Entrevista a Enric Morist"Los servicios sociales no tienen el mismo reconocimiento que la sanidad o la educación públicas"

Después de muchos años implicado en el funcionamiento de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya -fue vicepresidente entre 2014 y 2023-, Enric Morist asumió la presidencia el pasado noviembre. Su larga trayectoria vinculada a las entidades sociales lo ha consolidado como el candidato idóneo para suceder a Francina Alzina, que ocupó este cargo durante dos legislaturas (2017-2024). Actualmente, Morist también es director general de la Fundación Ayuda y Esperanza, es patrón de la Fundación Àuria y de la Fundación de la Federación Catalana de Fútbol y miembro de los consejos asesores de FEPA y Fundesplai.

Lo entrevistamos para conocer la hoja de ruta que ha trazado para la Mesa de Entidades del Tercer Sector, que representa a 37 federaciones y acompaña a casi dos millones de personas en situación o riesgo de exclusión social en Catalunya. Según Morist, hay cinco cuestiones transversales -pobreza, dependencia, vivienda, salud emocional y soledad no deseada- que debemos situar en el centro del debate público y político y que, para abordarlas, es imprescindible contar con unos "presupuestos sociales" de la Generalitat.

Fue elegido presidente en noviembre. ¿Cómo valora los primeros meses al frente de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social?

Una vorágine total. Estoy trabajando en la Fundación Ayuda y Esperanza y el cargo en la Mesa es de acción voluntaria. La junta directiva que se creó es muy representativa de las 37 federaciones que, a su vez, representan a 3.000 entidades sociales. Entre todos los miembros elaboramos una hoja de ruta. He encontrado la Mesa en muy buena situación; ya la conocía porque fui vicepresidente durante muchos años. Francina [expresidenta] y la anterior junta lograron que la Mesa tuviera representación en espacios determinantes de las políticas sociales de Catalunya. Lograron estar en los lugares clave, lo cual no es poco, y ahora nos planteamos otro objetivo, que es tener más incidencia.

Es muy importante incluir cinco temas clave en el debate público y en sus instrumentos, como pueden ser los presupuestos. Son cuestiones que marcarán las políticas sociales de los próximos años y que son transversales a diversos colectivos, edades y territorios. Hablamos de pobreza, especialmente la extrema o la crónica; hablamos de dependencia, vivienda, salud emocional y soledad no deseada. La inmigración o las personas mayores están incluidas en todos estos parámetros. Queremos que se hable de ello, deben surgir acciones del Govern y es necesario hacer un seguimiento.

En la reunión que mantuvo con Salvador Illa, le trasladó su preocupación por el alto índice de pobreza y le reclamó más políticas de vivienda o mejorar la renta garantizada, entre otras demandas. ¿Ha habido avances o compromisos firmes por parte del Govern?

La reunión coincidió con el anuncio de la vivienda social. Tenemos programada una reunión con la consellera de Economía para trasladar nuestra perspectiva sobre los presupuestos. Las acciones solo pueden plasmarse con recursos públicos. Podremos valorar si nos están haciendo caso o no en función de los números. Se lo dijimos a Aragonès y se lo diremos a cualquiera: queremos unos presupuestos sociales y presionaremos para que así sea.

“Queremos unos presupuestos sociales y presionaremos para que así sea”

Ante la incertidumbre sobre la aprobación de los presupuestos de 2025, ¿qué supone para el sector una nueva prórroga de los de 2023?

Tiene un impacto negativo. No hemos solucionado la financiación de los proyectos y de las entidades sociales. Estamos en una situación de infrafinanciación crónica, pero necesitamos un cambio de paradigma y de visión de los presupuestos. El Estado del bienestar tiene tres pilares básicos: sanidad, educación y servicios sociales. Los dos primeros son muy importantes, pero no están al mismo nivel que el tercero. Los servicios sociales están muy por debajo y la excusa es que se llega hasta donde se puede y que no hay dinero. Si ahora estamos negociando una nueva financiación para Catalunya, debe ser, entre otras cosas, para que la distancia no sea tan grande. Hay que defender los servicios sociales porque todos podemos ser usuarios en cualquier momento difícil de la vida. No tenemos que estar durmiendo en la calle para poder pedir ayuda para la renta garantizada o para la vivienda.

