Víctimas de pederastia amenazan con movilizaciones si los obispos no cierran esta semana el pacto con el Gobierno
"Dada la revictimización a la que nos somete una institución que ha encubierto delitos de pederastia en sus filas, ha protegido al delincuente y no a las víctimas, nos vemos obligados a movilizarnos", afirman.

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La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) amenaza con convocar movilizaciones si no se resuelven esta semana los últimos flecos que impiden poner en marcha el acuerdo firmado entre la Iglesia y el Gobierno para la reparación de las víctimas de pederastia en el ámbito eclesiástico cuyo caso haya prescrito. El pacto se firmó el pasado mes de enero, pero falta aún por ultimar el protocolo que habrá de aplicarse en la Oficina del Defensor del Pueblo, la encargada de ejecutar el acuerdo.
La semana pasada parecía que estaban resueltos los flecos que faltaban, pero la cuestión está de nuevo enquistada. Las fuentes consultadas por Público aseguran que el problema fundamental está en si las víctimas que ya han acudido al plan PRIVA, abierto por la Iglesia, y que han recibido una indemnización pueden acudir ahora a la Oficina del Defensor. Según manifiestan las asociaciones de víctimas, en algunos casos, estas han recibido indemnizaciones "irrisorias" y diferentes para casos similares y reclaman que tengan también derecho, en el caso de que así lo consideren, a acudir a esta nueva vía de reparación.
En un mensaje enviado a Público, la asociación indica: "Habrá movilizaciones si no se firma el acuerdo esta semana, o si por lo menos no se anuncia la firma esta semana". El portavoz de ANIR, Juan Cuatrecasas, afirmó en conversación con este periódico que la situación está causando sufrimiento y provocando una revictimización en las personas que sufrieron los abusos.
ANIR añade, en esta dirección, en el texto enviado a Público: "Dada la revictimización a la que nos somete una institución que durante décadas ha encubierto delitos de pederastia en sus filas, ha protegido al delincuente y no a las víctimas, nos vemos obligados a movilizarnos una vez más para pedir justicia, verdad, reconocimiento, reparación y acompañamiento y exigir a la jerarquía eclesiástica de España que pague la deuda que tiene contraída con sus víctimas y supervivientes, sin más dilaciones ni excusas. O eso o pediremos en sede vaticana la dimisión de la actual ejecutiva de la Conferencia Episcopal de España y de la Conferencia Española de Religiosos. Ni un paso atrás".
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