Una España de señoritos (I): el crimen de Los Galindos

En el verano de 1975 el cortijo sevillano de Los Galindos protagonizó a su pesar todas las portadas de la prensa tras un asesinato múltiple que conmocionó a los habitantes del pueblo de Paradas, de donde eran todas las víctimas: Manuel Zapata, capataz de la finca; su esposa Juana Martín; Ramón Padilla, peón; José González, tractorista, y su esposa Asunción Peralta. Los asesinatos despertaron la curiosidad de un país que estaba a punto de enterrar al dictador Franco. Periódicos como El Caso le dedicaron decenas de portadas y hasta la prensa seria se interesó por los asesinatos y, por primera vez, TVE incluyó la crónica negra en su telediario. Desde el principio el caso fue complejo, pues los cuerpos aparecieron de forma escalonada y las primeras horas de la investigación fueron un desastre. No se precintó una escena del crimen que vecinos y jornaleros pisaron y alteraron sin que nadie lo impidiera, los cuerpos fueron movidos y la prensa deambuló libremente, incluyendo los lugares donde habían aparecido los cadáveres. A pesar de que la versión oficial apuntaba a que todo había sido un crimen pasional, los rumores sobre el caso nunca dejaron de circular y, aunque en teoría el crimen estaba resuelto, dos jueces continuarán con las investigaciones desmintiendo la versión oficial y abriendo nuevos interrogantes en un caso que sigue siendo un misterio.

Pero para entender el crimen de Los Galindos tenemos que entender antes el contexto histórico y político, pues en parte fue esto lo que impidió que el crimen pudiera resolverse. En 1975, el dictador Franco agonizaba y las élites franquistas maniobraban para sobrevivirle y adaptarse al nuevo régimen democrático. A pesar del desarrollismo, la industrialización, el destape y cierta prosperidad económica, en lugares como Paradas y Los Galindos el tiempo se había detenido en un mundo de señoritos y privilegios sostenidos por la miseria, el trabajo a destajo, la represión, el miedo y el hambre. El propietario del cortijo en la época de los asesinatos era Gonzalo Fernández de Córdova y Topete, marqués de Grañina y Valparaíso, descendiente del Gran Capitán, un noble venido a menos, casado con Mercedes Delgado, hija de terrateniente, en una boda en la que se unieron el rancio abolengo con el dinero nuevo de los vencedores de la guerra. El cortijo, de más de 400 hectáreas, proporciona ingresos millonarios gracias al cultivo del trigo, la cebada, el girasol y los olivares, y había pasado a manos de los suegros del marqués tras la muerte del hermano de Mercedes, a quien cedieron la propiedad aunque era el marqués quien manejaba los negocios de forma discreta hasta el día de los asesinatos.

Durante ocho largos años el crimen se le atribuirá a José González. Una versión oficial que hablará de un crimen pasional, de un amor frustrado entre él y Juana Martín. Pero cuando todo parecía olvidado, en 1983, la obstinación de dos jueces pondrá el caso patas arriba y apuntará mucho más arriba de lo que las autoridades franquistas que lo investigaron en un principio hubieran deseado. Pues desde el principio los rumores en el pueblo señalaron al marqués, motivados sobre todo por su extraño comportamiento, pues pasó dos noches en la casa del cortijo tras el crimen cuando hasta ese momento nunca se había alojado en ella ya que llevaba cerrada desde la muerte de su cuñado. Además los jornaleros y los vecinos de Paradas desconfiaban de que la Guardia Civil se atreviera a acusar al marqués, acostumbrados a ver a los señoritos salirse siempre con la suya con la complicidad de las fuerzas del orden. El propio marqués no dudó en exhibir sus privilegios y, escudándose en su rango militar, obligó al cabo de la Guardia Civil que le interrogaba a que se cuadrara ante él. A esto se suma que se sospechaba que el marqués estaba estafando al Servicio Nacional de Distribución Agraria en la venta del trigo. Un fraude que estaría cometiendo en complicidad con el administrador de la finca y que, al ser descubierto, habría provocado los asesinatos.

