UGT ha exigido este lunes que el precio de la vivienda se incorpore en la negociación colectiva como un indicador estructural más para fijar los salarios en los convenios colectivos, dada la "absoluta desconexión" existente entre ambos conceptos, que dificulta cada vez más la compra y el alquiler.

Así lo explica en un informe presentado este lunes por el sindicato, que recuerda que el precio de la vivienda ha subido una media del 77,2% desde 2015, con una "presión adicional" provocada por el repunte del euríbor, el indicador más usado para calcular las cuotas hipotecarias, que en 2023 alcanzó su nivel más alto en 15 años.

De esta forma, las cuotas hipotecarias ya suponen más del 40% del salario neto de muchos trabajadores, que debería duplicarse "en algunos sectores y territorios" para reducir ese esfuerzo por debajo de dicho umbral. De hecho, la vivienda en propiedad, aunque sigue siendo mayoritaria en España, ha descendido hasta el 73,4%, su valor más bajo en toda la serie histórica, añade el informe.

En cuanto al alquiler, la situación es igual o peor, ya que muchos trabajadores tienen que destinar más de la mitad de su salario a pagar el alquiler y en las zonas más caras (como Madrid, Catalunya y Balears) el coste mensual supera incluso el 100% del salario neto en las categorías retributivas más bajas.

En más del 85% de los casos analizados en este estudio, el esfuerzo para pagar un alquiler supera el 40% del salario neto, incluso en sectores con sueldos medios o altos como el metal o el transporte sanitario.

Asimismo, los precios "desorbitados" de la vivienda no solo expulsan a los trabajadores del mercado residencial, sino que también aumentan las vacantes de empleo en ciertos territorios y en algunos sectores como el turismo. Y esta situación "no es un hecho inevitable, sino el resultado de políticas públicas insuficientes y de un modelo especulativo que ha convertido la vivienda en un activo financiero, al margen de su función social", insiste el informe.

También lamenta la desigual implementación que, a juicio del sindicato, está teniendo la ley de vivienda aprobada en 2023, pese a los avances que contiene, entre ellos la posibilidad de declarar zonas tensionadas, limitar los precios de alquiler y reforzar la protección frente a los desahucios.

Por todo ello, UGT exige, entre otras cosas, que se aplique esta normativa íntegramente en toda España, que se regulen los precios de los alquileres, que se amplíe el parque público de vivienda social y que se adopten medidas fiscales y regulatorias que "frenen la especulación y movilicen las viviendas vacías".

También solicita "un impulso decidido" a la negociación colectiva para elevar los salarios, especialmente en los sectores más precarizados, y que el Gobierno central, las comunidades autónomas y las entidades locales coordinen sus políticas para garantizar el derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.