Televisiones autonómicas: un tsunami de protestas contra el control político y la externalización de servicios

Los representantes de los trabajadores de las radios y televisiones públicas autonómicas se reúnen este lunes y martes en Sevilla para fortalecer un frente común contra lo que consideran un mal común en todas ellas: el control político que manipula sus servicios informativos, la progresiva externalización de sus redacciones y departamentos técnicos y, como consecuencia, el creciente desmantelamiento de su labor como servicio público. Ese malestar es visible en las jornadas semanales de protesta que se secundan en la mayoría de las cadenas regionales con sus empleados vestidos de negro cada martes, miércoles o viernes.  

El segundo encuentro de la Plataforma de Radiotelevisiones Públicas en Lucha se va a celebrar en la sede de Canal Sur con la participación de los comités de empresa de 14 cadenas autonómicas, el doble de los que asistieron al primero, que tuvo lugar en Santiago de Compostela, según Eduardo Rico, presidente del comité intercentros de la RTVA, organizadora como anfitriona de las jornadas. Y uno de los temas que centrarán el debate será el escaso o nulo cumplimiento en España del Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación (EMFA por sus siglas en inglés).

El artículo cinco de ese reglamento establece que los Estados miembros de la UE tienen que garantizar que los medios públicos sean independientes en su línea editorial y en su funcionamiento, ofreciendo de un modo imparcial una pluralidad de información y opiniones a sus audiencias, “de conformidad con su mandato de servicio público”. Y con tal fin se exige a los gobiernos asegurar que los procedimientos para el nombramiento o destitución de los responsables de esos medios de comunicación tengan por objeto “garantizar la independencia”, así como designar organismos “libres de la influencia política” de los ejecutivos para que hagan un seguimiento de la aplicación de la EMFA.

Los representantes de los trabajadores de las radios y televisiones autonómicas con los que ha hablado Público describen un panorama muy alejado del cumplimiento del reglamento europeo que vela por la libertad de los medios de comunicación públicos: los gobiernos de sus comunidades autónomas imponen directivos afines que llegan a controlar férreamente la información que se ofrece a unas audiencias cada vez más minoritarias por la falta de credibilidad, se promueven redacciones paralelas que incumplen las garantías de contratación pública y trabajan al dictado de los jefes, y se externalizan cada vez más programas y servicios con productoras en muchos casos afines al poder político de turno.

Ocho años de protesta en la gallega      

Raquel Lema, presidenta del comité intercentros de la CSAG (antigua CRTVG), conoce bien el paño. Los trabajadores de la radio y televisión gallega llevan ya ocho años de protestas, más de 400 viernes seguidos vistiéndose de negro para denunciar un incumplimiento sistemático de la labor de servicio público para la que se constituyó el ente. Esa lucha ha tenido también enconadas contiendas judiciales, que se han saldado con dos contundentes sentencias en las que tribunales superiores han condenado a la dirección de la cadena autonómica por haber represaliado con sanciones y cambios de puesto de trabajo a sendos redactores por participar en el movimiento reivindicativo denominado Defende a Galega, que en 2019 recibió el Premio José Couso del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia (Colexio de Xornalistas).    

“Hay un grandísimo problema en común, que afecta a todos los entes autonómicos, del que se derivan todos los demás: la injerencia política, una anomalía democrática que aún no se ha corregido, que permite la intromisión del poder político en la dirección de los medios públicos para convertir las radios y televisiones públicas en gabinetes de propaganda de los gobierno de turno”, explica a Público Raquel Lema.

La manipulación de la información que emite la TVG ha llegado a tal cota, según la presidenta de su comité intercentros, que la ciudadanía lo percibe cada vez más y le da la espalda con unas audiencias que se sitúan muchos días hasta por debajo del 5%, tal como muestran los datos difundidos por Defende a Galega. “A la gente le puedes engañar durante un tiempo, pero luego acaban buscando otros medios para informarse”, advierte la representante de los trabajadores.

La externalización de los servicios y la creación de redacciones paralelas son otros de los grandes problemas a los que tienen que hacer frente los comités de empresa de la radio y televisión gallega, al igual que los de los otros entes públicos autonómicos, según Raquel Lema. Por un lado, dice, se conceden cada vez más contenidos y servicios a empresas privadas “afines”, que se lucran con el dinero público de un servicio supuestamente público; y, por otro, se contratan a dedo a “personas leales, mercenarias, serviles”, que no pasan por los criterios garantistas de toda contratación pública, para “sacar adelante los planes” informativos de sus jefes. “Y cuanto más organizadas están las plantillas para defender sus derechos, más recurren a estas redacciones paralelas”, asegura Lema.

