Cinco años de batalla legal: las familias de víctimas en residencias de Madrid reclaman justicia a pocos días de que los delitos prescriban
Las actuaciones de los tribunales entran en el tiempo de descuento, ya que si no se judicializan los casos, los delitos podrían empezar a prescribir a partir de la segunda quincena de marzo.
Madrid--Actualizado a
Cinco años después de la primera ola de la pandemia de la covid-19, familiares de personas mayores fallecidas en residencias de la Comunidad de Madrid continúan su lucha en los tribunales. Buscan justicia por los llamados "protocolos de la vergüenza", aplicados entre marzo y abril de 2020. Estos impidieron derivar a hospitales de residentes con dependencia física o cognitiva infectados con el virus, lo que dejó un saldo de 7.291 fallecidos sin recibir atención hospitalaria.
Las familias han encontrado importantes obstáculos en su batalla judicial. El primero fue la propia existencia de estos documentos. Aunque inicialmente el Gobierno autonómico intentó negar su aplicación, pronto se desveló, no solo que existieron, sino que fueron implementados con rigurosidad en muchos centros.
Además, los tribunales han ido cerrando las investigaciones al considerar que los médicos de las residencias actuaron conforme a la lex artis del momento, es decir, según el conocimiento y los protocolos médicos disponibles en ese contexto. A pesar de los reveses judiciales, las familias insisten en que se haga justicia y que se depuren responsabilidades por lo ocurrido en los geriátricos durante los meses más críticos de la pandemia.
Desde mayo de 2020, la plataforma Marea de Residencias ha impulsado acciones legales para esclarecer responsabilidades. En total, se presentaron 350 querellas, de las cuales 269 fueron archivadas, mientras que 81 aún siguen en proceso en distintos juzgados madrileños. Tras el cierre de los casos en la Audiencia Provincial de Madrid, decenas de familiares han recurrido al Tribunal Constitucional para solicitar su reapertura.
La primera denuncia colectiva
El pasado mes de octubre, Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia presentaron la primera denuncia conjunta. A diferencia de las querellas anteriores, esta explora una vía completamente nueva al acusar a 29 personas de un delito continuado de "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios", según el artículo 511 del Código Penal. En enero, la Fiscalía de Madrid citó a declarar a decenas de familiares.
Dicha denuncia representa a familiares de 115 residentes de 72 geriátricos diferentes. Según los denunciantes, 111 de estos ancianos fallecieron sin recibir atención médica adecuada, víctimas de un sistema que les negó el traslado a hospitales y asistencia sanitaria cuando más lo necesitaban.
Las denuncias apuntan directamente a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, así como a los exconsejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Justicia, Enrique López. También se han dirigido contra directores de residencias, a quienes acusan de presuntos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, denegación de tratamiento médico y prevaricación.
En total, se contemplan 29 responsables, incluidos Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueron exdirectores de Coordinación Sociosanitaria en Madrid. En concreto, Mur fue el firmante y Martínez el autor de los protocolos de la vergüenza.
Las asociaciones firmantes han subrayado que la discriminación hacia los residentes no se limitó a la falta de atención en los hospitales públicos. También se les negó acceso a hospitales privados, al hospital provisional de Ifema y a los hoteles medicalizados, a menos que contaran con seguros privados.
Relacionado con este tema
Riesgo de que los delitos prescriban
La Justicia debe actuar con celeridad, ya que los delitos denunciados podrían empezar a prescribir a partir de la segunda quincena de marzo. Es por ello que tanto los denunciantes como las asociaciones involucradas han instado a la Fiscalía a actuar con celeridad, recordando que han aportado una amplia base documental que respalda las acusaciones.
Entre las pruebas figuran informes internos del Gobierno regional que detallan la precariedad en las residencias, con carencias de personal médico y de enfermería que, en algunos casos, alcanzaban niveles alarmantes.
Las familias esperan que este proceso no solo esclarezca las responsabilidades, sino que también sirva como punto de inflexión para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Entre tanto, el reloj sigue corriendo y el riesgo de impunidad permanece.
Comentarios de nuestros socias/os
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.