Los consejeros del PP tumban el plan sobre salud mental de Sanidad

Las comunidades gobernadas por el PP han rechazado el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 propuesto por el Ministerio de Sanidad. La decisión se produce en medio de las críticas de expertos independientes y sociedades científicas de Psiquiatría, que cuestionan la estrategia del documento, especialmente en lo relativo a la reducción del uso de psicofármacos.

El plan de Sanidad ha contado con el respaldo de Catalunya, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias y Navarra, mientras que el resto de comunidades autónomas lo han rechazado. Según fuentes del Consejo Interterritorial citadas por EFE, este proyecto apuesta por humanizar la atención en salud mental, promoviendo un uso racional de psicofármacos, el aumento de la "prescripción social", alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica, así como la regulación de la psicoterapia y la psicología clínica infantil.

Aunque reconocen la necesidad del plan y valoran el trabajo de los técnicos, las comunidades gobernadas por los populares consideran que el documento aún requiere más ajustes y no debería aprobarse de forma apresurada. Argumentan que es fundamental seguir trabajándolo para lograr un mayor consenso con los expertos.

Falta de apoyo político y científico

El vicepresidente del Consejo Interterritorial de Salud y consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de las comunidades gobernadas por el PP, ha informado que, al inicio de la reunión, ha solicitado a la ministra de Sanidad, Mónica García, la retirada del plan por no contar con el respaldo de las sociedades científicas ni responder a sus exigencias. Ante la falta de apoyo de las comunidades del PP y de Euskadi, la ministra se ha visto obligada a retirar la propuesta, aunque finalmente el punto no ha llegado a someterse a votación.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha señalado que la aprobación del plan se ha pospuesto debido a problemas tanto en el fondo como en la forma. Según ha explicado, las sociedades científicas han manifestado que conocieron la propuesta a través de la prensa y han detectado fallos técnicos que consideran necesario corregir. Al finalizar la reunión, Matute ha insistido en la necesidad de una financiación específica para el plan y ha reiterado que no cuenta con el respaldo de las sociedades científicas.

La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental asegura que el plan de Sanidad no contempla el aumento de profesionales

La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) manifestó su malestar en una carta dirigida a la comisión de Salud Mental. En el escrito, la entidad denunció que el documento final, que no les fue enviado, no contempla el aumento de profesionales que se les había asegurado, sino que, por el contrario, refleja una reducción.

Pero sobre todo se queja de que, aunque el texto introduce "el uso racional de psicofármacos", mantiene el de "desprescripción", con el "consiguiente estigma y perjuicio para las personas que requieren tratamientos farmacológicos a largo plazo".

Otra de las medidas que ha generado rechazo, en este caso entre los psicólogos, es la incorporación del diploma de Psicoterapia. Estos profesionales consideran que el tema debe ser tratado en mayor profundidad con el comisionado, dado que tiene una relevancia crucial para los usuarios del Sistema Nacional de Salud que requieren tratamiento psicoterapéutico. Además, han advertido que esta acreditación debe sustentarse en un alto nivel de formación y calidad, así como en los principios éticos que rigen las profesiones sanitarias.

Aprueban el primer plan antisuicidio

No obstante, este viernes sí se ha dado luz verde al primer plan nacional destinado a la prevención del suicidio, una tragedia que causa alrededor de 4.000 muertes anuales. El Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027 consiste en un conjunto de 40 medidas organizadas en seis líneas estratégicas, con el objetivo de abordar este grave problema de salud pública, adoptando un enfoque centrado en los determinantes sociales de la salud.

El plan propone promover la implementación de un código de riesgo y la realización de autopsias psicológicas, así como limitar el acceso a métodos letales. Además, aboga por adoptar una perspectiva de género, dada la diferencia significativa en las cifras de suicidio entre hombres y mujeres, siendo los primeros quienes se suicidan en mayor medida.