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A pesar de lo insistente y extendida que estaba la teoría de la implicación del marqués en el crimen, la versión oficial seguía achacando las muertes a un crimen pasional cometido por José González. Pero cuando el caso parecía cerrado y olvidado, el juez Antonio Moreno se hará cargo de la plaza vacante del juzgado de Marchena y, con ello, del expediente del crimen de Los Galindos. Y Moreno no parece dispuesto a dar por buena la versión de la Guardia Civil. Ordena entonces que se amplíe la investigación y que se tenga en cuenta a nuevos sospechosos. Pues el juez sospecha que detrás de los asesinatos hay un móvil económico: el fraude millonario en la venta de trigo. Pero los errores en el procesamiento de la escena del crimen durante los primeros momentos y la impericia de la Guardia Civil parecen haber condenado al caso desde el principio. Durante cinco años el sumario del caso engordará hasta los 1.400 folios sin que se pueda intuir siquiera una solución al crimen. Moreno será trasladado al juzgado de Las Palmas pero eso no significa que el caso se dé por cerrado.

Heriberto Asensio, juez novato que sustituye a Moreno en Marchena, decide continuar con la investigación y, para darle un nuevo impulso, pone al frente de la misma al policía José Antonio Vidal, que a su vez contacta con el catedrático en Medicina Legal Luis Frontela. En 1981 se produce la primera novedad desde 1975 cuando el alcalde de Paradas hace público que poco después de los asesinatos había recibido una carta firmada por un sicario anónimo en la que afirmaba que se le habían contratado para asesinar a Zapata por 10.000 pesetas, y que el resto de las muertes habían sido colaterales. Lo que nunca nadie ha podido explicar es por qué esta carta permaneció oculta durante seis años.

En 1983 Asensio ordena la exhumación de los cinco cuerpos para que sean sometidos a una nueva autopsia, esta vez mucho más exhaustiva, realizada por Frontela. El resultado de esta segunda autopsia dará un vuelco a un caso que volverá a ocupar titulares y despertará la curiosidad de un público que hacía tiempo que había olvidado la tragedia de Los Galindos.

Los resultados de las autopsias son claros con respecto a las causas de la muerte de José González: lejos de haberse suicidado, había sido también asesinado. Aunque este descubrimiento no lo descartaba totalmente como responsable, al menos en parte, de algunas de las muertes, para la familia del tractorista fue un alivio que les proporcionó algo de paz y que aligeró la carga de la vergüenza pública que llevaban arrastrando desde 1975. En octubre de 1983 se nombra a Antonio Moreno como juez especial para el esclarecimiento del, ahora sí, quíntuple asesinato. Moreno sigue convencido de que el móvil del crimen es el fraude millonario en la venta de trigo, y que el objetivo de los asesinos -el informe de Frontela menciona que el crimen tuvo que ser cometido por dos personas- era Zapata. Parecía que por fin era posible esclarecer la verdad de lo sucedido aquel 22 de julio de 1975 e incluso llevar a los asesinos ante los tribunales. Pero no será así, pues Frontela es un patólogo polémico que elaboró un informe donde los datos forenses se mezclaban con las especulaciones. Además, su afición a hablar con la prensa desesperó al juez Moreno. Años después Frontela será el responsable de la segunda autopsia de las niñas de Alcàsser, y uno de los principales culpables de que se extendieran las teorías disparatadas que todavía circulan sobre su asesinato.

A pesar de los esfuerzos de los investigadores, el supuesto fraude nunca pudo ser demostrado. En mayo de 1989 se cerrará oficialmente el caso ante la indiferencia de una sociedad que ya se había olvidado del crimen. 20 años después, el 22 de julio de 1995, el delito prescribe, y con ello, cualquier posibilidad de llevar ante la Justicia a los asesinos de los cinco trabajadores del cortijo. En el año 2014, cuando ya casi nadie recordaba el nombre de las víctimas, el techo del juzgado de Marchena se desplomará, y los más de 1.700 folios del sumario, junto con otra documentación judicial, desaparecerá sin que nadie haya dado con ellos hasta el momento.

El crimen de Los Galindos cuenta con todos los elementos para fascinar al público: unas muertes terribles e inexplicables, un período histórico complejo, una dictadura agonizante, un mundo arcaico de latifundios, señoritos, hambre, miseria y corrupción, una investigación defectuosa y constantes giros de guion. Sin embargo, a las cinco víctimas se les negó justicia desde el primer momento y sus familias nunca pudieron encontrar la paz de saber qué fue lo que realmente sucedió en un cortijo, Los Galindos, donde se había parado el tiempo y reinaban aun los privilegios de una élite que creía que no tenía que rendirle cuentas a nadie.