Un juzgado abre diligencias por posible prevaricación en la gestión del Hospital de Torrejón

El juzgado de instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz ha decidido abrir diligencias de investigación por posibles irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón, que según la Fiscalía podrían incurrir en el delito de prevaricación.

Estas irregularidades de las que se acusa a la gestión de Ribera Salud, según un escrito al que ha tenido acceso Público, "consistirían en diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos".

La Fiscalía ha decidido acumular varias de las denuncias que señalan a los responsables de la gestión del hospital de Torrejón, presentadas por el PSOE, el abogado Javier Flores, una persona anónima y la asociación El Defensor del Paciente.

El PSOE denunció que los gerentes del hospital podrían incurrir en un delito de prevaricación después de que el pasado 3 de diciembre El País publicara unos audios en los que se escuchaba a responsables del centro sanitario pedir alargar las listas de espera para aumentar el beneficio económico de la empresa.

En el caso del letrado, Flores pidió que se investigara si los gerentes del centro han incurrido en delitos como prevaricación administrativa, contra la salud pública, lesiones u homicidio imprudente y coacciones.

Asimismo, el abogado apreció posibles delitos económicos, como delitos societarios, falsedad contable y alteración de cuentas; fraude en la contratación pública y fraude de subvenciones; administración desleal y malversación impropia de fondos públicos; y prevaricación administrativa por acción u omisión.

Por su parte, Más Madrid también denunció ante la Fiscalía la presunta comisión de seis delitos por parte de Ribera Salud, entre los que están malversación, prevaricación administrativa, lesiones, administración desleal y omisión de perseguir delitos.

También se plantea la posible existencia de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, basándose en su artículo 43, referido a la protección de la salud "como un derecho y principio rector".

El Ministerio Público ha estimado que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación previsto en los artículos 404 y siguientes del Código Penal, por lo que ha remitido la documentación recogida durante su investigación preprocesal al juzgado torrejonero.