Tres cambios de gobierno tras las elecciones del pasado 23 de junio han trastocado los planes que el Gobierno tiene comprometidos con la Unión Europea para la construcción de varios centros de acogida para refugiados financiados con más de 230 millones de euros de fondos europeos.

En concreto, los trámites para la adquisición de parcelas e instalaciones donde se ubicarían tres de estos centros están actualmente suspendidos en Camargo (Cantabria), Logroño y Valladolid, donde el PP se ha hecho con la presidencia y las alcaldías que antes estaban en manos del PSOE.

La Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, lleva casi un año buscando instalaciones y terrenos en todo el país para construir la anunciada red de centros de acogida de solicitantes de asilo. El objetivo es aumentar las escasas plazas propias del sistema estatal de acogida para solicitantes de asilo y reducir la dependencia de las plazas gestionadas por las ONG mediante subvenciones públicas.

5.700 plazas propias

Los planes contemplan la creación de 5.700 plazas propias más, para llegar a las 6.100 y reforzar un sistema de acogida siempre al límite desde hace casi una década, cuando las solicitudes de asilo aumentaron exponencialmente en España hasta convertirse en el segundo país de la UE con más peticiones de protección internacional, con más de 87.000 solicitudes registradas hasta el pasado junio, sin contar las solicitudes de protección temporal realizadas por refugiados ucranianos desde febrero de 2022, más de 160.000.

La Secretaría de Estado de Migraciones anunció el pasado año la construcción de 17 instalaciones propias. Siete serían centros de primeras llegadas (CPLL) de migrantes en Canarias, junto a otros dos en la península, además de ocho nuevos centros de acogida de protección internacional (CAPI), con los que reforzar mínimamente la red actual, con unas 35.000 plazas de acogida gestionadas por varias ONG. El año pasado España tramitó más de 118.000 peticiones de protección internacional, la cifra más alta hasta el momento, aunque si el ritmo se mantiene, 2023 cerrará con una cifra superior.

Tras los cambios de gobierno, Migraciones empezó a temer que las nuevas administraciones recelaran de los proyectos y envió cartas preguntando en ese sentido al Gobierno de Cantabria, presidido por la popular María José Sáenz de Buruaga; al Ayuntamiento de Logroño, donde Conrado Escobar Las Heras se hizo con la mayoría absoluta; y al consistorio de Valladolid, dirigido por Jesús Julio Carnero con el apoyo de Vox. Las respuestas varían entre el rechazo total al proyecto y la solicitud de más información técnica.

Cantabria "no tiene voluntad"

En respuesta a la Secretaría de Estado de Migraciones, el Gobierno de Cantabria mostró su rechazo total a la construcción. "El Ayuntamiento de Camargo "no tiene la voluntad de continuar con el proyecto", dice la misiva. El centro iba a ubicarse en un antiguo hospital psiquiátrico en Parayas, unas instalaciones propiedad del Gobierno regional cuya adquisición estaba en marcha. El Ministerio de Inclusión proyectaba unas 300 plazas de acogida tras adquirir parte de la parcela y rehabilitar instalaciones por valor de 30 millones de euros.

La presidenta cántabra ya mostró su rechazo tras su toma de posesión. "España es muy grande, los refugiados se pueden acoger en muchos lugares de España", dijo. Alegó que ya había un compromiso del nuevo Ejecutivo con el Ayuntamiento de Camargo para que esas instalaciones se destinaran a un centro de atención a personas mayores.

En su programa electoral, el candidato del PP y actual alcalde, Diego Movellán, prometía la "creación de un gran complejo asistencial dotado de residencia pública, apartamentos tutelados y centros de día con asistencia altamente especializada y capacidad para convertirse en un referente nacional" en esos terrenos. La previsión es para 2027.

"No hay ningún trasfondo político ni ideológico", quiso aclarar Sáenz de Buruaga, que lanzó un claro mensaje al Gobierno central: "En Cantabria ya no gobierna Pedro Sánchez". El pasado miércoles, el pleno municipal de Camargo rechazó la construcción del centro con  los votos de PP, Vox y PRC y la oposición de los ediles del PSOE. Fuentes del Gobierno de cántabro instan a Migraciones a buscar otros lugares en la comunidad. "El Estado tiene más terrenos en propiedad en la zona", puntualizan a Público.

