Unidas Podemos y PNV han presentado en el Congreso unas propuestas de regulación del cannabis medicinal más amplias de la que ha planteado el PSOE como conclusión de la subcomisión que ha estudiado este tema durante dos meses. Tanto el socio del Gobierno de coalición como una de las principales formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez abogan por una mayor accesibilidad al cannabis terapéutico, con el que se pueda tratar un mayor número de enfermedades y dolencias y administrarse con una mayor variedad de productos.

La propuesta que el grupo socialista hizo hace diez días al resto de las formaciones políticas como conclusiones de la subcomisión restringe la dispensación del cannabis a unos preparados estandarizados y fórmulas magistrales de extractos –nunca flores o cogollos-, prescrita por médicos especialistas de la sanidad pública en las dolencias y enfermedades autorizadas inicialmente para este uso (espasticidad en esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia y dolor crónico no oncológico, incluido el neuropático) para su distribución a través de las farmacias de los hospitales.

Unidas Podemos, en cambio, propone que se exploren fórmulas que permitan la disponibilidad de las sumidades floridas del cannabis, además de los extractos y preparados estandarizados, que hoy no tienen una autorización de comercialización para dar respuesta a los pacientes a quienes se les prescriba "con plenas garantías de seguridad". Y para desarrollar estas fórmulas, la formación morada recomienda "impulsar una industria pública que pueda promover la investigación de manera neutra", con capacidad para garantizar siempre un suministro mínimo estable. Unidas Podemos considera esencial, al respecto, tomar medidas para evitar que la regulación del uso medicinal del cannabis "se vea impulsada por los intereses económicos de la industria privada" que se ha desarrollado en torno a esta planta y sus componentes.

Además, Unidas Podemos señala que, tal como expusieron algunos de los comparecientes en la subcomisión, "España tiene una dilatada historia de autocultivo de cannabis ampliamente documentada", que ha ayudado "a aumentar las vías de acceso a esta planta, reducir los precios y a facilitar el suministro para los pacientes", unos problemas en los que, añade, se encuentran sumidos países que tienen "regulaciones incompletas".

En cuanto al lugar de distribución, el socio de Gobierno del PSOE recomienda que se haga a través de la red de farmacias, "sin perjuicio de que otros comercios también puedan obtener licencias" de dispensación. Y la prescripción –añade- la deberán realizar "exclusivamente" profesionales sanitarios "en un contexto libre de potenciales conflictos de interés, como el que ofrecen los servicios públicos del Sistema Nacional de Salud".

Respecto a las indicaciones, Unidas Podemos entiende que en este momento los indicios más sólidos del uso terapéutico del cannabis se concentran en la espasticidad con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, estrés postraumático y dolor crónico no oncológico, incluido el neuropático, aunque admite, como el PSOE, que nuevos estudios pueden aportar más indicios, por lo que recomienda promover su investigación.

Esta formación entiende que puede establecerse un registro centralizado de los pacientes a los que se prescribe y dispensan fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis "a partir de los registros de cada Servicio Autonómico de Salud", sólo con criterios de seguimiento. Sin embargo, aboga por tomar "medidas de salvaguarda" que velen por la protección del derecho a la intimidad y la privacidad de los datos de estas personas.

En la sanidad privada también

Por su parte, el grupo vasco, pese a considerar "un paso de gigante" la propuesta del PSOE, plantea una serie de medidas que amplían también de forma considerable los requisitos de acceso, prescripción y distribución. Para empezar, defiende que el cannabis pueda ser prescrito por cualquier médico de atención primaria, de la sanidad pública o de la privada, y no únicamente por los médicos especialistas de las dolencias para los que se restringe el uso de esta planta, como propone el grupo socialista.

Además, el PNV aboga por ampliar las indicaciones a otros pacientes, teniendo como referencia las listas aprobadas en otros países de la Unión Europea que han regulado el uso medicinal del cannabis, y que éste se dispense en todas las farmacias, las llamadas comunitarias, y no sólo en las de los hospitales: "Proponemos que la AMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) realice una propuesta concreta en el plazo de seis meses sobre la forma en la que los servicios de farmacia tanto hospitalaria como comunitaria permitan el acceso a estos productos, tanto a través de la elaboración de fórmulas magistrales a partir de extractos, o a través de preparados estandarizados de cannabis para uso directo".

La formación vasca hace referencia a los preparados estandarizados de flores y señala que su existencia, al igual que la de extractos de aceite, granulados u otros productos transformados previamente por el fabricante bajo los estándares GMP de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), con una composición definida, "supone una ventaja en términos de calidad, trazabilidad, dosificación, estabilidad y manejo".

El PNV considera igualmente "imprescindible" la participación de órganos colegiados profesionales, de sociedades científicas y de organizaciones de pacientes en todo el proceso de regulación del uso del cannabis medicinal en España.

Otro de los grupos de la investidura, el de ERC, con un número de diputados que puede decidir mayorías parlamentarias, no está nada contento con la propuesta que ha hecho el grupo socialista. "La propuesta se queda muy lejos. No vemos ninguna apuesta innovadora", ha dicho a este periódico su diputada Marta Rosique, vocal en la subcomisión que ha estudiado la regulación del cannabis medicinal.

Según Rosique, ERC hace unas recomendaciones que van en la línea de la propuesta de ley que presentó el año pasado en el Congreso, que incluye tanto el uso recreativo como el medicinal del cannabis, y también en las de las planteadas en la subcomisión por los representantes de la Fundación Iceers y el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis.

Estas dos organizaciones forman parte de la campaña #CannabisLegal lanzada por cerca de una quincena de asociaciones de pacientes, profesionales y expertos que consideran "muy incompleta" la primera propuesta de conclusiones que ha hecho el grupo socialista. A su juicio, el avance que se ofrece "es muy discreto", porque ya hay medicamentos basados en extractos de cannabis disponibles en España. "Ampliar a otros fórmulas magistrales basadas en extractos de cannabis se podía hacer directamente sin necesidad de organizar una subcomisión en el Congreso", añaden en un comunicado.

Según las asociaciones que suscriben esta campaña, en un contexto en el que Europa avanza hacia la regulación del cannabis recreativo, una propuesta de cannabis medicinal que excluya la vaporización de la flor, el autocultivo individual y colectivo, así como el cáñamo alto en CBD, "nace muerta, pues pronto acabará reformada o anulada".

En la subcomisión del congreso, creada en el seno de la Comisión de Sanidad a raíz de una propuesta del Grupo Vasco, comparecieron 23 personas en cinco sesiones. El primero fue el presidente de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras Toxicomanías, y el último fue el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Por medio, hablaron responsables de siete países comunitarios con programas de cannabis medicinal en marcha, de las agencias de la UE sobre drogas y medicamentos, de colegios profesionales, de sociedades médicas, de organizaciones no gubernamentales y de personas usuarias.

El acuerdo de la Cámara para la constitución de la subcomisión dispone que, tras escuchar a expertos y representantes de programas de regulación del cannabis medicinal que han puesto en marcha otros países, tiene que emitir un informe con una perspectiva de comparativa internacional sobre "la evidencia científica existente, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y resultados de las experiencias analizadas". Ese informe tendrá que ser luego remitido al Gobierno para que pueda ser utilizado en la regulación del cannabis como uso médico en el Estado español.

Ahora, los grupos tienen que llegar a un acuerdo con las diferentes propuestas que han hecho para presentar un documento conjunto de conclusiones el próximo 21 de junio en la subcomisión, que luego sería llevado para su aprobación en la Comisión de Sanidad.