acostumbradas a que nos agredan", admite con crudeza. "A todas nos ha pasado alguna vez", asegura. "La mayoría hemos sufrido insinuaciones sexuales, tocamientos no deseados o agresiones verbales". Cuando ocurre algo así, asegura, la respuesta habitual de las empresas no es proteger a la trabajadora, sino moverla de sitio: "En vez de retirar el servicio a la persona agresora, simplemente cambian a la empleada. Van enviando compañeras hasta que dan con una a la que no acosen". "Estamos completamente desprotegidas. Esto no es nuevo, llevamos años denunciándolo", recalca. Para ella, el asesinato de Teresa debería ser un punto de inflexión. "Ojalá sirva para abrir los ojos, para que la sociedad entienda en qué condiciones trabajamos: invisibles, infravaloradas y, en muchos casos, abandonadas".

Trinidad Palacios, del SAD en Galicia: "En lugar de retirar el servicio al agresor, las empresas solo cambian a la trabajadora"

Rita Suárez también pertenece al SAD de Galicia. A lo largo de la conversación con Público repite que da gracias "por no haber corrido la misma suerte que Teresa". Nació en Brasil y relata un episodio que marcó su vida: "En una de las casas en las que he trabajado sufrí comentarios racistas por parte de la hija de la usuaria. Me decía: Puta brasileña, vete a tu país, te voy a sacar del trabajo y vas a pasar hambre. Me tiraba cosas al suelo y me gritaba: Criada, recógelo". También recibió amenazas físicas: "Me dijo que me iba a pegar", recuerda. "Yo cada semana hacía un parte por escrito o llamaba por teléfono a la empresa para pedir que me sacaran de allí. Entraba en esa casa con ansiedad, porque nunca sabía qué me esperaba tras esa puerta". Finalmente, "la Atención a Domicilio fue suspendida cuando la usuaria fue trasladada a una residencia".

Rita Suárez, trabajadora del SAD en Galicia: "Las empresas siempre dudan de nosotras, creen que exageramos y montamos un drama"

Suárez denuncia que, cuando intentan alertar de estas situaciones, "las empresas restan importancia al problema". "Piensan que exageramos, que montamos un drama de un día, pero esto pasa casi a diario, no es algo puntual". Además, asegura que la palabra de las trabajadoras rara vez se tiene en cuenta: "Siempre dudan de nosotras, creen antes a los usuarios o a sus familias". 

Teresa, Trinidad y Rita no son casos aislados: forman parte de una realidad más amplia y silenciada. Trinidad y Rita han decidido que sus testimonios salgan a la luz, pero ambas mencionan a numerosas compañeras que también han sufrido agresiones en el ejercicio de su trabajo y "no se atreven a denunciarlo públicamente". Muchas no se sienten preparadas para hacerlo, bien por miedo, por falta de respaldo institucional o por la sensación de que sus voces no serán escuchadas. 

Evaluaciones fantasma y violencia silenciada

Para evitar que vuelva a repetirse una tragedia como la que acabó con la vida de Teresa, las trabajadoras del SAD reclaman que se realicen evaluaciones "reales" de riesgos en los domicilios antes de asignarles un servicio. Concha Real, portavoz de la Plataforma Unitaria de Auxiliares del SAD, y Carmen Diego, secretaria de la misma organización y presidenta de la Plataforma del SAD de Asturias, contextualizan en Público los más de 30 años de lucha del colectivo y detallan qué medidas deberían adoptarse ante este tipo de situaciones.

"Las empresas están obligadas, como parte de sus responsabilidades en prevención de riesgos laborales (PRL), a contar con protocolos de actuación accesibles para cada trabajadora", explica Concha. Sin embargo, asegura que esa obligación rara vez se cumple. "Cuando una trabajadora empieza en un domicilio, si existe un comité de empresa sólido, la compañía debería evaluar los posibles riesgos laborales genéricos del entorno. Pero no lo hacen", denuncia. "Ni siquiera se molestan en ofrecer una formación mínima en prevención de riesgos", agrega. Según la portavoz, el problema se agrava por el perfil del colectivo: mujeres en su inmensa mayoría, con empleos precarios, poco visibles, muchas veces con cargas familiares y en una situación de vulnerabilidad. "Ese es el caldo de cultivo perfecto para que las empresas se aprovechen", afirma. "Les ponen delante un montón de papeles —el contrato, formularios, declaraciones— y entre ellos hacen firmar que se ha hecho la evaluación de riesgos… cuando eso nunca ha ocurrido".

