¿Es viable impulsar los más de 200.000 pisos que promete Illa cumpliendo los criterios de sostenibilidad?

El president de la Generalitat, Salvador Illa, lanzó una propuesta muy ambiciosa en materia de vivienda durante su discurso en el Debate de Política General celebrado hace un par de semanas. Planteó, ni más ni menos, un acuerdo de país para sacar adelante más de 200.000 pisos en Catalunya, cerca de la mitad de protección oficial. El Parlament rechazó el plan para movilizar el suelo y construir inmuebles, pero eso no implica que el Govern no pueda ponerlo en marcha igualmente.  

La iniciativa ha despertado un amplio abanico de dudas: ¿cuál sería el calendario previsto? ¿Es necesario construir tanto para solucionar la crisis de la vivienda? ¿Qué implica que la mitad de los pisos sean de protección oficial? ¿Bajarán los precios si finalmente se lleva a cabo? Recordemos que Illa, en el Debate de Política General de 2024, ya prometió impulsar  50.000 pisos, de los cuales 31.000 ya están en marcha. Entre todas estas cuestiones, hay una que a menudo no aparece en la agenda mediática: el impacto ambiental que pueda tener una construcción tan masiva sobre el territorio.

Para averiguarlo, hablamos con Jaime Palomera, codirector del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) y autor del libro El secuestro de la vivienda: Por qué es tan difícil tener casa y cómo esto puede romper la sociedad, y con Jaume Grau, miembro de Ecologistes en Acció.

 "Papel mojado", según los ecologistas  

Durante su intervención en el Debate de Política General, Illa prometió que construiría "con el máximo respeto posible al medio ambiente y la sostenibilidad". Un plan que, dijo, requerirá coordinación con los ayuntamientos y la colaboración de los promotores privados. Ahora bien, ¿qué significa eso? Según Grau, esas declaraciones "supuestamente bienintencionadas" son "papel mojado", ya que, a la hora de la verdad, "no quieren decir nada".

"Obviamente, hay toda una legislación urbanística y ambiental que se debe respetar. Vivimos en un estado de derecho y, por tanto, los políticos no pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, tenemos una larguísima experiencia de gobiernos tanto locales como autonómicos que han priorizado de manera exagerada el urbanismo por encima de la preservación del medio ambiente. Llegan a forzar y tergiversar la legislación de Catalunya para sus intereses", admite el activista ecologista, que recuerda otros episodios de construcción masiva.

"Hace 15 años, el anterior Govern del PSC aprobó el Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques (AREs). Se tramitaron 92, que también debían servir para resolver el problema de la vivienda. Pero, efectivamente, se ejecutaron muy pocas. Es la misma lógica de no intervenir el mercado y construir masivamente", añade Grau.

Por su parte, Palomera asegura que la voluntad de Illa era "situar una ambición". "Se puede construir vivienda protegida, sí, pero hay que evaluar qué pisos ya construidos pueden cumplir una función residencial que ahora mismo no se está satisfaciendo: pisos vacíos, turísticos e infrautilizados", continúa el investigador del IDRA.

 "No es un pensamiento ecologista radical, son datos"  

Aunque los métodos y materiales para la construcción se han modernizado con el objetivo de edificar de manera más sostenible, Grau asegura que la construcción "genera un porcentaje elevadísimo de emisiones". "Puedes tener una casa muy eficiente, pero ya hay un gran impacto solo fabricando el cemento, los plásticos, además de la extracción de las materias primas como los metales", añade.

Para el ecologista, hay una "contradicción flagrante" entre decir que se cumplirán los objetivos climáticos del Acuerdo de París y de las instituciones europeas y, al mismo tiempo, afirmar que se harán "cientos de miles de pisos", además de potenciar la ampliación de grandes infraestructuras como el puerto y el aeropuerto o la creación del Quart Cinturó, que traerá "más cruceros, más aviones y más coches". "No se trata de un pensamiento ecologista radical, son datos objetivos: lo que cuesta producir un kilo de cemento, lo que representan las emisiones de un avión o de un crucero de lujo", denuncia.

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Hablando de datos, Palomera admite que en el Estado español todavía no se ha podido calcular con precisión cuántas emisiones genera cada nueva vivienda construida. Por este motivo, IDRA está colaborando en un proyecto con otros países europeos para medirlo. "Nosotros aún no hemos podido estimarlo, pero en Inglaterra ya se han hecho dos estudios. Demuestran que es absolutamente insostenible para el sistema bioplanetario construir el número de pisos que se han planeado en su país con los sistemas constructivos habituales, que implican hormigón", explica el investigador.