¿Los servicios sociales no tienen el reconocimiento que les corresponde?

Los servicios sociales públicos son dobles: los de la Administración pública ―de los municipios, consejos comarcales, de la Generalitat― y las entidades sociales. Ambas partes hacen un servicio público y no tienen el mismo reconocimiento que los servicios sanitarios o la educación. Y está lleno de grandes profesionales que hacen muy buen trabajo. Además, hay que señalar que hay entidades que actualmente no saben de qué presupuesto disponen para hacer este servicio y, con suerte, lo sabrán en abril o mayo. ¿Qué hacen estas entidades? ¿Paran su actividad o siguen? Imagínate que un director de escuela tuviera que detener las clases porque no sabe si recibirá una subvención.

Dicen que con las entidades sociales no pasa nada. Claro que pasa. En primer lugar, nos estamos jugando el patrimonio de las fundaciones y asociaciones. Después, pagamos peor a nuestros trabajadores, muchos de los cuales terminan marchándose. También es cierto que las entidades deberíamos hacer autocrítica.

¿Considera que no hay transparencia?

Sí que la hay, pero podemos mejorarla, porque a veces da la sensación de que no existe. Tal vez no nos explicamos lo suficientemente bien. Pasamos el día haciendo justificaciones burocráticas, pero quizá deberíamos trasladar la información a la sociedad de otra manera.

Precisamente, durante la gestión de la DANA se acusó a la Cruz Roja a través de las redes sociales de no ser transparente con las donaciones.

Fui coordinador de la Cruz Roja en Catalunya durante siete años y la conozco bien, sé cómo funciona. La Cruz Roja en València ya estaba allí, son personas que siempre han estado trabajando. ¿Qué pasó? Hubo una campaña en las redes sociales cuyo objetivo no era la Cruz Roja. La entidad solo fue un medio para hacer daño al Gobierno. Su intervención pública fue utilizada. Actualmente, todo el mundo cree que puede ser periodista porque lleva una cámara y cuenta cosas que se dan por buenas y no se contrastan. Y si lo criticas, dicen que no quieres ser transparente.

“La comunicación y la rendición de cuentas deben ser continuas, no solo al final de la subvención”

Desmontar todo esto solo puede hacerse de una manera. La comunicación y la rendición de cuentas deben ser continuas, no solo al final de la subvención. Debe articularse dentro del sector como una cuestión de continuidad, porque en las redes sociales hay mucha gente. Evidentemente, puedes desvincularte de ellas, pero si representas a una asociación o a una federación, tienes una responsabilidad. En diciembre impulsamos la campaña #ÉsOdi para combatir la desinformación entre la juventud usuaria de redes. Tenemos que trabajar con este colectivo con mensajes claros y un lenguaje adecuado. Por eso buscamos personas influyentes con muchos seguidores.

Como usted ha dicho, una de las principales quejas del sector es la dependencia de subvenciones anuales. Por este motivo, reclaman un modelo más estable. ¿Cómo debería ser?

Primero de todo, no pedimos nada que no consideremos justo. No estamos aquí para hacer negocio. Las ideas siempre van antes que la gestión. Nosotros tenemos la Ley del Tercer Sector parada en el Parlament debido a la convocatoria de elecciones anticipadas. Hubo 54 comparecencias. Es un tema que seguiremos muy de cerca.

¿Confía en que se retome pronto?

Por supuesto. No esperamos un no de nadie. Sería lamentable y lo denunciaríamos. Básicamente, consideramos que esta ley es importante porque implica un reconocimiento del sector. En momentos de emergencia, hemos demostrado que la sociedad civil catalana tiene la capacidad de autoorganizarse y de actuar allí donde no llega la Administración pública. Queremos que este valor quede reconocido, nos parece de justicia. Un país no solo se define por sus infraestructuras, sino por cómo trata a los colectivos vulnerables.

