MADRID. -La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dado la razón a Greenpeace y a la Junta de Andalucía y ha declarado que el hotel de El Algarrobico, levantado en pleno Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería, se encuentra en un área "ambientalmente protegida" y "no urbanizable". Además, el Supremo se ha pronunciado sobre la propiedad de los terrenos en los que la constructora Azata del Sol levantó el edificio turístico, dando la razón a la Junta de Andalucía que ha ganado el derecho de retracto. También desestima otros dos recursos presentados por la empresa, aunque no ha hecho públicos aún el contenido de estos últimos fallos.

Tras casi dos semanas de deliberaciones, el alto tribunal ha zanjado así varios de los asuntos clave para el futuro del polémico hotel, envuelto desde hace 10 años en un embrollo judicial de fallos y apelaciones a favor y en contra de mantener el edificio turístico, símbolo de los desmanes urbanísticos, frente a la costa mediterránea. Con los fallos del Supremo de este jueves, El Algarrobico tiene los días contados, aunque todavía quedan pendientes resoluciones en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la responsabilidad patrimonial, un asunto sobre el que el Supremo no se pronuncia en sus sentencias de hoy.

El Supremo debía decidir sobre dos sentencias anteriores del TSJA que se contradecían entre sí. Mientras que en 2012 la Sección Primera del tribunal andaluz concluyó que el área del Algarrobico se localiza en zona no urbanizable tal y como establecía la normativa ambiental de 1994 (derogada en 2008) y pedía su demolición; dos años después la Sección Tercera del mismo tribunal dictaminaba que el suelo sobre el que se levanta el hotel era "urbanizable cuyo desarrollo no resulta contrario a los valores del espacio protegido".

El Supremo encuentra "incomprensible" que se produjera una segunda sentencia sobre el asunto, ya que la primera, -asegura- era "firme" al no haber sido recurrida en casación. Además, el alto tribunal se pronuncia en un tono muy duro contra el cambio de jueces que se produjo para la segunda sentencia. Ningún argumento "dio cobertura a la modificación de Sección que improcedentemente y con vulneración de las normas" volvió a fallar sobre un asunto ya decidido, dice el Supremo, que añade que la Sección Tercera carecía de competencia para asumir la deliberación y fallo del litigio. 

El derribo del hotel

En un comunicado, Greenpeace ha celebrado el fallo y ha exigido al Gobierno en funciones y a la Junta que pongan en marcha un protocolo para la demolición del hotel, que ya fue publicado en el BOE del 6 de diciembre de 2011. “Hoy es un día histórico para la lucha ecologista, el recurso se ha resuelto a nuestro favor y por fin no caben excusas para demolerlo inmediatamente”, ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de la organización ecologista en España.

El futuro del El Algarrobico está ahora en manos de la Junta que, como propietaria de los terrenos, tiene que decidir cómo actuar en base a estas sentencias. El Gobierno andaluz puede comprar el hotel a sus propietarios y derribarlo por su cuenta, o exigir que sea la constructora quien asuma el derribo dado que fue construido en terreno protegido y se trata de un edificio ilegal. La empresa promotora, no obstante, reclama una indemnización de 70 millones de euros argumentando que el hotel se construyó con una licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras y el permiso de la Junta y del Gobierno central. Este asunto se dirime en un pleito aparte en la Audiencia Nacional. Además, en una sentencia del año pasado que es firme y contra la que no cabe recurso, el TSJ de Andalucía declaró que la licencia de obras es "legal", por lo que la promotora cuenta con un sólido argumento a su favor en cuanto a esta cuestión. 

El partido Equo ha exigido que se "depuren responsabilidades sobre este despropósito", tanto por parte de las instituciones como por parte de la promotora.

Greenpeace calcula que el desmantelamiento del hotel y la restauración de los terrenos ascenderían a un coste de unos 7,3 millones de euros.