Las víctimas del accidente ferroviario del Alvia 04155, que descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013, produciendo la muerte de 80 personas y que 144 resultaran gravemente heridas, se han cansado de ser "ninguneados" por este gobierno. Llevan dos años sufriendo que el ministro de transportes, movilidad y agenda urbana, José Luis Ábalos, declare públicamente que "recibirá a las víctimas cada vez que haga falta" mientras no les coge el teléfono.

Hoy se manifiestan a las puertas del Ministerio, una vez más, para pedirle lo mismo que llevan pidiéndole años, junto con la Agencia Ferroviaria Europea desde 2016: una investigación independiente del siniestro que aclare y analice las causas de raíz, "precisamente aquellas que afectan al propio Ministerio de transportes, Adif y Renfe", para que, aplicando sus conclusiones, el sistema ferroviario nacional sea realmente tan seguro como debería, según la legislación europea vigente.

Pero, esta vez, no se van a conformar con su silencio. Le van a entregar el escrito que ya tienen preparado con el abogado especialista en derecho administrativo y contencioso administrativo, Antonio Benítez Ostos, para emprender acciones judiciales frente al Ministerio de Transportes y frente a la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, si no se pone en marcha esta investigación.

Por imperativo legal, van a presentar el escrito por vía administrativa tanto contra el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como contra la CIAF. Al primero le solicitan la renovación de parte de los miembros de la citada comisión que siguen sin ser independientes y a la CIAF que lleve a cabo una nueva investigación objetiva tutelada por la ERA (siglas en inglés de la Agencia Ferroviaria Europea) y que cumpla con los requisitos legalmente establecidos, en especial, la independencia de sus miembros, el trámite de audiencia a las víctimas y atienda la totalidad de deficiencias expuestas en el documento de la Agencia Ferroviaria Europea.

Bruselas también cuestiona a la CIAF

La plataforma recuerda que en enero de 2019, la Comisión Europea inició un procedimiento sancionador contra España por haber incumplido las Directivas Comunitarias en la investigación de accidentes. En concreto, volvió a poner en entredicho el trabajo de la CIAF al apuntar las "deficiencias en la forma en que el organismo nacional de investigación analiza e investiga los accidentes e incidentes".

Además, señala que la CIAF, sigue a día de hoy sin ser independiente, dado que parte de sus miembros, han prestado servicios previamente en el Ministerio, Adif, Renfe o Ineco.

Jesús Domínguez, el presidente de la plataforma, en declaraciones a Público, subraya: "si este Gobierno cree que nos vamos a cansar de exigir lo mínimo, que es saber la verdad, se equivoca".