Valladolid, en el aire

El anterior alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, acordó la cesión gratuita de una parcela en la que Migraciones planea construir alojamiento temporal para 200 solicitantes de asilo. Sin embargo, la nueva administración, del PP y Vox, no parece dispuesta a seguir con los planes.

En su carta a la Secretaría de Estado de Migraciones, el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, José Ignacio Zarandona, solicitó "alguna información técnica sobre el futuro edificio", ya que esa cesión de uso temporal tiene que aprobarse en pleno.

Vox, socio de Gobierno, ya dejó clara su postura al respecto a través de mensajes en redes sociales: "La solución no es degradar nuestros barrios y traer la inseguridad a sus calles", publicó el líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal. Una postura secundada por el consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones, también de Vox.

La formación ultra se apoya en la recogida de un millar de firmas de una asociación de vecinos que rechaza la ubicación del centro de acogida. "Ni un paso atrás. Cuida lo tuyo, cuida tu barrio", insistía Abascal sus redes.

Logroño espera reunirse con Migraciones

En Logroño, la nueva alcaldía del PP, en manos de Conrado Escobar, ha paralizado mediante archivo la tramitación del expediente de enajenación de una parcela que Migraciones planeaba adquirir por 2,9 millones de euros. El centro previsto en la ciudad rondaría las 300 plazas de acogida.

En su carta de respuesta a Migraciones, el alcalde solicita a la Secretaría de Estado nuevas reuniones para "poder valorar y analizar las formas de cooperación" en materia de acogida de refugiados. "La forma idónea no es la construcción de ese centro", aseguró Escobar el pasado sábado. 

El Ayuntamiento logroñés no cierra la puerta del todo, pero fuentes municipales trasladan que apenas cuentan con información sobre el proyecto, más allá de información relativa a las obras. Señalan que la nueva Administración tuvo noticias de este plan de "manera informal y muy recientemente", por lo que requiere "un planteamiento conceptual más amplio" dado el "claro componente humano" que entraña. "Yo estoy en disposición de decir que vamos a ayudar en el proceso de acogida, pero de una manera responsable y ordenada", apostillaba el alcalde hace pocos días.

Según el Ayuntamiento de Logroño, están previstos dos encuentros para antes de final de mes. Uno en la ciudad, con técnicos del Ministerio de Inclusión para conocer detalles precisos, y otra reunión a nivel político con la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, en Madrid.

Migraciones busca nuevos terrenos

Ante este contratiempo, desde la Secretaría de Estado ya se trabaja en buscar nuevas ubicaciones, ya que el proyecto está presentado y aprobado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 2022, y la ubicación de los centros son "hitos" de un cronograma en el que la localización debe estar clara antes de fin de año. Confían en que este cambio de planes no retrase demasiado el calendario y en la flexibilidad de Bruselas con los plazos marcados para el proyecto.

Además de estos tres centros, Migraciones sigue adelante con la construcción de otros en Mérida, Soria, Villablino (León), Azuqueca de Henares (Guadalajara), Tárrega (Lleida), Castro de Rei (Lugo), Vitoria-Gasteiz y Alcoleja (Alacant).

El centro de Vitoria, de 350 plazas, también fue objeto de desencuentro político entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Inclusión el pasado enero. Euskadi no comparte la política de acogida de migrantes y refugiados en grandes centros y solicitaba la competencia en las políticas de inclusión. Sin embargo, el pasado julio fue adjudicado por 14 millones el proyecto de construcción, que se espera que ocupe algo más de un año. Se ubicará en la antigua clínica Arana, que pertenece a la Tesorería de la Seguridad Social, es decir, directamente del ministerio de José Luis Escrivá.

La Secretaría de Estado de Migraciones pone sobre la mesa que estos planes suponen la creación de puestos de trabajo directos e indirectos en las localidades, además de una inversión en infraestructuras deportivas en esos recintos para uso de la ciudadanía tras un acuerdo con el Comité Olímpico Español para fomentar la integración de las personas refugiadas.