Trabajo multa con 6,5 millones a empresarios de invernaderos de Huelva y Almería por recortar derechos y salarios a 7.500 trabajadores

Dos de los sectores más potentes de la economía andaluza, el de los invernaderos de la hortofruticultura almeriense y el de la fresa y otros frutos rojos de Huelva, acumulan significativas cifras de infracciones por incumplimiento de la normativa laboral y de la Seguridad Social con sus trabajadores, la mayoría extranjeros. En 2024, Inspección de Trabajo impuso a sus empresarios sanciones con una cuantía total cercana a los 6,5 millones de euros por recortar los derechos y salarios de más de 7.500 empleados, según los datos facilitados a Público.

La agricultura intensiva de Huelva y Almería, en los extremos occidental y oriental de Andalucía, genera cada año en torno a 5.000 millones de euros de ingresos con unos cultivos que superan en total las 44.000 hectáreas. A Almería se la conoce como la huerta de Europa, y Huelva, que produce el 98% de los frutos rojos de toda España, es el mayor exportador mundial de fresa. Son, sin duda, uno de los pilares del PIB andaluz, pero se sostienen sobre un terreno resbaladizo en el que afloran abundantes irregularidades laborales cometidas por una parte de su empresariado.

Así lo reflejan los datos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), el organismo del Ministerio de Trabajo encargado de hacer cumplir toda la normativa en esas materias. El año pasado, llevó a cabo un total de 7.691 actuaciones en empresas del sector agrícola de ambas provincias andaluzas, que revelaron la comisión de 1.087 infracciones que afectaron a 7.506 trabajadores y por las que se impusieron sanciones a empresarios con una cuantía global de 6,49 millones de euros.

Las infracciones son de muy diversa índole, aunque, según los sindicatos, las más habituales son: pagar a los trabajadores por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, no abonar pluses salariales incluidos en el convenio del sector, declarar menos jornadas de las realmente trabajadas o dejar de cotizar lo estipulado a la Seguridad Social.

La actividad inspectora ha permitido detectar en los últimos cinco años -entre 2020 y 2024-, un total de 5.112 infracciones, cometidas con 32.753 trabajadores de la agricultura almeriense y onubense, que se han saldado con la imposición de sanciones a empresarios del sector por un valor de 29,06 millones de euros. En el análisis de este periodo destaca el caso de 2023, año en el que se produjo un repunte tanto de las actuaciones de la Inspección de Trabajo, que prácticamente se duplicaron en la provincia de Almería, como del número de los expedientes infractores resultantes, que aumentaron un 135,4% en la de Huelva.

Según el Ministerio de Trabajo, el control de las condiciones de prestación de servicios y el cumplimiento de la legislación del orden social en el sector agrario tiene una especial relevancia para la Inspección. El carácter esencial de la agricultura como actividad económica, su estacionalidad, las especiales condiciones del medio en el que se desempeña el trabajo y el recurso habitual a mano de obra migrante son las razones que, a su entender, determinan que este sector sea objeto de actuaciones planificadas en todas las materias que abarca la intervención inspectora de la ITSS.

Almería: un negocio de más de 3.700 millones de euros

La potente agricultura de invernadero de Almería, con más de 33.000 hectáreas cultivadas bajo plástico, es, junto al turismo, el sector económico más importante de la economía de la provincia más oriental de Andalucía. De acuerdo con los informes de campaña de la entidad financiera Cajamar, genera más de 3.700 millones de euros al año con la producción de más de 3 millones de toneladas de frutas y hortalizas, exportadas en gran parte a otros países europeos.

Para obtener esa producción hace falta mucha mano de obra, entre 40.000 y 50.000 personas, el 98% de las cuales, según CCOO, son migrantes. A esa mano de obra se les suman otros 30.000 trabajadores de la industria del manipulado, la que se encarga de la selección, envasado y distribucción de los productos de las cosechas, empleados que disfrutan de mejores condiciones laborales que los que están en el tajo de los invernaderos.

Los invernaderos conforman una especie de laberinto donde se agolpan cientos de explotaciones agrícolas, muchas de ellas familiares con no más de dos o tres hectáreas de superficie. Y ese desbarajuste espacial es el que dificulta aún más la labor inspectora, que se topa con muchos problemas para encontrar la empresa donde supuestamente se ha cometido una infracción. Otras veces, los inspectores tienen que ir acompañados de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado para que les abran y les permitan verificar el cumplimiento de la normativa laboral.