“Un país no solo se define por sus infraestructuras, sino por cómo trata a los colectivos vulnerables”

El segundo objetivo de la ley es pragmático. A nivel jurídico necesitamos una herramienta para que, cuando haya una contratación pública de interés social, las entidades que puedan participar tengan un valor añadido. Pongamos un ejemplo: si tienen que hacer un centro para mayores en un barrio y se presenta una empresa, la asociación del barrio debería tener prioridad. Los beneficios que salgan de esta gestión no son malos, pero es mejor que reviertan en la comunidad antes que en una junta de accionistas. Hay un vacío en el ámbito legal y las interpretaciones y la libre competencia pueden ser un problema. La ley debe ayudarnos, las entidades del tercer sector deben tener un valor añadido. Todo esto no significa que no haya transparencia. Pero necesitamos una financiación estable, no podemos depender de convocatorias anuales.

Ahí quería llegar.

Necesitamos estabilidad financiera en el tiempo. Esto no se hace con subvenciones, sino con contratación pública.

¿El modelo de financiación singular para Catalunya sería la clave para revertir esta infrafinanciación del sector?

Puede servir para algo muy importante. Para colocar a los servicios sociales en el lugar que merece Catalunya y necesita la gente. Queremos situar al sector social donde corresponde, junto a la sanidad y la educación. No en volumen económico, pero sí en reconocimiento. Evidentemente, los servicios sanitarios gastan más recursos, pero nosotros también necesitamos más dinero para que la Administración pública pueda dar más ayudas. Y aquí todavía no han entrado las entidades, que tampoco están bien financiadas.

Los últimos datos indican que cerca del 25% de la población catalana está en riesgo de pobreza o de exclusión social. ¿Por qué está enquistada esta cifra? ¿Qué factores estructurales fallan?

La Fundación Foessa de Cáritas hizo un estudio sobre la percepción de la pobreza. La mayoría de la población solo ve pobreza en las personas que están en la calle. No la perciben en las familias que viven en una sola habitación, que no pueden encender la calefacción y que generalmente no piden ayuda. El 25% de la población parece una cifra muy alta, pero lo que decimos es que una cuarta parte de la población tiene problemas para llegar a fin de mes, no puede cambiar la nevera inmediatamente si se estropea, no se va de vacaciones o no puede comprar carne o pescado. Estas realidades quedan ocultas. Desde que empecé a hacer informes en la Cruz Roja, hace 15 o 20 años, la cifra se ha mantenido o ha crecido.

Personas trabajadoras con sueldos estables están en riesgo de pobreza.

Absolutamente. La mayor parte de las personas en riesgo de pobreza son trabajadoras. Lo hemos normalizado y es terrible. Tener empleo no asegura no tener dificultades económicas. El Estado del bienestar ha mejorado, pero no responde a las necesidades de la gente. ¿Por qué? Los salarios se han congelado y el coste de la vida, en muchos casos, se ha triplicado. Es fuerte que no puedas dejar de convivir con una persona aunque ya no mantengas una relación porque la economía no lo permite. Aquí entra la cuestión de la salud mental. Tienen que cambiar tres cosas: debemos ser conscientes de estas realidades, los salarios deben subir y, finalmente, la alimentación y la vivienda deben estar blindados frente a grandes encarecimientos.

“La mayor parte de las personas en riesgo de pobreza son trabajadoras”

¿Las ayudas actuales son insuficientes?

Las ayudas no son insuficientes, son muy complicadas. Pagar una multa es rápido y fácil, pero pedir la renta garantizada... Tienes que pasar entrevistas y ver cuándo se resuelve. No puede ser que haya miles de personas que mueran sin recibir la respuesta de la ley de dependencia. Las ayudas deben ser amables porque la mayoría de las personas no están trastornadas, la gente no quiere vivir de 400 euros. Ahora bien, hay momentos en la vida que son importantes para no perder la vivienda o para comprar alimentos o pañales. Debe haber un acompañamiento, y no hay suficientes profesionales.

¿Qué piensa del modelo de renta básica universal?

La Mesa está a favor de esta prueba piloto, de poder explorar qué pasaría si se implementara. También tenemos dudas, sobre si habrá suficiente financiación para esto. En un mundo ideal, sería algo positivo y, a veces, se quiere crear la dicotomía de que si hay ayudas de este tipo, la gente ya no trabajará. Eso no es así. La gente no va al trabajo solo para cobrar a fin de mes, también es una cuestión emocional.