Tres muertes por suicidio en prisiones catalanas en menos de un mes encienden las alarmas de las entidades de derechos humanos
El Observatorio del Sistema penal y Derechos Humanos denuncia una "falta de transparencia absoluta" por parte del Departament de Justícia y pone el foco en los peligros y riesgos del abuso del régimen de aislamiento penitenciario.
Barcelona--Actualizado a
El 20 de febrero un interno murió por suicidio en la prisión Puig de les Basses, en Figueres (Girona). Once días más tarde, el 3 de marzo, lo hacía otro preso en el mismo centro penitenciario, según ha podido saber Públic y han confirmado fuentes del Departament de Justícia. Este diario también ha tenido conocimiento de un tercer fallecimiento por suicidio recientemente —también este mes de marzo— en la prisión Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), según informan entidades de derechos humanos y confirman fuentes del Departament.
La segunda y tercera muerte tuvieron lugar en régimen de aislamiento, en el Departament Especial de Règim Tancat (DERT). Al menos en dos de los casos, los presos habrían utilizado los cordones de los zapatos atados a los barrotes de la ventana de la celda para estrangularse, según fuentes conocedoras de los casos, aunque el Departament de Justícia no ha querido dar detalles de la situación en que se han producido las muertes.
El Departament de Justícia "lamenta profundamente las muertes, cualquier suicidio en un centro penitenciario es un fracaso", señalan fuentes del Departament a Públic, que no ha dado más detalles. Esta falta de información es precisamente una de las cuestiones que más preocupa a las entidades de defensa de los derechos humanos.
El Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos denuncia una "falta de transparencia absoluta" por parte del Govern cuando se produce una muerte en las cárceles catalanas: "Debería ser algo claro y transparente: qué ha pasado y cuáles son las causas", lamenta el director del Observatorio y experto en derecho penitenciario Iñaki Rivera, que denuncia una dinámica habitual de opacidad en estos casos. "Cuando hay muertos en otros espacios de la vida —escuelas, hospitales— inmediatamente hay información y explicaciones. En la cárcel, en cambio, todo queda en una opacidad extraña", critica Rivera.
Estos fallecimientos por suicidio no se han hecho públicos hasta que este medio ha hecho la petición de información después de haberse enterado por varias fuentes conocedoras de los tres casos. A esta falta de transparencia se suma la elevada tasa de estos casos en las cárceles catalanas, que es dos veces superior a la española y la europea. 16,8 presos de cada 10.000 se quitaron la vida en 2022, según el informe anual sobre el estado de las prisiones del Consejo de Europa de 2023. En España esta tasa se situaba en el 7,3, y en el resto de Europa, en el 7,1. Aunque los datos mejoraron en 2023, en 2024 volvieron a subir: 11 presos murieron por suicidio. "Los datos son brutales, aterradores", lamenta Rivera, que denuncia que el sistema penitenciario catalán "se estaría moviendo hacia un modelo de máxima dureza en la gestión de los internos".
El Departament de Justícia puso en marcha un plan de choque en octubre de 2024 "para alcanzar el objetivo de que no haya" ninguna muerte por suicidio "en los centros penitenciarios". El plan, recuerda el Departament, contempla la creación de una mesa permanente de prevención en cada prisión para revisar datos y proponer soluciones; la sensibilización y formación de todos los agentes implicados; el establecimiento de un sistema de alerta por acontecimientos críticos; la participación activa de los internos con un buzón de aviso, la figura del interno de apoyo; restringir el acceso a utensilios letales, habilitar espacios alternativos menos restrictivos con videovigilancia; intensificar la intervención en departamentos especiales, garantizar la conectividad y el registro compartido de la información.
El Departament de Justícia ha confirmado que "no hay ninguna relación" entre los dos casos de Puig de les Basses. Sin embargo, la entidad insiste en que no se pueden analizar de manera individual, "hay que contextualizarlos dentro de un marco más amplio que incluye el aumento de medidas coercitivas, como las contenciones mecánicas o el aislamiento prolongado", apunta Rivera, que pone el foco en los peligros y riesgos del abuso del régimen de aislamiento penitenciario, que supone pasar entre 18 y 22 horas al día en una celda.
Rivera asegura que "hay una relación clara entre el aislamiento y el aumento del riesgo de suicidio". El Departament de Justícia publicó hace unos meses una investigación que analizaba los 54 casos sucedidos en sus cárceles entre 2018 y 2023 y los datos eran escalofriantes: el 80% de los presos que se quitaron la vida habían pasado por el Departament Especial de Règim Tancat (DERT) -aislamiento- en los seis meses previos.
El diputado de los Comuns y presidente de la Comissió de Justícia i Qualitat Democràtica en el Parlament, Andrés García Berrio, también señala el aislamiento como uno de los principales causantes: "Genera unos padecimientos psicológicos que pueden ser determinantes", ha dicho en declaraciones a Públic. García lamenta que sea un mecanismo "normalizado en las cárceles catalanas" y que su utilización sea "desorbitada". Por todo ello, exige al Govern "cuestionarse el aislamiento como un mecanismo normalizado", aplicar de manera "efectiva" el plan de choque y mejorar la coordinación entre el Departament de Justícia y de Salut para evitar más muertes por suicidio.
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Por su parte, las organizaciones han pedido al Parlament de Catalunya la creación de un grupo de trabajo específico para investigar la relación entre salud mental, régimen de aislamiento, contenciones mecánicas y suicidios dentro de las prisiones. La propuesta ya se ha puesto sobre la mesa anteriormente, pero fue rechazada con los votos en contra de varias formaciones -PSC, Junts, PP y Vox-. Ahora se ha vuelto a presentar y está pendiente de una nueva votación.
El RisCanvi dificulta procesos de reinserción
Público ha podido tener acceso a esta información de las muertes por suicidios que afecta a las garantías de seguridad en las cárceles catalanas después de que el pasado sábado también publicara una amplia investigación en exclusiva sobre cómo Catalunya utiliza desde hace años RisCanvi, un programa informático que la Generalitat introdujo en sus cárceles con un algoritmo que evalúa el riesgo de reincidencia de los presos. Pero también mide el riesgo de violencia autoinducida. De los 54 fallecimientos por suicidio que sucedieron entre 2018 y 2023, el 60,5% se valoraron con un riesgo alto en los seis meses previos. Este sistema, que incorpora modelos predictivos basados en datos, lleva años en el punto de mira de las organizaciones en defensa de los derechos de los presos.
"El RisCanvi ha supuesto una absoluta estandarización y automatización a través de una máquina que atenta contra los derechos fundamentales de las personas presas", afirma Rivera. Según el jurista, este tipo de herramientas pueden acabar condicionando decisiones clave sobre el futuro de los internos sin tener en cuenta la complejidad real de cada caso. "Estas herramientas pueden reforzar desigualdades y dificultar procesos de reinserción", denuncia. Unas sospechas que ha confirmado una investigación de Público, que revela que la forma en que jueces y fiscales usan los resultados de RisCanvi estaría impactando negativamente en los derechos de los presos más vulnerables que hoy cumplen condena en Catalunya.
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