UCM por la Pública expone la "brutal agresión policial" en un informe con imágenes de las cargas
La asociación argumenta con testimonios, grabaciones y documentación médica que el uso de la fuerza contra los estudiantes en la manifestación del 14 de octubre fue desproporcionado.
Madrid--Actualizado a
La asociación UCM por la Pública ha denunciado que la "innecesaria" y desproporcionada actuación de la Policía Nacional durante las cargas del pasado 14 de octubre en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) -en el primer día de la huelga educativa- que han descrito como una "brutal agresión policial", en la que varios estudiantes sufrieron lesiones.
El colectivo ha elaborado un informe a partir de testimonios, grabaciones y documentación médica en el que describe dos cargas policiales en el entorno de la Complutense en las que, afirman, los agentes golpearon a manifestantes con las defensas, arrastraron a personas por el suelo y utilizaron material antidisturbios sin advertir previamente de la disolución.
Los incidentes relatados se produjeron el 14 de octubre a primera hora, fecha en que comenzó la huelga de la Educación Pública madrileña y en la que un grupo de estudiantes y docentes se concentraron en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de Ciudad Universitaria para llevar a cabo un piquete informativo.
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Las cargas se produjeron durante un piquete informativo celebrado en el marco de las movilizaciones en defensa de la educación pública. La Policía Nacional había acudido a la zona tras recibir avisos sobre cortes de tráfico y la presencia de personas embozadas, según informó la Delegación del Gobierno, señalando a algunos manifestantes que intentaron saltarse el cordón policial.
Imágenes de la represión "salvaje e indiscriminada"
El colectivo apoya su denuncia en las imágenes y grabaciones difundidas en redes sociales y por los propios miembros de la asociación tras la intervención policial. En las imágenes se muestran a agentes cargando contra los manifestantes y la asociación aprovecha para subrayar actitudes que irían en contra de los principios de proporcionalidad y la buena práctica de los agentes.
UCM por la Pública alude a golpes con porras, empujones y arrastres, así como lesiones entre los participantes, en una intervención que consideran fue "salvaje e indiscriminada" a pesar incluso de que algunos docentes identificados como interlocutores trataron de mediar con los agentes para poner fin a su intervención.
El documento recoge lesiones como una fractura de olécranon en el brazo izquierdo, una herida inciso-contusa y policontusiones, además de una contusión en una mano. Además, sostiene que tres personas tuvieron que ser evacuadas a centros hospitalarios, y afirma que las imágenes y fotografías recopiladas permiten relacionar algunas de las lesiones con las actuaciones denunciadas e identificar a agentes.
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La existencia de las grabaciones también ha sido señalada por otras instituciones y representantes políticos. Por un lado, la propia Universidad Complutense expresó su "condena y profunda preocupación" por las cargas y manifestó que le preocupaban especialmente las "imágenes de la intervención policial".
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, solicitó una "investigación de urgencia" ante unas imágenes que calificó de "muy duras" y en las que podría haber indicios de desproporcionalidad. Días después, tras las cargas en una concentración en el marco de un acto de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, volvió a reclamar otra investigación.
La denuncia del colectivo incluye asimismo críticas a la presencia policial en el campus y a la intervención contra el piquete. La Complutense aclaró que no había "solicitado ni promovido la presencia o intervención de la Policía Nacional" y defendió el derecho de reunión, manifestación y expresión pacífica de la comunidad universitaria.
UCM por la Pública cuestiona así la entrada de la Policía Nacional en el campus sin que, según asegura, mediara una petición del Rectorado, así como el mantenimiento de un cordón policial durante más de 90 minutos que, a su juicio, limitó la salida de los congregados e impidió desarrollar los piquetes informativos "pacíficos".
Denuncian vulneración de derechos fundamentales
En el plano jurídico, el informe sostiene que las cargas vulneraron los derechos fundamentales de reunión, huelga y también integridad física, todos ellos recogidos en los artículos 21, 28.2 y 15 de la Constitución, respectivamente.
La asociación argumenta que no hubo un aviso previo de disolución ni una situación de violencia que justificara el uso de la fuerza y considera que la actuación policial incumplió los principios de necesidad, congruencia y proporcionalidad previstos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
A partir de estos argumentos, el colectivo plantea posibles responsabilidades penales por lesiones y presuntos delitos contra la integridad moral, así como por la disolución de una reunión pacífica fuera de los supuestos legalmente permitidos.
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