Palomera insiste en que el hormigón, "a corto plazo es muy resultón", porque es "ágil y se puede usar con facilidad". Sin embargo, a largo plazo es "extremadamente contaminante, se deteriora mucho y tiene una vida más corta de lo que la gente piensa". "Tanto la producción como la destrucción generan muchísimas emisiones", alerta.

Llegados a este punto, los "compañeros ingleses del proyecto" concluyeron que "no se puede construir tanto como se quiere" y que, definitivamente, es mucho mejor usar el stock de pisos existentes. Según apunta Palomera, allí ya se están proponiendo "aumentos fiscales para las viviendas vacías" y la intervención de la administración para asegurarse de que los pisos están "bien utilizados". Incluso se están llevando a cabo programas para subdividir pisos de 150 metros cuadrados donde vive una sola persona, en los que la administración se encarga de la obra o rehabilitación correspondiente. Está demostrado que el gasto energético de una sola persona para, por ejemplo, calentar una casa, es mucho mayor en términos relativos que el de una familia.

 Construcción más eficiente y sostenible  

Una de las soluciones que propone Palomera, más allá de usar el stock disponible, es densificar un poco más algunas ciudades, en lugar de construir horizontalmente por todo el territorio, que es mucho más costoso y menos sostenible. En Barcelona, por ejemplo, se podría hacer "utilizando módulos prefabricados industrializados para añadir como remonta en edificios bajos". "Podríamos poner dos pisos más en algún edificio del Eixample, con contenedores de madera o materiales industriales que no tienen ningún impacto, es decir, cero huella de carbono. Es una posibilidad y no se está haciendo", reflexiona.

El Ayuntamiento de Barcelona impulsó, junto con IDRA, el proyecto APROP, siglas de Allotjaments de Proximitat Provisionals. Se trata de un edificio "de alojamiento provisional y atención socioeducativa a personas y familias en riesgo de exclusión social". Está construido con contenedores de barcos y se encuentra en el distrito barcelonés de Ciutat Vella. Es un buen ejemplo de construcción ecofriendly, aunque IDRA tiene otras iniciativas entre manos. "Ahora mismo estamos trabajando en otro proyecto llamado Wikihousing, que es un edificio de madera en el Poble Sec. Hay maneras de hacer vivienda de forma aún más sostenible", apunta Palomera.

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La apuesta del experto es la verticalización de las ciudades, ya que "crecer horizontalmente dispara las emisiones" y dificulta alcanzar los objetivos de transición ecológica. "Los servicios son mucho más difíciles de mantener: carreteras, transporte público y toda una serie de servicios imprescindibles para la vida urbana que hacen que la operación sea insostenible económica y ecológicamente", añade. Uno de los puntos de la propuesta de Illa es movilizar suelo que no tiene planeamiento aprobado, y la mayoría de las áreas con estas características se encuentran en Ponent, una zona con menor densidad de población.

Preguntado por si Barcelona no está ya suficientemente densificada, Palomera asegura que la capital catalana "había tenido mucha más población en el pasado". "En la Esquerra de l'Eixample la presencia de pisos con una o dos personas es elevadísima", afirma. Individuos ricos o jubilados que viven solos, por ejemplo. "Si tienes más gente viviendo en Barcelona y haces pequeños aumentos, crece la base fiscal de la ciudad y aumentas la capacidad para mejorar los servicios. Es mucho mejor utilizar el espacio construido y mejorar la eficiencia desde la proximidad, que extender la población horizontalmente por el territorio, porque es carísimo en todos los sentidos", argumenta.

Eso no implica que no se deban garantizar unos servicios públicos adecuados a la población que viva en toda Catalunya, y hacer políticas de reequilibrio territorial para mejorar la calidad de vida de todos los catalanes.

¿Hay que construir tanto para salir de la crisis de la vivienda?

Con todo, Palomera apuesta por que la vivienda "deje de funcionar como un activo", como el oro. "No saldremos de la crisis de la vivienda simplemente construyendo, ni siquiera vivienda protegida. Hay que intervenir el mercado y hacer cosas que no se habían hecho hasta ahora, que ya se han impulsado en otros lugares de Europa. La planificación actual no bajará los precios", asegura.

Por su parte, el ecologista lamenta que hay muchas medidas que se podrían aplicar para regular el mercado, pero que se están implementando con cuentagotas, como el tope a los precios del alquiler. Ecologistes en Acció prioriza medidas de movilización del parque de viviendas de segundas residencias o turísticas, para que se pongan en el mercado de alquiler o compraventa, a precios sociales, antes que la nueva construcción.

"Nos da mucho miedo que detrás de este discurso vacío e hipócrita del president Illa se esconda el mantenimiento de unas políticas expansivas, de un crecimiento a cualquier precio, que no están pensadas, al contrario de lo que dicen, para ayudar a las personas más vulnerables, sino para beneficiar a las grandes empresas constructoras", concluye.