MADRID.- La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el teniente Luiz Gonzalo Segura contra la sanción disciplinaria de resolución de compromiso y que fue dictada por Defensa, como autor de una falta muy grave consistente en realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a los superiores.

La sentencia recoge como hechos probados que el teniente Ejército de Tierra después de cumplir una sanción de dos meses de arresto por dos faltas graves, continuó realizando declaraciones en los medios de comunicación contra las Fuerzas Armadas y las autoridades militares.

En el recurso interpuesto, el militar sostuvo que la actuación disciplinaria no era ajustada a derecho, que se le había generado indefensión y que, además, la sanción era desproporcionada. Considera que tendría que ser sustituida por una suspensión de empleo en grado mínimo, ya que a su juicio se le había castigado por hablar y por denunciar casos de abusos y corrupción en el cuerpo.

En junio de 2015 el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, le expulsó del Ejército tras trece años de servicio y también se hizo eco de sus apariciones en los medios aunque nombró dos concretas; una en la que apareció en un programa de televisión vestido con el uniforme reglamentario y otra radiofónica.

De esta primera se hace eco el Tribunal Supremo que, en su sentencia, rechaza todas las cuestiones relativas a la indefensión y concluye que las expresiones y descalificaciones recogidas en los hechos probados "por su propio sentido gramatical, son tan claramente insultantes y afrentosas que el ánimo ofensivo se halla ínsito en ellas".

El exmilitar siempre ha defendido que las sanciones disciplinarias impuestas por los mandos militares han sido por "hacer declaraciones contrarias a la disciplina de las Fuerzas Armadas", nunca "por mentir". Por ello, Segura pedía que "se hiciera una auditoría" para comprobar la veracidad de sus denuncias. "Y si resulta lo que digo no es cierto, que se tomen medidas contra mí. Pero el Ejército nunca ha iniciado una investigación", exponía en sus entrevistas con diferentes medios de comunicación.

La Sala de lo Militar añade que se ha rebasado la simple intención de denuncia pública y que no se ha producido un exceso inadecuado y ocioso de su derecho a la crítica a sus superiores, sino verdaderos insultos y descalificaciones ciertamente ofensivos, atribuyendo a mandos y autoridades comportamientos corruptos y conductas contrarias a la ética y a la disciplina, excediendo con ello los razonables límites del derecho a la libertad de expresión.

La Sala entiende que, lejos de realizar una crítica mesurada, lo que el recurrente hizo fue "pura y llanamente ofender, imputando de manera generalizada, reiterada y contumaz a mandos y autoridades la comisión de actos arbitrarios, ilegales e inicuos", motivo por el que los magistrados sentencian que debe confirmarse su expulsión del ejército.

El alto tribunal añade que la sanción impuesta es razonable y proporcionada en tanto que Segura realizó reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a los superiores, actos próximos en el tiempo, graves y que ponen en peligro el bien jurídico protegido por la norma.

Para el Tribunal Supremo, está claro que "las graves acusaciones y descalificaciones" vertidas en un programa de televisión y en tres periódicos "suponen un ataque frontal a la disciplina al quebrar el respeto de autoridades, superiores y de la propia institución, por lo que no cabe sino concluir que el tipo elegido ha sido el adecuado".

Esa "gravedad y trascendencia" indica, según el tribunal, un persistente comportamiento disonante respecto de lo que se predica de un oficial de las Fuerzas Armadas y es absolutamente incompatible con esa condición y frontalmente contrario a sus deberes.

El exmilitar ha explicado que, aunque ahora empieza una nueva etapa de su batalla legal porque ante la decisión del Supremo no cabe recurso ante ninguna sala nacional, está dispuesto a continuar con su defensa ante los organismos internacionales.

De esta forma, Segura ha comunicado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que éste decida sobre su expulsión de las Fuerzas Armadas españolas. Se trata de una sala internacional ante la que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en su Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del Convenio.

En cualquier caso, este sería un proceso largo debido a los ritmos del citado tribunal y la burocracia necesaria para interponer recursos ante él.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) señala que las filtraciones son “un elemento esencial para salvaguardar el interés público, promover una cultura de rendición de cuentas y, en muchos países, está demostrando ser crucial en denunciar las malas prácticas, el fraude y la corrupción”.

Pese a ello, denuncia que solo el 41% de los 34 países que la integran tiene una ley para proteger y promover específicamente las filtraciones de información. De los restantes, un 47% lo hace mediante artículos de otras leyes, mientras que un 13% no lo hace en absoluto. En este último grupo se encuentra España.

Por ello, algunos denunciantes de corrupción se han organizado en torno a la Plataforma por la Honestidad para impedir que "los corruptos puedan acosar a los denunciantes para desincentivar lo máximo posible a aquellos con voluntad de denunciarla". Formada por activistas y otros denunciantes como el propio Segura, Ana Garrido (tama Gürtel), Araceli Blanco (Canal de Isabel II) o Roberto Macías (UGT), la plataforma impulsa el Proyecto de Ley Integral de Protección para el denunciante de corrupción.

El texto, al que se ha adherido también Jueces para la Democracia, pide otorgar una protección similar a los testigos y denunciantes de corrupción que la que se dispone para blindar a las víctimas de violencia de género con medidas como la asistencia jurídica y psicológica gratuita y la salvaguarda de su anonimato.