Portavoces de la plataforma de trabajadoras del SAD: "Muchas desconocen que existen protocolos contra el acoso"

"Muchas compañeras ni siquiera saben que existe un comité de prevención de riesgos laborales o que hay protocolos establecidos", incide Concha. Público ha tenido acceso a los protocolos internos de varias empresas del SAD —cuyos nombres se mantienen en el anonimato por petición de la fuente—, donde se detalla que son la trabajadora social y la coordinadora de la empresa quienes deben realizar el seguimiento de las empleadas en los domicilios. "Si se aplica correctamente el protocolo, lo habitual es que se informe a los servicios sociales y que sean ellos quienes decidan si el servicio se paraliza", explica Concha. Esa paralización puede ser temporal o indefinida, añade, "para dar tiempo a que el usuario o su entorno reflexionen, y el servicio se retome posteriormente con otra trabajadora".

Concha no habla desde fuera: también ha sido trabajadora del SAD en la Comunidad de Madrid y se incluye entre las mujeres que, según sus propias palabras, van "como pollos sin cabeza, intentando sobrevivir y llegar a fin de mes". Esa precariedad, dice, se ha convertido en un negocio para las empresas que gestionan el servicio: "Se están lucrando con nuestra vulnerabilidad y lo hacen con dinero público". Las compañías, añade, suelen escudarse en que no pueden realizar evaluaciones de riesgos en los hogares porque se trata de espacios privados e "inviolables". Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan muchas trabajadoras desmiente cualquier excusa burocrática. 

Tanto Concha como Carmen no olvidan los 26 días que pasaron en 2021 acampadas bajo los soportales de Nuevos Ministerios, en Madrid, para lograr que el Ministerio de Trabajo las escuchara. "Tuvimos muchas reuniones con Inspección, con el propio Ministerio y con los responsables de Prevención", recuerdan. Aquella presión surtió efecto: lograron que se incluyera una disposición específica para la Ayuda a Domicilio en el Real Decreto Ley 893/2024. Se trata de la disposición adicional decimotercera. En ella se establece, por primera vez, la obligatoriedad de que un técnico de prevención de riesgos laborales acuda a todos los domicilios donde se preste este servicio para realizar una evaluación. El objetivo: garantizar la seguridad tanto de la persona usuaria como de la trabajadora. Además, la norma contempla la posibilidad de cambiar de servicio si se detecta una situación de riesgo.

Portavoces de la plataforma de trabajadoras del SAD: "Somos las 'riders' de los cuidados. No tenemos ni siquiera un salario digno"

Las trabajadoras del SAD no solo lidian con la falta de protección en su día a día: también sobreviven con "sueldos que no alcanzan ni el salario mínimo interprofesional". "Somos las riders de los cuidados", denuncian. "No tenemos un salario digno, ni derecho real a vacaciones". A esta precariedad se suma un clima constante de temor. "El miedo está presente en todo el sector", explican. "Miedo a la empresa, al sindicato, al usuario, a su familia… Miedo incluso a hablar". Y todo ello, dicen, bajo una losa de "desprestigio social" que "invisibiliza" su labor y resta valor a su trabajo.

"Nuestro objetivo es claro: que se realicen evaluaciones reales de riesgos laborales, porque ahora mismo no se están cumpliendo", insisten desde la plataforma. Reclaman el "reconocimiento de enfermedades profesionales" que, hoy por hoy, les son negadas. "Las mutuas siempre lo achacan a que somos mujeres", explican. Y, agregan: "Con ese reconocimiento, podríamos aspirar a entrar en los cuadros que permiten solicitar una jubilación anticipada, como ya hacen otros colectivos como el sanitario". Además, piden "que la Ley de Dependencia quede blindada en la Constitución". "Vamos de casa en casa cuidando a los más vulnerables de esta sociedad, pero nadie parece ver que nosotras también somos igual de vulnerables que las personas a las que atendemos". Su denuncia es contundente: "Los trabajos feminizados no importan. Esto no es un caso aislado: está pasando en toda España, todos los días".

*Este artículo se ha modificado para reflejar con mayor veracidad el testimonio de las fuentes.