Este martes el Consejo de Ministros aprobará en segunda vuelta la ley de Libertad Sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí' popularizado en las manifestaciones contra la sentencia de La Manada. Se cierra así un largo periplo para acometer cambios legales de calado en relación a los delitos sexuales que se inició en la primavera de 2018 y que no ha estado exenta de polémicas, retrasos y disputas políticas y judiciales. 

El germen de esta ley hay que buscarlo en la primera sentencia contra La Manada de Pamplona que se hizo pública el el 26 de abril de 2018. Para entonces, los ánimos en gran parte de la sociedad ya estaban bien caldeados. Una serie de actuaciones de la Justicia habían enervado los ánimos de las organizaciones feministas. El hecho de que la sala segunda de la Audiencia de Navarra admitiera un informe elaborado por un detective privado pagado por uno de los acusados que indagaba en la vida de la víctima tras la violación y las filtraciones sobre las reiteradas preguntas hacia la joven durante el juicio para que demostrara si efectivamente se había resistido, habían elevado la tensión social. 

Por eso, cuando se conoció el fallo el grito de injusticia fue general. Las masivas manifestaciones convocadas en ciudades de toda España bajo el lema "no es abuso, es violación" o "solo sí es sí", mostraron la enorme distancia de la sociedad con una Justicia que era capaz de describir en los hechos probados de la sentencia una violación en toda regla, pero que sin embargo condenó a los autores por abuso sexual porque no pudieron establecer que el encierro de una joven de 18 años en un cubículo diminuto, rodeada por cinco hombres que la penetraron por todos lados, se hubiera realizado con violencia o intimidación. 

El voto particular de juez Ricardo González que no vio en los hechos una violación, sino un "ambiente de jolgorio y regocijo" y que reclamaba la libre absolución de los acusados, acabó de encender la mecha. El descontento social llegó a tal nivel que esa misma semana el entonces ministro de Justicia de Rajoy, Rafael Catalá, anunció que estudiaría un posible cambio del Código Penal. Un hecho que volvió a mostrar hasta qué punto algunos órganos judiciales están dominados por hombres y faltos de igualdad. La Comisión de Codificación Penal encargada de esa revisión estaba compuesta por 20 hombres y ninguna mujer. Para paliar la discriminación, Catalá nombró a dedo a cinco mujeres juristas de prestigio, para intentar equilibrar la balanza y acallar las críticas, pero tras la primera sesión la comisión se disolvió hasta no ser realmente paritaria.

Los retrasos y las diversas convocatorias electorales tras la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy, dilataron aún más en el tiempo el cambio de la ley.

Una prioridad del Gobierno de coalición

El nuevo Gobierno de Coalición surgido de las últimas elecciones generales (los comicios se repitieron por la imposibilidad de llegar a acuerdos), se comprometió a hacer de este cambio legal una prioridad y una ley que reformara conceptos clave y que se adecuara a las exigencias del Convenio de Estambul, uno de los tratados sobre derechos humanos de las mujeres más importantes que había sido impulsado por el Consejo de Europa en 2011 y ratificado por nuestro país en 2014. Este convenio exige a los estados firmantes juzgar los delitos contra la libertad sexual en función del consentimiento y no en función de la fuerza ejercida sobre la víctima, la intimidación que provocan sobre ella o las acciones de ésta para oponerse a dicha agresión. Tal como había quedado patente en infinidad de informaciones en torno a la víctima de La Manada, las víctimas de este tipo de violencia suelen paralizarse y entrar en shock o actuar de forma que la agresión pase lo más rápido posible e intentan evitar una violencia aún más extrema. 

Pone el consentimiento en el centro

Por eso, el texto presentado por Igualdad y aprobado en el Consejo de Ministros el 3 de marzo de 2020 para iniciar su trámite, ponía el consentimiento en el centro, tal como anunció la Ministra de igualdad, Irene Montero, al presentar la ley. También proponía la eliminación del delito de abuso sexual para dejar un único delito de agresión sexual (violación), con una graduación de penas que iban de más leve a más graves, dependiendo de las circunstancias. Con ello se solucionaba otro impedimento que presenta nuestro Código Penal: que considera un abuso sexual cualquier situación en la que la víctima no puede negarse o presentar resistencia por estar bajo los efectos de sustancias o por cualquier tipo de discapacidad. 

El trámite no fue sencillo y estuvo plagado de desencuentros políticos entre los socios de Gobierno (el ministerio de Justicia tuvo muchos reparos al texto de Igualdad) y de desencuentros con el Consejo General del Poder Judicial, uno de los órganos consultivos por los que es obligatorio que pasen los anteproyectos de ley, aunque su valoración no es vinculante.

El CGPJ tardó más de cuatro meses en revisar la ley y emitir un informe, que fue muy negativo. Entre otras cosas consideraba "innecesaria" la definición del consentimiento en la ley de la que dijo que "se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal", y  criticaba la eliminación de la figura del abuso sexual y la creación de una única categoría delictiva  del Código Penal. El órgano del gobierno de los jueces rechazaba la posible creación de juzgados especiales para juzgar la violencia sexual. 

Finalmente el último de los órganos consultivos, el Consejo de Estado, aprobó por unanimidad su dictamen sobre el anteproyecto de ley. 

Lo fundamental se mantiene

Los principios fundamentales de la ley siguen intactos, afirman desde Igualdad. El consentimiento seguirá siendo el centro de la norma aunque su redacción ha cambiado levemente y habrá sólo un delito penal de agresión sexual. La definición de consentimiento está ahora escrito en positivo, tal como recomendó el Consejo Fiscal. Afirma que "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Todo lo que no sea expresamente consentido será considerado agresión sexual (violación).

En su camino, el texto ha incorporado importantes mejoras sobre la protección de menores víctimas de este tipo de violencias y en medidas para asegurar la reparación, no sólo jurídica, sino también económica de las víctimas de agresiones sexuales. 

El ministerio que dirige Irene Montero esperaba aprobar el texto en un Consejo de Ministros que coincidiera con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero se ha retrasado hasta ahora. Un año y cuatro meses después de que la ley iniciara su andadura, finalmente este martes tendrá el visto bueno del Consejo de Ministros para que continúe su trámite legal en el Parlamento, donde su texto podría volver a ser modificado por las enmiendas de los diversos partidos. 

Más de tres años después de que las calles clamaran por un cambio legal en lo relativo a los delitos sexuales, la ley iniciará otro camino legislativo que podría retrasar su aprobación definitiva a 2022.