El Gobierno anunció el pasado 2 de diciembre la creación de una Empresa Pública de Vivienda, en la que gestionarían las viviendas en régimen de alquiler social, comprando terrenos o viviendas de segunda mano para su gestión.

Desde la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto consideran "positivo el anuncio", porque una de sus reivindicaciones "es precisamente que sean las instituciones públicas quienes realicen esa función". Los vecinos defienden que esta propuesta ayudaría a acabar con las viviendas de protección, "gestionadas por promotoras privadas y que, en la práctica, poco tienen de protección real".

Con esta medida, el Gobierno podría aprovechar los aproximadamente 35.000 m² de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel y emplearlos en construir unas 600 viviendas, contribuyendo así a reducir el déficit de vivienda social.

En los siguientes meses se espera una respuesta del Gobierno de lo que ocurrirá finalmente con los terrenos de la antigua cárcel.

En caso de que el Gobierno venda las parcelas de su propiedad para la construcción de cárceles y Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como lo anunció a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), la Asociación considera que sería una "muestra muy lamentable" de que la propuesta inicial habría sido un farol para engañar a la población sensibilizada y afectada por el problema actual de la vivienda.

Por otro lado, en caso de que el Gobierno cancele la venta de dichos terrenos y se encargue de la construcción de viviendas de gestión pública directa, los vecinos de Carabanchel lo consideran un primer paso necesario para "hacer cumplir el derecho constitucional a una vivienda digna".

Ante la duda de la decisión del Gobierno, la coordinadora vecinal de Carabanchel ha organizado movilizaciones para continuar exigiendo dicha reivindicación sobre los terrenos de la antigua cárcel.