“La aceituna de mesa de secano se ha quedado toda en el árbol. Con la sequía no alcanza el calibre que requiere”, explica Antonio Rodríguez, responsable estatal de este subsector de la oliva en Coag, que señala que las pérdidas han sido importantes también en las zonas de regadío. “Se ha quedado pequeña, y la mayor parte se ha enviado a los molinos para fabricar aceite”, coincide Juan Luis Ávila, coordinador del sector olivarero en esa misma organización agraria de ámbito estatal.

La intensa sequía que por segundo año azota la mayor parte de la península ibérica, y que ya ha provocado restricciones en los usos productivos del agua en varias cuencas, es una de las consecuencias locales del cambio climático provocado por el calentamiento global, cuyos efectos comienzan a dejarse notar en la producción agraria: se desploma la cosecha de uva, el vino sube de grado al aumentar su azúcar y el 75% del cereal se pierde en la meseta tres años después de que la falta de agua se llevara por delante cuatro millones de árboles, la mayoría olivos, en Murcia, donde el 60% de la cebada que se siembra no llega a ser recolectada.

El deterioro de los olivares pone en riesgo una superficie de bosque mediterráneo de 2,6 millones de hectáreas que supone más de la mitad de los cultivos leñosos del país (4,9) y más de la décima parte de su superficie arbolada (21,8), según los datos del Ministerio de Medio Ambiente.

La sequía está sometiendo a los árboles a situaciones de estrés hídrico que se prolongan durante meses y que, en algunas zonas de comunidades como Aragón, llegan a superar los dos años. De hecho, la Junta de Andalucía alerta de la detección de “síntomas de falta de agua por agotamiento de pozos o recortes del suministro de riego”, algo que se acentúa en el secano, y de pérdidas de floración y de frutos por la “escasez de lluvias y las elevadas temperaturas de final de primavera”.

Por otro lado, la combinación del envejecimiento de la población rural con la cada vez menor rentabilidad de las pequeñas explotaciones, de unas cinco hectáreas de media, con las que 200.000 familias complementan sus ingresos, está acelerando un progresivo abandono de los olivares.

Un tercio, a la mesa

Algo más de un tercio de las olivas que se recogen en España corresponden a variedades de mesa, destinadas a la ingesta en lugar de a los molinos aceiteros. Eso supone algo más de medio millón de toneladas de un total de entre 1,3 y 1,8, salvo en años extremadamente secos como el actual, en el que la ausencia de precipitaciones, que no superan desde abril en buena parte del país los 200 litros por metro cuadrado que caen al cabo del año en el desierto estadounidense de Mojave o los 250 de Sáhara, ha desplomado la producción.

“Es todo hueso y hay que tirarlas para que el árbol no sufra, aunque una parte que tiene algo de carne se está pudiendo enviar a moler”, explica Rodríguez. La situación, algo mejor en las menos frecuentes explotaciones de regadío que en las de secano, es generalizada en toda España: “La producción de oliva destinada a mesa no va a ser posible debido a su menor tamaño por la sequía”, anunciaba hace unos días Uaga, organización aragonesa asociada a Coag, que preveía desplomes de hasta el 50% y el 80% en algunas zonas de la comunidad. Ocurre algo parecido en Extremadura, otra de las principales áreas de producción.

Las previsiones de aforo de la Junta de Andalucía prevé que este año la producción de aceituna de mesa de todo el país ronde las 566.300 toneladas, un descenso de 80.665 en un año pasado en el que, paralelamente, el volumen ha aumentado en más de 150.000 en el resto de mundo para alcanzar las 2.395. Sin embargo, no Coag ni Asaja, otra de las principales organizaciones agrarias, creen que se vaya a alcanzar ese medio millón. Y buena parte del género no terminará en el plato sino en la aceitera.

Precios que se multiplican por seis y por doce

Otra cosa son los precios, que en el mundo de la oliva casi nunca fluctúan en función de la oferta y la demanda.