En 2024, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevó a cabo 4.267 actuaciones en el sector agrícola almeriense, que se saldaron con la apertura de 684 expedientes por infracciones y la imposición de sanciones con una cuantía total de 4,09 millones de euros. Y pese a que el número de actuaciones e infracciones fue menor que el registrado un año antes, el de trabajadores afectados por vulneraciones de la normativa laboral y de la Seguridad Social aumentó un 103%. Los incumplimientos de los empresarios afectaron a 5.014 trabajadores, el número más alto computado en un solo año desde 2018, según los datos facilitados a este periódico.

CCOO, sindicato que ha realizado periódicamente un informe sobre el fraude en las contrataciones, cotizaciones y pago del IRPF que se comete en el sector agrícola de Almería, estimó que en la campaña de 2019-2020 los empresarios habían dejado de abonar en torno a 45 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social, una cantidad que unos años antes, entre 2011 y 2015, había elevado a los 50 millones.

Esta organización considera que la presión sindical y la labor inspectora consiguieron reducir un fraude "sistémico" en el campo de esa provincia, aunque, a su entender, los medios continúan siendo limitados para luchar contra un mal muy extendido en el extremo oriental andaluz, donde germinó el llamado "milagro almeriense". De ese mal participan también, según CCOO, asesorías jurídicas y laborales que colaboran con empresarios que declaran menos jornales de los realmente trabajados para cuadrar sus cuentas con la administración.

Huelva: el mayor exportador mundial de fresa

En la campaña de recogida de los frutos rojos de Huelva llegan a trabajar entre 80.000 y 100.000 personas, más del 50% de ellas migrantes, lo que representa el 70% del empleo agrario de esa provincia, según los datos de Interfresa, la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza. El sector cuenta con unos 1.300 productores que cultivan unas 11.700 hectáreas, 6.000 de ellas dedicadas a la fresa, y produce el 98% de los frutos rojos de España, exportados mayoritariamente a otros países europeos. Su volumen de negocio es tal que genera casi el 9% del PIB de toda la economía onubense.

La Inspección de Trabajo llevó a cabo durante 2024 un total de 3.424 actuaciones en empresas agrícolas de Huelva, que detectaron 403 infracciones por vulneración de la normativa laboral y de Seguridad Social con 2.492 trabajadores.

Estos datos reflejan que, por segundo año consecutivo, el número de infracciones en la agricultura onubense se sitúa por encima de las 400, más del doble de las que se registraron en 2022, pese a que hubo una cantidad similar de inspecciones, y muy por encima de las contabilizadas entre 2019 y 2021.

El importe de las sanciones impuestas a empresas agrícolas onubenses por estas infracciones aumentó el año pasado un 14% con respecto a 2023 y alcanzó en total los 2,4 millones de euros, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento se produjo a pesar de que el número de trabajadores afectados se redujo a la mitad y de que las inspecciones registraron 42 infracciones menos en esa provincia.

UGT se ha quejado de que Huelva es la provincia que tiene de media menos inspectores por número de trabajadores y ha reclamado que se dote el servicio con al menos cinco o seis funcionarios más para abarcar un territorio muy disperso. En unas jornadas que se celebraron en noviembre de 2023 en la Universidad de Huelva, la propia responsable de la Inspección Provincial reconoció que sus inspectores tenían bastantes dificultades para llevar a cabo su labor, en unos casos porque les impiden acceder a las empresas y en otros porque algunos empresarios se intercambiaban en grupos de mensajería fotografías de los inspectores para ponerse sobreaviso.

En el caso de la agricultura onubense, las infracciones que más se denuncian son, según UGT, los incumplimientos del convenio colectivo, del pago del salario mínimo y de las medidas de prevención de riesgos laborales. Según la asociación Jornaleras en Lucha, que ha denunciado un gran número de irregularidades cometidas con temporeras de la fresa, son frecuentes los pagos por debajo de la jornada cotizada, cotizaciones a la Seguridad Social por menos días de los trabajados y que no se respete la antigüedad de los fijos discontinuos en las lista de espera para nuevas contrataciones.