En Canarias ya conocen la externalización  

En la Radio Televisión Canaria, con unos 500 trabajadores, sus profesionales se visten de negro cada miércoles desde el pasado mes de octubre para oponerse, en su caso, a la externalización de parte o de todos los servicios informativos a través de un proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno autonómico del archipiélago. En el ente canario conocen muy bien las consecuencias que tendría esa externalización, porque desde su creación, hace 26 años, y hasta 2018 los informativos eran elaborados por los profesionales de una empresa privada.

“Nos da miedo volver atrás, porque ya sabemos lo que es trabajar con una empresa privada, lo que supone el control que ejercen los directivos, la falta de independencia, las condiciones laborales, la inestabilidad en el empleo... Nosotros vivimos una manipulación insoportable, hasta el punto que de los redactores se limitaban a grabar la rueda de prensa de un político y luego los jefes, los editores, que eran los únicos que formaban parte de la empresa pública, decidían qué se ponía y qué no”, dice a Público Aday Domínguez, presidente del comité intercentros del hoy ente público canario.

Los trabajadores de la cadena pública canaria temen que el proyecto de ley de su gobierno suponga una vuelta a las andadas, al ERE que les aplicaron con la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy que supuso el despido de 43 empleados. “Es una ley que consideramos que está escrita contra los trabajadores, sin contar con ellos, porque nadie se puso en contacto con nosotros, cuando es un texto que va a regir nuestro trabajo”, critica Domínguez. 

Y el temor se acrecienta entre la plantilla porque el primer borrador de la ley incluía la creación de un consejo profesional elegido por los trabajadores de los servicios informativos como garante de su imparcialidad que luego ha desaparecido “misteriosamente” en el último documento aprobado por el gobierno canario, según el presidente del comité intercentros. “Nosotros exigimos que la externalización se limite a eventos extraordinarios e imprevisibles, como fue la erupción del volcán en La Palma. Esta televisión es pública, damos un servicio público esencial, que debe mantener la independencia y la no injerencia política, tal como recoge la Constitución, así que no entendemos que, salvo excepciones, haya una externalización”, subraya Aday Domínguez.   

Los viernes negros en Castilla-La Mancha  

En CMM, la radio y televisión pública de Castilla-La Mancha, con 681 trabajadores en plantilla, llevan 16 semanas vistiéndose de negro cada viernes para “defender a la ciudadanía y la democracia” de “la manipulación, externalización y los recortes” que arrastran desde la etapa en que Dolores de Cospedal, del PP, fue presidenta del Gobierno manchego, dice a este periódico el presidente del comité de empresa de la televisión, Sergio Ferrer.

“En CMM hemos cumplido 25 años y lo celebramos sin que haya interlocución directa de los comités con la directora general, lo que nos ha obligado a solicitar una mediación urgente con la Junta”, se lamenta Ferrer, quien denuncia la existencia de “un patrón de gestión partidista que prioriza soluciones externas: vacantes sin cubrir, designaciones discrecionales, sin bolsas por especialidad vigentes y recursos infrautilizados que encarecen el servicio y favorecen intereses privados”.

A juicio del representante de los trabajadores, el modelo que se sigue en CMM utiliza la externalización para ocultar su ineficacia y repartir recursos públicos entre empresas afines. “Como consecuencia -añade-, se deteriora el servicio y aumentan los problemas psicosociales: sobrecargas, falta de sustituciones, desorganización y duplicidades que afectan a radio, televisión y, especialmente, al área digital, gestionada con opacidad”.

Lo que pretenden negociar los trabajadores con la dirección del ente es la implantación del Estatuto de Informativos de CMM que se negoció en el 2017, según Ferrer. “A la dirección y al Gobierno le interesa beneficiarse de su no aplicación, como defienden textualmente: es una decisión de línea editorial. García-Page (actual presidente del gobierno autonómico, del PSOE) se benefició de este trato favorable en su última entrevista. Además de un sinfín de evidencias de manipulación política y tantas otras comerciales”, relata el presidente del comité de empresa.

