La petroquímica de Tarragona donde murieron tres trabajadores en 2020, acusada de persecución sindical

La explosión mortal en la empresa petroquímica IQOXE que provocó en enero de 2020 la muerte de tres personas —dos trabajadores y un vecino de Torreforta (Tarragona)— y varios heridos, desencadenó una movilización histórica del sector petroquímico de Tarragona, que reclamaba mejoras en los protocolos de seguridad y el fin de la precariedad laboral. Desde entonces, los sindicatos denuncian una "estrategia sostenida por parte de la empresa para silenciar la denuncia de los incumplimientos en materia de seguridad".

De hecho, la semana pasada, IQOXE despidió al presidente del comité de empresa y delegado de CCOO, en un caso que el sindicato considera un nuevo ejemplo de persecución sindical y vulneración de los derechos de representación de los trabajadores. Por ello, exige a la Administración que adopte medidas contundentes para reclamar la readmisión de este trabajador.

Según ha explicado el sindicato, la empresa ha justificado el despido alegando que el trabajador había cogido "dos garrafas de agua". Una acusación que CCOO califica de "insólita" y "absolutamente desproporcionada". "Es una excusa ridícula", asegura José Manuel Martín, secretario de Acción Sindical de CCOO de Tarragona, que ha atendido a este diario.

"El compañero cogió dos garrafas de agua para llevarlas a unas instalaciones donde habitualmente no hay agua. No fue para uso personal, sino para garantizar unas condiciones mínimas a los trabajadores que trabajan allí. Y aunque fuera cierto lo que dice la empresa —que no lo es—, eso sería una falta leve, nunca un motivo para despedir a alguien".

"No puede ser que una empresa con el historial de IQOXE, marcada por un accidente mortal y por incumplimientos reiterados, continúe actuando con esta impunidad"

Para el sindicato, esta situación es "una cortina de humo" para ocultar una decisión que ya estaba tomada. "Lo que realmente molesta a la empresa es que el presidente del comité de empresa sea una persona activa, que denuncia públicamente los incumplimientos y que defiende los derechos de la plantilla”, añade José Manuel. "En IQOXE, cada vez que hay un representante sindical fuerte, se intenta apartarlo", explica el representante sindical.

Segundo despido en dos años

Este no ha sido el único despido en los últimos años. Hace poco más de dos, en marzo de 2023, IQOXE ya despidió al entonces presidente del comité de empresa, Fran Pizarro, también miembro de CCOO. Pizarro había tenido un papel destacado en la denuncia de las irregularidades de seguridad que, según el sindicato, contribuyeron al grave accidente ocurrido en la planta en enero de 2020.

"Fran fue una de las voces más valientes en un momento muy complicado", recuerda José Manuel. "Habló delante de los medios, exigió responsabilidades y puso sobre la mesa los problemas estructurales de seguridad que aún hoy no se han resuelto. Pocos meses después, la empresa lo despidió con una excusa absurda. El juzgado reconoció la improcedencia del caso y tuvieron que indemnizarlo. Ahora pasa exactamente lo mismo", asegura José Manuel.

La lentitud judicial, un aliado para las empresas

Aunque el sindicato ya ha anunciado que emprenderá acciones legales para reclamar la readmisión del trabajador despedido, la vía judicial puede alargarse meses, incluso años. "Cuando se despide a un representante sindical, la respuesta debería ser inmediata", lamenta José Manuel. "En cambio, los procesos pueden tardar un año, un año y medio o dos. Durante ese tiempo, el compañero despedido está sin trabajo, con una incertidumbre brutal. Esta situación juega a favor de las empresas y desincentiva a la gente de hacer sindicalismo activo".

CCOO denuncia que esta lentitud "desprotege a los trabajadores y desnaturaliza el derecho a la defensa sindical", ya que el efecto disuasorio es inmediato. "Cuando la gente ve que ni siquiera quien tiene garantías legales está protegido, no se implica activamente", advierte el representante sindical.

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Un caso que va más allá de un conflicto laboral

El despido del presidente del comité de empresa de IQOXE no puede desvincularse del contexto general de la compañía. Desde la explosión de 2020, que conmocionó la ciudad de Tarragona y abrió un intenso debate sobre la seguridad industrial en el polígono petroquímico, la empresa se ha mantenido en el punto de mira.

Las investigaciones judiciales sobre el accidente aún no se han cerrado. De hecho, están procesados la empresa y tres exdirectivos. Se les imputan los presuntos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones, contra los derechos de los trabajadores y por estragos, por unos hechos que causaron la muerte de tres personas. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona sostiene que la política empresarial de aumento de la producción y reducción de costes derivó en un deficiente mantenimiento de las instalaciones y en el ejercicio de la actividad sin las condiciones de seguridad exigibles, además de contar con una plantilla insuficiente.

"Necesitamos un compromiso firme para garantizar que ningún representante sindical sufra represalias por hacer su trabajo"

Diversos sindicatos y entidades vecinales continúan exigiendo más transparencia y control público sobre las condiciones de trabajo y los protocolos de seguridad. "Desde el primer momento, IQOXE ha sido muy cerrada y hostil ante cualquier crítica", afirma José Manuel. "El comité de empresa ha sido clave para sacar a la luz muchas deficiencias internas, y eso les ha salido caro", sentencia.

Ante la repetición de estos hechos, CCOO de Catalunya ha hecho un llamamiento público a las administraciones para intervenir y poner fin a este tipo de prácticas. "No puede ser que una empresa con el historial de IQOXE, marcada por un accidente mortal y por incumplimientos reiterados, continúe actuando con esta impunidad", sostiene la central sindical en una nota de prensa: "Necesitamos un compromiso firme para garantizar que ningún representante sindical sufra represalias por hacer su trabajo", sentencia.