Del desarrollismo franquista a la emergencia climática: cómo Tarragona se convirtió en el laboratorio de un "modelo de progreso agotado"
Académicos, activistas y entidades alertan de que el territorio aún paga el precio ambiental y social de un crecimiento acelerado iniciado durante los años 60 en el libro 65 anys de progrés. Balanç del desarrollismo a les comarques del Camp des del franquisme al canvi climàtic.
Tarragona-
El Camp de Tarragona que conocemos hoy se configuró hace 65 años, cuando el gobierno franquista ideó un “plan de progreso” —conocido como Plan de Estabilización— que comportó la industrialización y, más adelante, la turistificación de un territorio principalmente rural, con la agricultura y un tejido industrial propio como principales motores económicos. En nombre de ese “progreso”, los terrenos de frutos secos se fueron convirtiendo en complejos industriales, petroquímicos y nucleares, y la tradición industrial familiar acabó siendo residual.
También en nombre de ese “progreso”, la costa tarraconense se convirtió en un polo de atracción turística para blanquear un régimen franquista aislado, con el boom del turismo de sol y playa. La Costa Daurada era un paraíso muy asequible para la clase media europea —y más adelante, también española—, un destino atractivo y muy barato. La dictadura vio en ello una oportunidad para especular en plena etapa “desarrollista”, nombre con el que se conoce a este modelo de crecimiento acelerado.
Un modelo turístico e industrial aún vigente hoy en día, que vertebra las comarcas del Camp de Tarragona. Una treintena de voces de académicos, activistas y entidades del territorio hacen un ejercicio de memoria histórica y radiografían los 65 años de este modelo de “progreso” en el libro 65 anys de progrés. Balanç del desarrollismo a les comarques del Camp des del franquisme al canvi climàtic -65 años de progreso. Balance del desarrollismo en las comarcas del Camp desde el franquismo hasta el cambio climático- (Lo Diable Gros). Alertan de que el territorio aún paga el precio ambiental y social de un crecimiento acelerado iniciado en los años 60 y que se ha ido transformando al ritmo de los cambios tecnológicos.
Los autores y autoras, desde sus diferentes ámbitos, ponen el foco en una transición energética que vuelve a amenazar la zona con macroproyectos solares y eólicos “y en un contexto de crisis climática que pone en evidencia los límites de este modelo de crecimiento”, señala Xavi Milian, activista y principal impulsor del libro. “Un crecimiento basado en un modelo económico extractivo que explota recursos naturales de otros territorios —como el agua del Ebro o del Siurana— de los cuales se benefician sobre todo grandes empresas del sector industrial y turístico”, explica.
Según Milian, este modelo extractivo impuesto por el franquismo ha sobrevivido a la democracia: la petroquímica, el monocultivo turístico, las nucleares y la centralización del poder económico. “El discurso del progreso —añade— ha servido para legitimar decisiones tomadas desde fuera del territorio, a favor de intereses empresariales y de unas élites locales cómplices”, denuncia.
Lo corrobora Neus Baena, doctora en Estudios Humanísticos por la Universitat Rovira i Virgili (URV) con una tesis sobre sacerdotes obreros e Iglesia antifranquista. “El franquismo utilizó el concepto de progreso para justificar una nueva forma de dominación territorial”, señala. “Las expropiaciones de tierras, la llegada masiva de trabajadores de fuera y la construcción de una gran industria petroquímica transformaron completamente la sociedad local”, comenta.
Aquel proceso generó, sin embargo, un movimiento obrero fuerte y organizado. “En los años setenta, en Tarragona había una conciencia de clase muy viva. La gente empezó a entender que los derechos no se regalaban, se conquistaban”, detalla Baena. “Los curas obreros, los sindicatos y los colectivos vecinales jugaron un papel clave en la defensa de los derechos laborales”, explica.
Pero con la reconversión industrial y la terciarización de la economía, esa conciencia obrera se fue disolviendo. Las externalizaciones y subcontrataciones en la petroquímica han debilitado los sindicatos y reducido los salarios: “Los trabajadores cobran menos ahora que en los años noventa. Las empresas han encontrado maneras legales de abaratar costes, y el poder de presión colectiva se ha disuelto”, apunta Milian.
Según el activista, el discurso del progreso sigue muy vivo, pese a las voces discrepantes de las nuevas generaciones que han surgido en los últimos años: “Se ha creado un imaginario en el que cualquier proyecto de inversión —sea un polígono, un casino o un complejo turístico— se asocia a oportunidad y empleo. Y cualquier crítica se rechaza en nombre del progreso”.
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El ejemplo reciente más paradigmático es el Hard Rock, el macrocasino proyectado en Salou i Vila-seca que acumula más de una década de polémicas y controversias. “Es la repetición exacta del relato de los sesenta: prometen empleo y dinamismo, pero detrás hay especulación del suelo, precariedad laboral y pérdida de soberanía económica. Es humo presentado como futuro”, asegura Milian.
Ahora bien, el ejemplo más evidente es el polígono petroquímico de Tarragona, el más grande del sur de Europa, que en 2020 centró todas las miradas a raíz del grave accidente de IQOXE, que causó la muerte de tres personas. “Es muy difícil criticar la industria sin parecer que estás atacando a la gente que trabaja en ella”, reconoce. “Pero si no podemos hablar abiertamente del coste social y ambiental de estos sectores y de este modelo, no podremos repensar el futuro”.
La Plataforma Cel Net lleva muchos años luchando por saber qué respira la sociedad tarraconense. A raíz de nuevos informes científicos que confirman la presencia de compuestos cancerígenos, la entidad reclama a la Generalitat una regulación “inmediata y efectiva”.
Aitana De la Varga, profesora agregada de Derecho Administrativo de la URV e investigadora del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), analiza en el libro la distancia entre el marco legal y su aplicación real. “Tenemos leyes y directrices europeas muy avanzadas —señala—, pero su efectividad depende de la voluntad política y de los recursos para hacerlas cumplir”. Cita ejemplos recientes: los niveles de benceno u ozono troposférico que superan los límites legales en los entornos de las petroquímicas, los episodios de contaminación por pellets de plástico o la falta de control sobre las emisiones industriales.
“El problema —dice— es que la Administración suele limitarse a medir las emisiones en el origen, pero no las inmisiones, es decir, la contaminación que realmente llega a las personas”. Esto genera una paradoja: “Vivimos rodeados de leyes ambientales, pero sin garantías reales. Nos hemos acostumbrado a hablar de sostenibilidad mientras mantenemos intacto un modelo insostenible e injusto”. Esta desprotección de la ciudadanía y la impunidad frecuente de las empresas provocan una pérdida de confianza “enorme” en la población.
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De la Varga defiende que el sector productivo debe repensarse desde la raíz: “No podemos seguir hablando solo en términos de beneficio económico. Debemos empezar a medir la riqueza también por su impacto ambiental y social”. En este sentido, apuesta por una transición energética justa, que no impacte siempre sobre los mismos territorios. Milian va más allá y señala que para hacer la transición energética “es necesario hacer también una transición en el modelo de producción de la energía”.
Según Milian, el camino pasa por acabar con “el oligopolio de la energía” y “la dependencia del capital extranjero” y transformar el modelo económico e industrial de la producción energética, “porque solo sustituyendo la fuente de energía no resolverá el problema”. “Si cambiamos las centrales nucleares por placas solares, pero cada vez consumimos más, está claro que el problema tampoco lo arreglaremos”, sentencia.
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