Martes negros en Canal Sur contra la manipulación  

Los trabajadores de Canal Sur, la anfitriona del segundo encuentro de radio televisiones públicas en lucha, se han sumado desde hace algunas semanas con los Martes Negros a las protestas generalizadas en las cadenas autonómicas contra la manipulación informativa y la externalización de sus servicios. “Las concentraciones de los martes están cada vez más concurridas”, asegura el presidente de su comité intercentros, que ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la contratación de cinco redactores a dedo, sin pasar por ningún proceso selectivo garantista y a pocos meses de las elecciones autonómicas, uno de ellos procedente del gabinete de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.

La manipulación informativa en Canal Sur fue denunciada de forma reiterada por el Consejo Profesional, un órgano integrado por nueve miembros elegidos por la plantilla de redacción, realización, producción y operadores de cámara y sonido de la radio y televisión pública andaluza. Durante sus cuatro años de mandato, el último consejo elegido reveló haber recibido “centenares de quejas de profesionales sobre noticias, enfoques informativos o rutinas profesionales” que consideraban inapropiadas y contrarias a lo estipulado en el Estatuto Profesional del ente que vela por la imparcialidad y veracidad de sus contenidos informativos. Uno de los casos más llamativos fue, según el consejo, haber ocultado durante varios días en los noticiarios el escándalo de los fallos en el cribado del cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud que afectaron a más de 2.300 mujeres.    

Los cambios legislativos para controlar Telemadrid  

En Telemadrid no hay convocadas protestas periódicas contra la manipulación informativa, como en otras cadenas, aunque sus trabajadores sufren la injerencia política gubernamental desde hace muchos años y en dosis que aumentaron considerablemente desde los atentados del 11-M en 2004, según el presidente de su comité de empresa, Jorge Rodera. La cadena pública madrileña, que en 2013 afrontó un ERE que acabó con cerca del 80% de la plantilla, sobrevive hoy con 530 empleados, menos de la mitad de los que tenía antes de la regulación.

Y esa manipulación creciente ha derivado en audiencias ridículas, dice Rodera, hasta situarse en una media anual inferior al 5%. “Cuando se llega a un 6% los directivos hacen fiesta. Para ellos, que la televisión pública de Madrid (comunidad que supera los 7 millones de habitantes) la vean más de 100.000 personas ya es un éxito”, se lamenta el representante de los trabajadores de esta cadena pública.

La última época en la que cambiaron algo las tornas, en la que creció la audiencia, fue, según Rodera, durante la presidencia de José Pablo López Sánchez, ahora presidente de la Corporación RTVE, que emprendió una renovación del medio público madrileño hasta que lo cesaron al comienzo del segundo gobierno de Isabel Díaz Ayuso, donde contó con el apoyo de Vox. Y es que los vaivenes políticos que se producen al frente de la comunidad se sienten casi de forma inmediata en Radio Televisión Madrid SA, que es ahora como se denomina ese ente público. Sus trabajadores ya se han acostumbrado a que si hay cambio de gobierno, hay cambio en la ley que regula su funcionamiento y, como consecuencia, sus derechos y los de la audiencia se resienten.

El Tribunal Constitucional acaba de declarar nulo el acuerdo de la Asamblea de Madrid que en 2021 tramitó por el procedimiento de lectura única la ley que sacó el Gobierno de Ayuso para aumentar el control sobre Telemadrid, nombrando a un administrador provisional sin límite de tiempo y con la ratificación de tan solo la mitad de los diputados autonómicos. Según la sentencia, se infringió el derecho fundamental a la participación política de los diputados del grupo socialista que recurrieron en amparo aquel acuerdo por haberles impedido debatirlo y votarlo.

En diciembre de 2023, con un nuevo gobierno de mayoría absoluta, Ayuso volvió a modificar la regulación de la Radio Televisión de Madrid en el marco de una amplia ley de medidas para la simplificación y presunta mejora de los organismos de la comunidad, adaptando el número de miembros del consejo de administración del ente a la nueva mayoría del PP, reduciendo la pluralidad de los grupos parlamentarios que deben estar representados en ese órgano.

“Lo primero que hace cada gobierno es cambiar la ley de Telemadrid al gusto del gobernante de turno”, se lamenta Jorge Rodera. Eso ha determinado, asegura, que la Comunidad de Madrid haya acabado ejerciendo un “control absoluto” sobre todo lo que se hace en la cadena pública autonómica. “Hasta para aprobar la sustitución de un trabajador por una baja tienen que dar el permiso desde la Comunidad”, asegura el presidente del comité de empresa. Así que para resolver cualquier problema en el trabajo tienen que recurrir a la vía judicial. “Todo está judicializado, porque la dirección no hace nada sin que se lo autorice la Comunidad”, precisa.

