Nuevos informes científicos confirman la presencia continuada de compuestos cancerígenos en el entorno de la industria petroquímica de Tarragona

Tres informes recientes, elaborados por la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat de Barcelona (UB), han analizado el impacto de la contaminación industrial de las petroquímicas en el Camp de Tarragona desde una perspectiva analítica, toxicológica y jurídica. Las investigaciones, impulsadas por la plataforma Cel Net, constatan la presencia de compuestos químicos "altamente tóxicos" como el benceno y el 1,3-butadieno, reconocidos como cancerígenos según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y alertan sobre la falta de medidas regulatorias efectivas.

El 1,3-butadieno es una sustancia que no está regulada en cuanto a las inmisiones —las concentraciones en puntos concretos del territorio—, aunque se ha superado en varias ocasiones el valor máximo de referencia de 2 microgramos por metro cúbico anuales adoptado por la misma industria. Sobre todo en las localidades próximas al polígono norte de Tarragona, donde opera Repsol, como El Morell, Constantí, Vilallonga del Camp y Perafort-Puigdelfí.

La UPC ha hecho un seguimiento de la presencia de este tipo de sustancias tóxicas desde el año 2012 a partir de estudios sobre la calidad del aire en estos municipios. El nuevo informe confirma que estos territorios sufren "episodios recurrentes" de contaminación de benceno y de 1,3-butadieno. Son episodios que se producen de manera puntual pero repetida, y a menudo van asociados a molestias por olores.

Según la plataforma, no se trata de sospechas, sino de datos científicos contrastados: "Hace más de una década que los estudios indican que la población está expuesta de manera continuada a sustancias peligrosas. La persistencia de estas emisiones sin intervención constituye una grave amenaza para la salud y vulnera el derecho a respirar un aire limpio".

Déficit normativo e impunidad   

Los informes, a los que ha tenido acceso Públic, señalan que la legislación actual es "insuficiente". La normativa vigente solo contempla medias anuales, lo que diluye el impacto real de las emisiones y permite que episodios graves de contaminación queden sin sanción. El informe toxicológico de la URV propone establecer nuevos límites reguladores basados en períodos más cortos y enfocados en los compuestos más peligrosos, incluyendo benceno, 1,3-butadieno y óxido de etileno, este último sin regulación actual.

Los estudios también recuerdan que la Generalitat dispone del "marco jurídico necesario para actuar inmediatamente". Según la plataforma, la futura Ley Catalana de Calidad Atmosférica podría permitir revisar las autorizaciones ambientales de las empresas industriales e incorporar límites puntuales y anuales para controlar las emisiones: "La información existe, los estudios están disponibles y las soluciones son técnicamente viables. No actuar significaría perpetuar un riesgo para la población y una injusticia ambiental para el territorio".

"Esta no es una cuestión de voluntad política, sino de evidencia científica y responsabilidad institucional", defiende Cel Net. La plataforma insiste en que la información ya es pública y que los estudios están a disposición de las autoridades: "No actuar significaría perpetuar una situación de riesgo para la población y de injusticia ambiental para el territorio", señala la plataforma.

Adrià Pallejà, portavoz de la plataforma Cel Net, asegura en declaraciones a Públic que los nuevos equipos adquiridos por la Generalitat para la Red de Vigilancia y Predicción de la Contaminación Atmosférica (XVPCA) "continúan sin funcionar por falta de personal técnico". "Esta inacción pone en duda el compromiso del Govern con la salud pública y la transparencia en la gestión de la calidad del aire", denuncia Cel Net, que asegura que los informes "marcan un punto de inflexión": "La exposición deja de ser una cuestión de desconocimiento para pasar a ser un problema de falta de actuación".

La plataforma y los expertos afirman que los informes son imprescindibles para entender la realidad ambiental del Camp de Tarragona y para definir las políticas necesarias para revertir la situación.