Los precios de las vacunas se fijan según las reglas del mercado: Túnez está pagando en torno a 7 dólares por la vacuna de Pfizer frente a los 47 que paga Israel, una diferencia que puede explicar el acceso preferencial del último país mencionado a las dosis y que sea el que tiene más población vacunada del mundo. Mientras que AstraZeneca cuesta alrededor de 2,9 euros a la Unión Europea, pero otros países como Sudáfrica y Uganda han pagado entre 5 y 7 dólares. En Moderna las diferencias van entre los 15 y los 37 dólares. Esto ha dificultado claramente que todos los países puedan acceder a las vacunas contra la covid-19 y, aún más, acceder a ellas en igualdad de condiciones.

Estos datos, como la gran inversión pública que ha hecho posible estas vacunas, se revelan este jueves en un informe de la plataforma No Es Sano. Las responsables del estudio, Irene Bernal y Eva Iráizoz de la Fundación Salud por Derecho, analizan las principales vacunas contra la covid-19  y la industria farmacéutica. Señalan las "numerosas lacras del sistema" debido a un modelo de investigación y desarrollo que se asienta en las patentes y en la exclusividad de mercado como "incentivos a la innovación". Frente a esto, los autoras sostienen que las patentes y los monopolios son un problema para el acceso a la salud porque imponen límites a la producción y a la disponibilidad de nuevas terapias y tecnologías sanitarias pero, además, permiten que las empresas puedan poner "precios altos e injustificados".

Parte del argumento de los defensores de la supresión de las patentes de las vacunas es que la inversión pública es clave en la investigación y desarrollo, sobre todo en las fases más iniciales. Y, según los datos del informe, la inversión pública y filantrópica en las vacunas suma casi 5000 millones de euros. La mayor parte de esa inversión pública —más de un 98%— procede de los Gobiernos y está liderada por Estados Unidos y Alemania. Entre las compañías que más dinero público han recibido se encuentran Moderna, Janssen, CureVac y la alianza Pfizer/BioNTech. Juntas acaparan más de la mitad de esa financiación pública y tres de ellas utilizan la tecnología ARN mensajero. Según ha explicado Bernal en rueda de prensa, la industria farmacéutica estaría recibiendo aún más financiación de la contabilizada con, por ejemplo, los acuerdos de compra anticipada y, además, ha habido una enorme inversión en las farmacéuticas y la tecnología antes de la pandemia.

Sin embargo, "esta innovación suele transferirse al sector privado en forma de contratos de cesión o de licencia sin contemplar criterios de interés público", según señalan los autoras. Desde este punto se plantea que es una pérdida que las licencias suelan ser exclusivas de las farmacéuticas, dando lugar a monopolios, en lugar de aprovechar esta inversión pública para asegurar la accesibilidad de los productos resultantes.

En este sentido, el informe muestra que la producción de las vacunas se ha concentrado geográficamente en países de renta alta, principalmente en Estados Unidos y en Europa, pero que existe una "potencial capacidad de producción en países de Asia, América Latina y África que está siendo desaprovechada". Según mencionan las autoras, hay estudios que han identificado potenciales sitios de producción que no se están utilizando en Bangladesh, Vietnam, Argentina, India, Estados Unidos y Europa. De hecho, los datos también muestran que solo AstraZeneca ha firmado varios acuerdos para la producción completa en varios países con una localización más diversa como China, Brasil, India, Tailandia o Australia. Esto es algo que, según sostienen, podría solucionarse con la suspensión de las patentes y la transferencia de la tecnología.

La industria farmacéutica se ha apuesto totalmente a que se liberen las patentes y, según alegan, ya han realizado acuerdos voluntarios con las compañías que tienen capacidad de producir vacunas. Sin embargo, en el informe sostienen que estos acuerdos son bilaterales y opacos ya que, en muchas ocasiones, se transfiere parcialmente la tecnología y se subcontrata solo algunas etapas. Es decir, que se desconoce "el alcance de las transferencia de conocimiento en cada caso".

El nacionalismo de vacunas

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, recordó el pasado mes de abril que alrededor de 700 millones de vacunas habían sido administradas en todo el mundo, la gran mayoría —un 87%— en los países ricos. Los más pobres habrían administrado un escaso 0,2% . Estos datos son resultado de lo que se ha conocido como el 'nacionalismo de vacunas' ya que, aunque en un principio todos los países dijeron que las vacunas tenían que ser un bien público de acceso global, los que tenían capacidad de comprar empezaron a hacerlo asegurando más vacunas incluso de las que necesitan.

Las compras anticipadas realizadas por los países europeos es que más de 8.870 millones de dosis se han comprometido en compras avanzadas a nivel global —7.750 millones a través de acuerdos bilaterales y 1.120 millones a través del mecanismo Covax— , y el 53% —unos 4.700 millones de dosis— han sido reservadas por los países ricos, pese a que estos representan en torno al 13% de la población. Mientras que se estima que una quinta parte de la población mundial no tendrá acceso a las vacunas al menos hasta 2022 y que los países de rentas más bajas solo tienen aseguradas un 17% de las dosis, dependiendo muchos estados únicamente del suministro de Covax.

Todo esto ya se refleja en los datos de vacunación: Israel ya ha vacunado a más del 60% de su población, Reino Unido a más del 50% y Estados Unidos al 48%, según los datos de Our World in Data.

Frente a estos buenos datos están otros como Níger, un país con una esperanza de vida que no llega a los 63 años y que, según el informe, ha administrado algo menos de 1.500 dosis. Honduras ha llegado a administrar una dosis a un 0.56% de su población. Por continentes, África y Oceanía son las regiones peor paradas con porcentajes del 1% y el 2,9% de población vacunada con, al menos, una dosis, respectivamente.