Un convenio que no cambia desde 1989 en EITB  

En la radio televisión pública vasca, EITB, con 1.168 trabajadores, también se quejan de la falta de independencia, en este caso respecto al gobierno del PNV, con una larguísima trayectoria al frente de esa comunidad. “La dirección de EITB carece de independencia real debido a su histórica vinculacion con el PNV, lo que deriva en unos servicios informativos parciales y supeditados al poder político”, dice a Público el presidente del comité intercentros, sección ETB, Aritz Legarreta-Etxebarria.

Según el representante de los trabajadores, la falta de neutralidad del ente se traduce en una gestión interna en la que la promoción profesional se hace a dedo, sin seguir los principios de igualdad, mérito y capacidad, y excluyendo a las voces críticas en las esferas de decisión.

El comité intercentros de la cadena pública vasca también se queja de una “externalización sistemática” de la producción hacia “productoras afines que operan como Empresas de Trabajo Temporal, precarizando los derechos laborales y degradando la calidad del servicio público”. Esta estrategia de subcontratación, añaden, se ha extendido a las nuevas plataformas digitales, mediante modelos opacos en cuanto a gestión y regulación del empleo.

Los trabajadores de EITB, como la gran mayoría de las cadenas autonómicas, mantienen concentraciones de protesta, en su caso los últimos viernes de cada mes desde que comenzó 2026, para exigir un nuevo convenio colectivo que sustituya al que se ha mantenido durante cerca de 40 años, concretamente desde 1989. “Sin un marco nuevo será imposible adaptarnos a los nuevos retos de esta era de la información, la excusa perfecta para la dirección para externalizar y hacer y deshacer a su antojo en un medio de comunicación público y necesario”, explica Legarreta, quien pone como ejemplo de la antigüedad del convenio que en él se habla aún de cosas como el “manejo de un magnetoscopio o de una máquina de escribir”.

Casi todos interinos en À Punt  

En la cadena pública valenciana, À Punt, con algo más de 500 trabajadores, también protestan cada viernes y vestidos de negro. Lo hacen desde hace cuatro meses para reivindicar la estabilización de una plantilla donde prácticamente todos son interinos desde que se reabrió el medio hace ocho años después del cierre de Canal Nou. Han salido a protestar porque, según el presidente del comité, Antonio Villarreal, la dirección de la empresa ha respondido con despidos a su exigencia de hacer fijos a los temporales.

El comité de empresa considera esencial que se lleve a cabo “un redimensionamiento de la plantilla”, porque, al ser muy pocos trabajadores en todos los departamentos, la empresa “se dedica a explotar a la gente o a subcontratar personal externo, al que puede explotar más fácilmente aún en condiciones pésimas laborales y de calidad del producto”, afirma Villarreal.

Y al igual que sucede en otros entes públicos autonómicos, los trabajadores de la cadena valenciana se quejan de las externalizaciones y de “la injerencia del poder político en el libre ejercicio de los profesionales de la información”. “Protestamos contra la manipulación de la información llevada a cabo desde una dirección de informativos nombrada a dedo y a la que se le está intentando despojar del mecanismo de control que suponía el Consejo de Informativos”, subraya el presidente del comité.

En el encuentro en Sevilla de los comités de las radiotelevisiones en lucha se va a debatir la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones conjuntas en todas las cadenas para “la defensa de un servicio público que -subrayan- pagan los ciudadanos con sus impuestos”. En la segunda jornada está previsto que participen en la concentración de protesta que los trabajadores de Canal Sur realizan cada martes y posteriormente en otra delante del Parlamento de Andalucía.

Raquel Lema, de la cadena pública gallega, tiene claro que los comités de empresa no van a poder solucionar solos la creciente injerencia política y el consiguiente deterioro del servicio público que prestan las radios y televisiones autonómicas. “Utilizar dinero público para fines privados es un delito. Por eso hay que avanzar también en la tipificación penal para poner medidas contra esto. No se puede expedientar a un trabajador por llegar diez minutos tarde y que a quien utiliza los medios públicos para sus fines particulares no le pase nada”, concluye la presidenta del comité del medio autonómico con la movilización más larga.