“Ahí tenemos un grave problema estructural por la especulación”, señala Rodríguez, que explica cómo la industria no paga a los productores a más de 70 céntimos el kilo de manzanilla ni a más de 66 euros la gordal, que se recogen a mano, mientras la ojiblanca, de recolección mecánica, alcanza ese último nivel. “En todos los casos pagan por debajo del coste de producción”, anota, que la Junta de Andalucía sitúa entre un euro y 1,10 en esas tres variedades, las más habituales en las mesas.

Sin embargo, la valoración se dispara entre el árbol y el plato. Según la Secretaría de Estado de Comercio, el precio medio de las últimas semanas, antes de que la campaña de recolección entre en su fase de mayor intensidad a mediados de este mes, alcanza los 4,70 euros por kilo (entre seis y siete veces más de lo que recibe el productor) y llega a los 8,25 en algunos casos. Es decir, que una aceituna cuesta en el plato entre seis y doce veces más que en el campo.

“Los precios están muy altos para el consumidor y muy bajos para el productor”, apunta Rodríguez, para quien “ya hay un margen comercial suficiente y no tendrían por qué subir más” en la venta, aunque eso dependerá de la industria y de la cadena de comercialización. “Quien se está llevando la parte del león es el distribuidor”, añade, al tiempo que denuncia las reticencias de la industria a establecer un contrato-tipo con los olivareros que contemple los costes de producción como nivel mínimo para vender.

El aceite sube un 37% en tres años

Las previsiones para esta campaña apuntan también a un desplome de la producción de aceite. “Prácticamente no hay cosecha en los secanos por la sequía”, señala Ávila, que destaca la “disparidad” de la cosecha en Andalucía, comunidad que aglutina el 80% de la producción española, con descensos de hasta el 28% en Jaén, de donde sale la mitad de ese género, mientras Almería y Sevilla prevén mejorar un 12% y un 22% los registros del año anterior.

Los aforos de la Junta para esta campaña, que comienza con 304.400 toneladas en estock, apuntan a un volumen de 1,15 millones de toneladas de aceite que supondrían algo más del 40% de una producción mundial de 2,85, lo que supone una reducción local de 230.000 (16%) con respecto a la anterior mientras el aumento llega a 174.000 (11%) en el resto del mundo, con Egipto y Turquía como principales productores.

En este caso, los 3,70 euros por kilo de olivas que recibe el productor se elevan hasta 5,16 en el supermercado en el caso del aceite virgen y oscilan entre 4,42 y 4,48 en el de primera, aunque llegan en algunos casos a los 6,60 y a los 5,23. Esos precios revelan, si se tiene en cuenta que para fabricar un litro de aceite son necesarios entre cuatro y cinco kilos de olivas, se sigue vendiendo como ‘producto gancho’, por debajo de su coste, para atraer a clientes.

Aunque eso no evita que el precio de venta haya subido más de un 37% desde el verano de 2014, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Conflictos con la Junta de Andalucía y el ejecutivo de Trump

El negocio de la oliva de mesa está enfrentando en los tribunales a las empresas transformadoras y distribuidores con los productores y la Junta de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad ha rechazado la petición de los primeros de suspender la marca (indicación geográfica protegida) creada para la producción de gordal y manzanilla extra y de primera de 116 municipios de esa comunidad, una iniciativa que pretenden tumbar al considerarla perjudicial para la comercialización de los miles de toneladas de género de características similares que importan de países como Egipto y que algunos años han rondado las 15.000 toneladas.

Las comercializadoras tienen abierto otro conflicto comercial, en este caso internacional, con EEUU, cuyo Gobierno investiga si los bajos precios con los que venden la aceituna negra en ese país suponen un caso de competencia desleal con empresas locales y si esas rebajas se deben a las ayudas comunitarias que reciben los productores.

Las exportaciones de oliva negra o madura a EEUU, que el año pasado alcanzaron un valor de 71 millones de euros, serían gravadas con un nuevo arancel si el Departamento de Comercio concluye que se trata de un episodio de competencia desleal.